El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera, presentó una iniciativa que pretende sancionar con prisión preventiva a los funcionarios públicos acusados por actos de corrupción, de modo que permanezcan en prisión mientras se desarrollan las investigaciones.
No obstante, para especialistas del Derecho la propuesta podría correr el riesgo de quedar en letra muerta si antes no se eliminar la figura del fuero constitucional, del que gozan la mayoría de los funcionarios de primer nivel de los tres niveles de gobierno.
Así lo señaló Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien señaló que de continuar con el fuero, los funcionarios de primer nivel seguirían gozando de un “manto de impunidad”, por lo que las sanciones recaerían en los servidores públicos de menor nivel.
“No serviría para nada una reforma así en un primer momento porque si seguimos con el fuero, ¿de qué sirven las leyes penales?. Antes de empezar a establecer un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa para servidores públicos, tendríamos que ver si realmente se va a aplicar eso, porque el desafuero es para funcionarios de alto nivel y eso quiere decir que vamos a privar de la libertad a los de abajo, que no acataron órdenes y que no tienen vela en el entierro”.
La propuesta legislativa conllevaría modificaciones a los artículos 75-A y 174 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, para agregar los delitos relacionados con actos de corrupción en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. En esta supuesto se encontrarían delitos como abuso de confianza, robo, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, ejercicio indebido de la función pública, entre otros.
Aunque, Eloy Morales se dijo a favor del trato igualitario entre ciudadanos y servidores públicos dentro de la ley, las modificaciones se deberían de dar primero a nivel federal para luego armonizarse con las legislaciones locales.
“Por eso se hizo la reforma de justicia, para quitarles ese poder a los estados ya que se estaba buscando que todo, por reacción de lo que diga la ciudadanía, todo se quería hacer de prisión preventiva oficiosa o de delito grave”, afirmó.
Para Iván Sánchez Nájera, la iniciativa es respuesta al reclamo ciudadano que pide que se castigue con cárcel a los presuntos delincuentes, a pesar de que se pudiera afectar el principio de “presunción de inocencia”.
“Es una medida que sí atenta contra la presunción de inocencia, pero ya es un criterio que tomó el Congreso del Estado, y es un criterio que lo tomó hacia la clase más desprotegida, sí la ladrón de ocasión, al ladrón menor, pero cuando hablamos de desfalcos millonarios y de robos mayores, creemos que deben ser ‘todos coludos o todos rabones’”, afirmó.
El procedimiento jurídico para que se pueda enviar a prisión a un funcionario público acusado por actos de corrupción conllevaría un juicio político y posteriormente un proceso de desafuero, para que pueda responder ante la justicia sin la protección del fuero constitucional.
“Una vez iniciado el proceso se podría abrir un juicio político para quitarle el fuero a cualquier servidor público y a su vez el Congreso del Estado estaría obligado a desaforar al funcionario”, concluyó el legislador perredista.
