Hablamos con Fabiola Rivera, representante en México de Rise Up Together sobre el trabajo que llevará a cabo este programa en el país, a través de proyectos anuales con organizaciones civiles que beneficiarán a niñas, adolescentes y mujeres desde agendas enfocadas en derechos humanos, justicia social, educación y género.
¿Qué es Rise Up y cómo llega a San Luis Potosí?
Fabiola: Rise Up es uno de los programas que pertenecen al Instituto de Salud Pública de Oakland, California, el cual alberga poco más de 100 programas vinculados con diversos temas de política pública.
Este programa se dedica a trabajar en incidencia política en beneficio de niñas, adolescentes y mujeres, a través del financiamiento de proyectos que generen modelos de atención y programas que tengan impacto en la legislación.
Rise Up tiene presencia en 14 países, con énfasis en el continente africano y aquí en América Latina, sobre todo en Centroamérica, desde 2009.
Llegó a México en octubre del año pasado por un donativo de fundación Cummins, AC, y fue específicamente en San Luis Potosí, porque sus oficinas de América Latina están aquí.
¿En qué consisten los proyectos financiados por Rise Up?
Fabiola: Uno de los proyectos tiene que ver con lograr la modificación a la reforma de la ley de personas con discapacidad del estado para transversalizar en la ley la perspectiva de género.
Las mujeres con discapacidad no están consideradas en la ley de personas con discapacidad del estado, y curiosamente en el estado hay muchas más mujeres con discapacidad que hombres.
Esta iniciativa la promueve una organización que se llama Juntos, una Experiencia Compartida, AC, que ya tiene muchos años de experiencia aquí en San Luis Potosí y en otros estados trabajando con personas con discapacidad, sobre todo vinculándolas e impulsándolas en sus habilidades laborales.
Otro proyecto tiene que ver con lograr el reconocimiento y la identidad de mujeres transexuales en el estado, porque hay una iniciativa de ley presentada al inicio de esta legislatura local que todavía no termina, es una iniciativa que se fue a la congeladora, porque parece como si en San Luis Potosí el tema de las mujeres trans fuera un tabú.
La organización se llama Amigos Potosinos en la Lucha Contra el Sida y tiene 25 años de experiencia haciendo trabajo integral no solo con mujeres transexuales, sino con personas LGBT.
Esta organización defiende sus derechos, tiene un eje de educación sexual y ha estado vinculada con otros sectores que le permitieron presentar su iniciativa de ley para el reconocimiento de la identidad de mujeres transexuales, acompañado de la modificación del Código Civil y a la Ley del Registro Civil.
La tercera organización trabaja en varios estados, pero principalmente en San Luis Potosí, y se llama Animus Novandi. Esta organización tiene pensado realizar un programa muy interesante para llevar el tema de nuevas masculinidades a niños de quinto de primaria.
Educar a los niños en las nuevas masculinidades implicará también hacer alianza e impactos con las entidades educativas, con los tomadores de decisión a nivel educativa en el estado, y creo que es bastante alcanzable su meta.
Otra de las organizaciones es Nueva Luna y tiene 10 años de experiencia con trabajo con mujeres en situación de cárcel. Su proyecto tiene que ver con crear un programa con reinserción laboral de mujeres en situación de cárcel.
Según las estadísticas, la proporción de mujeres en situación de cárcel en relación con los hombres es muy baja. Las autoridades penitenciarias a veces olvidan que a las mujeres también hay que formarlas en programas de reinserción serios, estereotipados.
Nueva Luna hace un diagnóstico de las necesidades de las mujeres en situación de cárcel en el estado y la idea es llevar este programa a los seis centros penitenciarios de San Luis Potosí.
También trabajaremos con la organización Ciudadanos Empoderados. El programa que ellos van a implementar tiene que ver con transversalizar la perspectiva de derechos humanos en la ley de educación del estado, que es una ley bastante masculinizada.
La idea es lograr un programa que permita una inserción adecuada de los derechos humanos en el currículo para cada año escolar.
Finalmente se encuentra el Comité Ciudadano Unificador, el cual tiene un proyecto dirigido al cumplimiento de los programas de atención para mujeres jefas de familia. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el órgano rector de generar los programas de vinculación para las jefas de familia y esta organización tiene un grupo bastante nutrido de mujeres que son jefas de familia con el que piensan echar a andar la implementación de estos programas.
¿Ha existido voluntad y disposición por parte de las autoridades ante las posibles modificaciones de políticas públicas?
Fabiola: Hay una enorme resistencia de la autoridad en esta administración para involucrarse en los temas más complejos, como es el caso del reconocimiento e identidad de las mujeres trans, per ahora mismo tenemos cierta esperanza porque viene el cambio de legislatura y vamos a tener una amplia diversidad de perfiles ocupando las curules.
No sé si desde el poder ejecutivo vayamos a tener la misma posibilidad, dado que ahora estamos en la mitad del sexenio, aunque creo los temas de educación, en los que toca hacer articulación con el poder ejecutivo, lo podremos alcanzar, dado que no son temas que atenten contra una visión moralista.
También están las organizaciones también de la sociedad civil que no necesariamente se caracterizan por ser muy progresistas y que siguen teniendo una fuerte presencia porque muchos están insertos en los diferentes sectores de toma de decisión de la entidad.
No obstante, las organizaciones progresistas han logrado poner en la agenda pública y visibilizar frente a la sociedad y frente a las conciencias más conservadoras temas que estaban ocultos anteriormente en el estado.
Fabiola Rivera Rojas es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios de posgrado en Política Criminal. Ha sido profesora universitaria, funcionaria en el sector público y lleva muchos años trabajando desde la sociedad civil en temas de derecho penal, género y derechos humanos.