Parece que las cosas podrán cambiar radicalmente en las relaciones del nuevo gobierno con los particulares y, sobre todo, en cuanto a las políticas relativas a la propiedad privada. Esta reflexión es provocada por una particular escena que ha quedado registrada en un video dado a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva.

En dicho video se observa al inminente secretario de Comunicaciones y Transportes y a la futura titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales discutiendo con una persona de nombre María Susana Rodríguez, quien dice ser apoderada legal de una empresa denominada Martínez Villegas.

En la escena puede escucharse que la apoderada les exige a los futuros funcionarios que se retiren del lugar, por ser una propiedad privada. Como respuesta solo obtiene un irrebatible “charolazo” de ambos y la amenaza explícita, en el sentido de que a partir del día 2 de diciembre más le vale al propietario de la empresa tener sus permisos en orden, porque será citado a cuentas.

Ciertamente ignoro más detalles sobre el contexto del asunto ni sobre las causas por las cuales estaban en ese predio el señor Javier Jiménez Espriú y la señora Josefa González, ostentándose, no como particulares, sino en calidad de futuros titulares de sendas influyentes dependencias del gobierno federal.

No sé por qué estimaron necesario exhibirse como próximos altos funcionarios ni la necesidad de que lo hayan hecho de ese modo. Sin embargo, el video inevitablemente provoca ciertas preocupaciones.

Parece que los nuevos funcionarios que vendrán piensan que tienen todo el derecho para molestar a los particulares cuando y como quieran. Si eso es ahora, cuando técnicamente no cuentan con poder alguno, ¿cómo será cuando sí lo ostenten?

¿Podrán acudir en cualquier tiempo ellos o sus personeros a nuestros domicilios o propiedades a exigirnos que les mostremos nuestros títulos de propiedad y documentación sin mayor formalidad?

¿Debe el dueño de la empresa involucrada en el este lío preocuparse verdaderamente por la amenaza expresa de que ha sido objeto? ¿Debemos preocuparnos quienes tenemos alguna propiedad o negocio privado?

¿Sienta esta conducta de los futuros funcionarios un precedente sobre la relación del próximo gobierno con los particulares? ¿Se trató solo de un incidente meramente anecdótico al que no se le debe dar mayor relevancia?

No tengo una respuesta para ello; solo surgen dudas que seguramente serán aclaradas, de una manera u otra, a partir del 2 de diciembre.

Los próximos titulares del gobierno entrante deberían saber que no son libres de hacer lo que quieran y como quieran. Quizá por su propia formación en áreas ajenas al derecho es posible que no conozcan el principio jurídico de legalidad, el cual establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite y los particulares todo lo que no les prohíbe.

No se trata de una simple disposición exclusiva del argot de leguleyos, sino de un trascendente bastión que garantiza el respeto a los derechos humanos, contenido en el artículo 16 de nuestra Constitución Política.

Ahí radica el principio de seguridad jurídica, que consiste en que las autoridades, cualquiera, solo pueden molestar al gobernado en su persona, familia, domicilio y posesiones mediante mandamiento escrito, siempre que cuenten con facultades expresamente concedidas por las disposiciones legales.

Lo anterior parece algo muy básico, pero evidentemente este vital principio jurídico podrá verse cuestionado e incluso superado por las nuevas formas en las que parece el gobierno de López Obrador habrá de llevar su relación con los gobernados.

En poco abona a la certeza y seguridad jurídica la manera errática en que los diversos agentes de la cuarta transformación se han venido comportando públicamente.

No acaba de amainar el escándalo por el ostentoso banquete de bodas que se dio un cercano personaje al próximo presidente, cuando vienen las amenazas y la exhibición de pública prepotencia por parte de un par de cercanos e inminentes funcionarios públicos.

Si a esto sumamos un proceso de consulta para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México manipulado convenientemente y viciado de origen, las expectativas se antojan sombrías.

El tema no es menor, estos gazapos pueden ir sumando a la desconfianza de los inversionistas, quienes no tienen necesidad de mantener sus dólares en el país en medio de un clima de desconfianza y amenazas al ejercicio del derecho humano a la propiedad privada.

Hasta ahora la macroeconomía nacional no ha sufrido mayor sobresalto y ha ido de la mano con el nuevo régimen que se avecina; empero, si estos tumbos comienzan a ser la regla, nada garantiza que el estado de cosas se mantenga tal como ahora lo conocemos.

Urge algo de orden en el precoz y agitado gabinete de López Obrador. Las señales que envían no suman en nada y, en cambio, sí están contribuyendo a enrarecer el ambiente, salvo que esa sea precisamente la línea.

Bien decía Ayn Ran, “negar los derechos de propiedad equivale a convertir a los hombres en propiedad del Estado”.