De acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país dispone, para los procesos de planeación, de un Sistema Nacional de Información Estadística; el cual es coordinado, también por mandato de la Constitución, por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
En la Constitución se establece, además, que la información del INEGI tendrá “carácter oficial”, y su uso es obligatorio para todas las dependencias de la administración pública federal, y para las administraciones estatales y municipales; es decir, cualquier programa, estrategia o acción que se implemente en cualquier orden del gobierno, debe utilizar los indicadores e información del INEGI.
El tema es relevante, porque hay dos iniciativas anunciadas por el equipo de transición del Presidente electo, para cuya planeación estratégica se ha dicho que se desarrollarán dos censos. El primero, estaría dirigido a la identificación de las necesidades de cada familia, para lo cual el anuncio ha sido que se va a censar, vivienda por vivienda, para tener claridad qué es lo que requiere cada uno de los hogares del país.
El segundo, se ha planteado como base del diagnóstico para el programa para promover la inclusión de jóvenes al empleo y otras oportunidades educativas y de capacitación; llama la atención que en este caso en particular, a decir de quien será la Secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde Luján, el censo será levantado entre los meses de septiembre y noviembre de este mismo año.
Sobre el tema, se ha dicho que, en el caso del primer censo, serían los subdelegados regionales los responsables de ir casa por casa a levantar la información; sin embargo, por lo que se sabe en medios de comunicación, habría 264 o 270 de éstos subdelegados. El problema es que el país tiene alrededor de 33 millones de viviendas habitadas en un territorio de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados.
Lo anterior significa que cada subdelegado tendría que censar alrededor de 122,222 viviendas; y eso exigiría que cada subdelegado invirtiera algo así como 5 mil días (13.5 años) para cumplir con la tarea encomendada.
Así las cosas, surgen numerosas dudas: ¿quién realmente diseñará —cuestionarios, operativo de campo, procesamiento y análisis de la información—, esos censos? Lo que se rumora en redes sociales es que el equipo de transición recurrirá a las estructuras seccionales de Morena para recorrer casa por casa; lo cual genera al menos tres cuestionamientos:
1.
¿Por qué la población tendría que entregar información altamente sensible a un partido político? En ese sentido, estaríamos ante una suplantación de funciones respecto del INEGI, pero también ante una posible violación de las leyes electorales, asunto sobre el cual el Instituto Nacional Electoral debería estar pendiente, porque no es un asunto de juego.
2.
¿Si el levantamiento lo hace efectivamente Morena, ¿con qué recursos? ¿son fiscalizables por el INE? ¿es válido que utilicen el dinero de las prerrogativas para esta tarea?, y
3.
La información que generen, en tanto que no estaría validada por el INEGI, carecería de validez para efectos de planeación, programación y presupuestación.
La cuestión es seria. Un censo requiere de una metodología, de una estrategia de campo, de capacitación a supervisores y empadronadores; de expertos estadística para procesar los datos, y de un sinfín de especialistas que participan desde el diseño hasta la entrega de resultados. Y que me desmienta el INEGI, pero no hay nadie en este país de hacer algo así, de la magnitud planteada, en menos de tres meses.
Sin duda es deseable, y es de festejar, la idea de un programa de inclusión de jóvenes; y claro que es necesario profundizar el conocimiento sobre los hogares; pero hacerlo sin método y con instrumentos fuera de la ley, puede generar costos que, en el marco de la austeridad planteada por el Presidente electo, resultarían no sólo un contrasentido, sino un auténtico desperdicio.
Twitter: @saularellano
