En lo de FICREA, mintió a Newsweek el Fiscal Flores Mier | Newsweek México


En lo de FICREA, mintió a Newsweek el Fiscal Flores Mier



Desde noviembre de 2018 giró oficio solicitando opinión al auditor Armando Plata, para exonerar a Gregorio Pérez Mata, y no lo hizo público. ¿El Congreso de Coahuila lo sabe? ¿Las y los Diputados dejarán pasar este hecho como uno más donde quede marcada la sombra de posibles hechos de corrupción?

El Fiscal Anticorrupción del Estado de Coahuila, Jesús Flores Mier, en exclusiva para Newsweek Coahuila, afirmó, en la entrevista publicada el día 6 de mayo, que las investigaciones sobre el caso FICREA se encontraban abiertas. En esa entrevista, aseguró los siguientes tres puntos:

 

  • Hay una carpeta de investigación abierta en contra de quien resulte responsable, a partir de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

 

  • Se está en el proceso de obtención de datos y a la espera de información procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

 

  • Por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el compromiso es que no habrá impunidad, si es que se acredita la comisión de algún delito. De acuerdo con lo expresado por el Fiscal Anticorrupción, el caso Ficrea estaría en su programa de trabajo prioritario de 100 días, plazo en el que una o varias de las personas involucradas podrían estar recibiendo citatorios para declarar lo que a su derecho convenga.

(La entrevista puede verse en el siguiente enlace: https://newsweekespanol.com/2019/05/abierta-la-investigacion-por-el-caso-ficrea-jesus-flores-fiscal-anticorrupcion-del-estado-de-coahuila/)

En esa entrevista, el Fiscal Jesús Flores Mier afirmó textualmente:

Jesús Flores (JF): En lo referente al caso de Ficrea, en la Fiscalía Anticorrupción tenemos una carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada el pasado 28 de agosto de 2018 por la Auditoría Superior del Estado, y esa es en contra de quien o quienes resulten responsables. Ahorita nos encontramos en la etapa de investigación, recabando indicios y pruebas para ya ir fortaleciendo esta carpeta y, en su caso, determinar lo conducente. Sin embargo, ahorita es prematuro, dado que se presentó a finales de agosto la carpeta, y como lo decía, estamos ahora en la etapa de investigación, recabando indicios y pruebas.

A pesar de esa declaración, resulta que el día 7 de noviembre del 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, mediante oficio número FGE/FEHC/DGP/1731/2018 envió un oficio dirigido al C.P. Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila, en el cual le notificó que se estaba emitiendo un acuerdo en el que se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal.

Se trata de un asunto completamente irregular, porque entonces quiere decir que el Fiscal mintió públicamente respecto de un tema de sumo interés para el estado de Coahuila, al afirmar que las investigaciones seguían abiertas, cuando ya tenía de manera previa un oficio girado al Auditor Superior del Estado, notificándole que pretendía no ejercer acción penal en contra de Gregorio Pérez Mata, y dándole además dos días para pronunciarse al respecto.

Hasta ahora, Newsweek tiene el oficio mencionado girado por la Fiscalía al Auditor Armando Plata; pero no se tiene conocimiento de cuál fue la respuesta del Auditor, la cual permite al menos tener la suspicacia de que incluso la disputa verbal pública que ambos sostuvieron en medios de comunicación de Coahuila, pudo haberse tratado de un montaje para disimular el aparente acuerdo que existe entre ambos para proteger a toda costa a Gregorio Pérez Mata de cualquier responsabilidad penal o administrativa.

En Newsweek-Coahuila hemos buscado reiteradamente a ambos funcionarios solicitándoles una entrevista telefónica -con el fin de no interferir directamente en sus agendas-, pero en ambos casos la negativa ha sido reiterada, lo cual ha impedido esclarecer la sospecha natural que surge ante la evidencia de que desde hace ya casi un año se tiene por “exonerado” formalmente al ex Presidente del TSJ en términos de la posibilidad de una acusación penal o administrativa.

En el oficio girado por el Fiscal Anticorrupción al contador Plata, Auditor Superior del Estado, todos los argumentos están dirigidos a acreditar que ni Gregorio Pérez Mata ni ningún otro funcionario del TSJ, tuvieron cualquier tipo de acuerdo o relación de contubernio para concretar el fraude; y antes bien, presenta al TSJ como víctima de un fraude en el cual no tiene ninguna responsabilidad.

Sin embargo, lo que la Auditoría señaló en la querella presentada ante el Fiscal Anticorrupción, es lo siguiente: “los funcionarios responsables de recomendar y autorizar la contratación de productos con Ficrea, SA de CV SFP no se percataron o hicieron caso omiso del nivel de operaciones asignado a la Sociedad Financiera Popular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que, de acuerdo con la autorización publicada en el DOF, del día 5 de agosto del 2008, el nivel de operaciones aprobado para esta Sociedad Financiera, fue el Nivel de Operaciones I.”

Es decir, el TSJ invirtió donde no debía hacerlo; lo hizo así durante cinco años o más; y por esa actitud negligente, la institución perdió, a valores actualizados, poco más de 150 millones de pesos; de los cuales han recuperado 26 millones, pero a éstos deben descontarse los más de 8 millones de pesos que el propio TSJ ha pagado al despacho privado al que contrató para litigar el asunto.

Construir prestigio y credibilidad en y para las instituciones públicas es una de las tareas más difíciles que se tienen desde el servicio público; máxime cuando se trata de espacios que, como la ASF está obligada a una adecuada rendición de cuentas; y la Fiscalía Anticorrupción, la cual está obligada a combatir con todo a su alcance, los delitos en esa materia.

Por cómo se ha manejado el caso de FICREA, el cual es emblemático de al menos incompetencia en la conducción y supervisión financiera y administrativa, ambas instituciones quedan muy mal paradas ante la opinión pública; porque más allá de lo que puede plasmarse en documentos llenos de tecnicismos y valoraciones jurídicas, la percepción ciudadana es que se está avalando una pésima gestión y que se está garantizando impunidad para todo aquel que quiera y pueda pisotear la Ley.

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