Con el afán de prevenir los riesgos por desastres naturales y las muertes que estos causan, la Organización de las Naciones Unidas dispuso desde 1989 celebrar el Día Internacional para la Reducción de Desastres, con el cual se busca establecer una cultura de la prevención en la sociedad y generar resiliencia en las naciones ante tales casos.
Actualmente, la ONU implementa los programas instaurados en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, redactado en Sendai, Japón, donde presentan innovaciones buscando evitar nuevos riesgos, además de generar la cooperación entre naciones para una pronta resiliencia en caso de desastre.
Otro de los objetivos también es disminuir los efectos en el ámbito local, ya que son los municipios y los estados los primeros que deben de atender un desastre natural, reduciendo la mortalidad.
En México contamos con las secretarías de Protección Civil, tanto locales como nacional, las cuales son las primeras en atender a la población afectada en caso de desastre junto con el Ejército, quien pone en práctica el Plan DNIII-E de auxilio a la población, y ayudan a los ciudadanos cuando se ven afectados por algún desastre natural.
También existen asociaciones civiles que se encargan de ayudar a la población afectada por los desastres naturales, como son la Cruz Roja Mexicana y la asociación Topos. Estos últimos se han trasladado a diferentes partes del mundo para ayudar en caso de desastres.
Indicadores del Atlas de Riesgo de Nuevo León han señalado que gran parte del estado presenta riesgos hidrometeorológicos, sobre todo por la presencia de ríos y presas que se pueden desbordar ante fuertes temporales. También existen lugares donde existen riesgos antropogénicos, como lugares de extracción de gas o de alta concentración de gas metano debido a la presencia de ganado.
En el estado también se han promulgado leyes para la prevención de desastres y auxilio a la sociedad ante algún evento natural. La Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León establece las disposiciones generales para los ciudadanos y las obligaciones de los gobiernos para apoyar y orientar a la población afectada.
Otro de los puntos establecidos en la ley es la obligación por parte del estado de informar y educar a la población sobre los riesgos que pueden llegar a presentarse en la localidad, por lo que se ha efectuado una oferta educativa por parte de Protección Civil de Nuevo León.
En 2014, Nuevo León levantó 25 declaratorias de emergencia, todas sobre heladas severas. Durante ese mismo año, el estado recibió por parte del Fonden, a partir del Ramo 23, 0.1 millones de pesos como gasto autorizado. A nivel federal, el gasto de este organismo se concentró en principalmente en el seguro de riesgo y a la reserva federal especial Fondo Guerrero, los cuales obtuvieron 1,100 y 7,000 millones de pesos.
Aún falta un largo camino por recorrer para lograr la resiliencia en nuestro país en caso de desastres, sin embargo, México es un ejemplo de preparación ante estos casos.
