La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado a última hora de este viernes una resolución de condena contra Birmania por abuso de los Derechos Humanos de las minorías étnicas, comenzando por la poblacion rohinyá.
Dichos abusos se han dado en forma de detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales y muertes bajo custodia.
La resolución, aprobada por 134 votos a favor por 38 en contra con 28 abstenciones, llama al gobierno de Birmania a que tome medidas urgentes para combatir la incitación contra el odio hacia los rohinyás.
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Medidas, principalmente en los estados de Kachin, Shan y, sobre todo, Rajine, el origen del éxodo que más de 700,000 rohinyás iniciaron en agosto de 2017 para escapar de la persecución del Ejército birmano.
Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no tienen carácter vinculante pero son una expresión del sentir de la comunidad internacional sobre los casos que tratan.
Exódo rohinyá
El éxodo de la población rohingya, en particular, es una de las crisis humanitarias más importantes del mundo.
En torno a un millón de rohinyás se encuentran hacinados en campos de refugiados de Bangladesh a la espera de que el gobierno birmano convenza a la comunidad internacional de que existen condiciones seguras para su retorno, algo de lo que ni observadores ni ONG están convencidos.
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El Ejército y el gobierno de Birmania aseguran que el éxodo comenzó por culpa de grupos insurgentes rohingya.
De hecho, la líder ‘de facto’ del Gobierno de Birmania, Aung San Suu Kyi, aseguró que la reciente denuncia de Gambia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el supuesto genocidio contra la minoría rohinyá es “incompleta y engañosa”, aunque sí ha reconocido abusos de las Fuerzas Armadas por los que ha prometido depurar responsabilidades.
La resolución también recoge la preocupación de Naciones Unidas ante los informes que denuncian “violaciones y abusos recibidos por los rohinyá tan graves que podrían constituir los crímenes más serios que recoge el Derecho Internacional”.
Por último, la resolución insta al gobierno a que acelere los esfuerzos para resolver “tanto la situación de apatridia como la discriminación sistemática e institucional” en la que viven los rohinyá y faciliten las condiciones necesiarias para su retorno seguro, voluntario, digno y sostenible”.
