El pasado viernes se presentó la apelación del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y la Fiscalía General del Estado a la resolución del juez de Control y Oralidad Penal, Jesús Eduardo Méndez Martínez, de no vincular a proceso al ex director general del IEA, Francisco Chávez Rangel, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de que se contrataran los servicios profesionales del despacho jurídico del abogado Juan Collado Mocelo, por un monto de 7.4 millones de pesos, sin que presuntamente se confirmara la realización de los mismos.
Sin embargo, a decir del fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, la apelación se interpuso tras considerar que la actuación del juez dejó mucho que desear al desestimar las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción y dar un mayor valor a las presentadas por la defensa legal del ex funcionario, considerando como “precipitado” y “poco exhaustivo” el análisis del juez a los elementos de prueba.
“Creo que el juez apreció mal muchos datos de prueba, he visto yo varias veces la audiencia, y lo sentí ‘carrereado’ al juez, lo sentí precipitado, e incluso menciona que le faltaban 10 minutos para que se concluyera el plazo, lo sentí carrereado y creo que tomó una decisión precipitada, fue una salida fácil para él decir que no había vinculación a proceso porque había unos correos entre la gente del IEA y unos supuestos abogados que trabajaban con el señor Collado”.
Incluso, comentó que por varios momentos de la audiencia al juez se le apreció apresurado por resolver el caso antes de que se terminara el plazo constitucional de las 144 horas para vincular, o no, al imputado.
“No sé si afectó que la audiencia se dividiera, porque nosotros tuvimos una presencia importante en la formulación de imputación y en la solicitud de vinculación a proceso en nuestra primer audiencia, ahí dimos toda la información, y luego en la segunda audiencia la defensa presenta sus pruebas y el juez compra la idea y no analiza todas nuestras pruebas que teníamos, creo que es una decisión que no fue completa ni exhaustiva y estamos totalmente inconformes con la actuación del juez”, indicó.
No obstante, aseveró que la Fiscalía Anticorrupción cuenta con las evidencias fehacientes de que los servicios contratados al despacho del abogado Juan Collado no se realizaron, y que el entonces titular del Instituto de Educación de Aguascalientes tenía conocimiento de la situación, por lo que confía en que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado pueda revertir la resolución del juez.
“Sí se manejan plazos, pero en ocasiones la carga de trabajo del Supremo Tribunal de Justicia puede rebasar esos plazos, y la ley también maneja un periodo de gracia, de alguna manera para que esto se pueda resolver, yo calculo que en un mes y medio o dos meses, pero este caso creo que lo podemos levantar”.
Aunque de momento no se puede considerar que hubo dolo por parte del juez, el fiscal general mencionó que se buscaría interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Estatal en caso de que mantenga una posición similar en el juicio.
“Yo no veo ahorita elementos para pedir que se revise la actuación, si se volviera a reiterar o no se esté cumpliendo con la normatividad en otros casos, entonces ya analizaríamos, al menos, la posibilidad de una queja ante el Consejo de la Judicatura Estatal”, concluyó el titular de la Fiscalía General del Estado.
