Sábado de antidoping para candidatos | Newsweek México


Sábado de antidoping para candidatos



De seis candidatos a la gubernatura de Baja California, sólo el panista Óscar Vega Marín se ha realizado el examen antidoping en una institución pública.

Al igual que la candidata a la presidencia municipal de Mexicali por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien incluso exhibió su recibo de pago.

Según la Constitución Política del Estado esta prueba es obligatoria para aquellos que buscan un cargo público.

Tanto Vega Marín como Ávila Olmeda se lo practicaron este sábado en el laboratorio del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud), ubicado en Mexicali.

Anteriormente, Jaime Martínez Veloz y Enrique Acosta Fregoso, quienes buscan la gubernatura como candidatos del PRD y del PRI respectivamente, se practicaron este examen en laboratorios privados de Tijuana, aunque la autoridad electoral ordenó que lo realicen en un laboratorio estatal.

En el Artículo 146 de la Ley Electoral del Estado de Baja California se establece como requisito para el registro de una candidatura, un escrito mediante el cual se compromete a presentar un examen para la detección de drogas de abuso.

Para ello, el Instituto Estatal Electoral firmó un acuerdo con Isesalud para la realización de estos exámenes, que se hacen a través de una muestra de orina y tiene un costo de $300 pesos a cargo de los candidatos.

“No podemos exigir a nuestros policías y funcionarios hacer lo propio si nosotros no ponemos el ejemplo”, dijo Vega Marín a través de un comunicado de prensa.

En Baja California el 66% de la población ha consumido alguna vez alcohol, tabaco o sustancias ilícitas, según el Observatorio Estatal de las Adicciones.

La última Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), arrojó que en la entidad el consumo de drogas suele iniciar a los 18 años y son el alcohol, el tabaco y la marihuana las principales sustancias de inicio, en ese orden.

El año pasado el Congreso del Estado aprobó la Ley Estatal de Justicia Terapéutica que establece que las personas que cometan delitos no graves bajo los efectos de la droga tendrán la oportunidad de acceder a un tratamiento de rehabilitación.

En aquel momento el secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal y el director del Instituto de Psiquiatría del Estado (Ipebc), indicaron que el 80% de las personas que delinquen en Baja California lo hacen tras haber consumido una sustancia.

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