Familias que están de vacaciones, parejas en luna de miel, gente que hace viajes de negocios y hasta residentes con papeles en regla son rechazados en las terminales aéreas de nuestro país sin una revisión justa y sin acceso a un abogado.

Micaela Lazo y su familia venían de vacaciones a México. Planeaban estar cuatro días: dos en la capital y dos más en Cancún. El Instituto Nacional de Migración (INM) les negó la entrada, aunque tenían todo en orden: vuelo redondo de avión, reservaciones de hotel, solvencia económica y trabajos estables en su país, Perú.

Pasaron horas en lo que se conoce como el limbo, la burbuja o las salas de no retorno, donde migración conduce a los extranjeros que no dejará entrar en México. Ahí, cada uno, en diferentes tiempos, conoció a muchos otros ciudadanos de diversas nacionalidades en la misma situación.

El número de extranjeros provenientes de América Latina a los que México les impide ingresar en el país se ha disparado en los últimos ocho años. La cifra de rechazados pasó de apenas 444 casos en 2010, a más de 10,000 en 2017. Colombianos y venezolanos son los más afectados. Esto es un incremento acumulado de 2010 a 2017 de 2,283 por ciento.

La principal razón para impedir la entrada a los migrantes latinoamericanos no tiene que ver con problemas en sus documentos, sino con lo que México denomina “inconsistencia en las entrevistas de filtro”, un factor que se comenzó a contemplar desde 2013 como causa de rechazo.

En contraparte también se ha multiplicado, aunque en menor proporción, el número de ciudadanos de estos países a los que se les concede refugio.

Los datos oficiales del INM obtenidos vía transparencia muestran que, de enero de 2010 a mayo de 2018, se le impidió el ingreso a un total de 40,464 ciudadanos provenientes de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela. Si solo se toma en cuenta el periodo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el número de ciudadanos, de los países arriba mencionados, a los que se les ha negado el acceso a México se ha multiplicado por cinco.

Daniela Gutiérrez, abogada del Centro Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), confirma que en México hay una política discriminatoria que elige a ciertas nacionalidades para rechazar el ingreso. “Aunque las personas cumplan con los requisitos de entrada, si son de cierto país es muy probable que los regresen”.

La subcoordinadora del área de defensoría de la organización civil Sin Fronteras, Elizabeth Arroyo, desmenuza el modus operandi de los agentes de migración. Desde lejos detectan a las nacionalidades “problemáticas”, los sacan de la fila y se los llevan a un cuarto, donde les piden apagar y guardar su teléfono. Ahí los hacen llenar un formulario. No les dicen que tienen derecho a una llamada ni a la asistencia de su consulado. En realidad en estas zonas no entra nadie que no sea del INM”.

Después los trasladan a otras salas, en un segundo filtro, donde les piden quitarse agujetas, cinturones y cualquier cosa con la que puedan hacerse daño. Les hacen una entrevista que usualmente no es a profundidad y les comunican el rechazo. “Igual, sin que en ningún momento tengan un abogado o un traductor, en caso de no hablar español”. A la mayoría no le dan una explicación de por qué los rechazan. Solo los suben a un avión de regreso al destino de donde provenía su último vuelo.

Por este tipo de irregularidades, en 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 42/2015 al Instituto Nacional de Migración tras acreditar que 17 de sus funcionarios en el aeropuerto capitalino cometieron violaciones de derechos humanos en contra de 20 extranjeros y un mexicano, quienes arribaron al país por las Terminales 1 y 2, entre el 6 de julio de 2014 y el 17 de junio de 2015.

Entre las recomendaciones que la CNDH le hizo al INM están: revisar la calidad del servidor público migratorio en el aeropuerto de CDMX para la aplicación de sanciones, reparar los daños a las víctimas y garantizar que en las estancias provisionales los extranjeros tengan comida, agua, colchonetas, cobijas, intérpretes o traductores para diligencias, llamadas telefónicas y la posibilidad de recibir visitas.

La CNDH también exige al INM que, durante la retención, los afectados tengan acceso a un directorio telefónico del personal general y de guardia de los consulados extranjeros en México. La experiencia de Micaela prueba que esas recomendaciones no se han aplicado.

Se solicitó un posicionamiento al Instituto Nacional de Migración respecto a este tema del rechazo de extranjeros en los aeropuertos, pero no hubo respuesta.

NO ENTRAN POR MERA DISCRIMINACIÓN

La familia Lazo viajó toda la noche, de Arequipa, en el sur de Perú, a Lima y de ahí a México. Estaban ilusionados, sobre todo Micaela. Había ahorrado durante dos años para invitar de vacaciones a sus padres y a su hermano.

Eran las seis de la mañana del 4 de abril de 2018 cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un vehículo los esperaba afuera de la terminal aérea para llevarlos a su hotel, donde planeaban aventar las maletas y salir a conocer.

Quizá primero irían a la plaza principal, el Zócalo, o a la Basílica de Guadalupe. En la excitación por las vacaciones, no se habían puesto bien de acuerdo sobre qué visitar primero. Tal vez elegirían empezar por recorrer Teotihuacán.

Nada de eso pudieron hacer, cuenta Micaela desde Perú. Tampoco disfrutaron de los dos días que tenían reservados en un resort todo incluido en Cancún. A las 8 de la mañana de ese mismo 4 de abril, policías los flanqueaba mientras agentes de migración los obligaban, junto con otros 16 peruanos, a subir a un avión de regreso a su país.

“Les enseñé los boletos de avión, la reservación del hotel y no les importó. No llamaron para comprobar si existía la reserva. Tampoco averiguaron si era posible que estuviera tratando de abandonar mi país. Les habría bastado con llamar a las oficinas de gobierno donde mi madre y yo trabajamos para saber que no. Yo y mi familia tenemos trabajos estables, casa propia, automóvil. Solo queríamos conocer México. No nos dejaron”.

Ni siquiera pudieron llegar al módulo de migración. Un oficial les pidió salir de la fila. Los llevó a un cuarto donde les exigió apagar y guardar sus celulares y llenar un formulario. Una de las preguntas era si necesitaban apoyo de su consulado. Pusieron que no. Pensaron que todo era algo de rutina. No se imaginaron lo que estaba por venir.

Los hicieron pasar a otra zona, en un segundo piso, al que se llega por unas escaleras de madera. Al fondo de ese lugar, Micaela pudo ver una fila de personas sentadas en el suelo. No lo sabía entonces, pero eran otros peruanos.

Un agente de migración le comunicó que ella y su familia no habían sido admitidos y que los iban a regresar. La joven pidió una explicación. “Es que ustedes no saben a qué han venido”, le contestó el agente. “No han puesto lo mismo en el formulario que llenaron sobre los lugares a los que irían en la Ciudad de México”.

La peruana replicó que no habían puesto un itinerario exactamente igual porque no habían acordado a dónde ir primero. Entonces vino la respuesta tajante: “Pues es que ustedes no cumplen el perfil de turistas”, le afirmó el agente. “Y, ¿cuál es ese perfil, hay que ser rubios?”, le preguntó Micaela. No supieron o no quisieron responderle.

Cuando quiso seguir alegando, le dijeron que si se ponía pesada le levantaría una alerta migratoria para que nunca más pudiera volver a entrar a otro país. Micaela se calló. Junto con su familia, la reunieron con los otros 14 peruanos que había visto sentados en el piso. Solo estaban haciendo escala en México para volar a China. No los dejaron tampoco. Los hicieron perder su vuelo de conexión de la una de la madrugada.

Al grupo, los agentes agregaron a una pareja, también de Perú, que pretendía vacacionar en México. “Nos escoltaron a todos al avión como si fuéramos criminales. Yo había hecho una inversión de alrededor de 4,000 dólares para conocer un país que nos habían dicho que era hermoso y nos estaban obligando a embarcar como delincuentes y sin hacerse responsables de mi dinero invertido”.

La abogada de la CMDPDH confirma que los peruanos no suelen pretender quedarse en México. “No están siquiera en el top ten de la población solicitante de condición de refugiados. Es mera discriminación”, dice.

El motivo por el cual se ha negado a la mayoría de estos ciudadanos la entrada a México tiene que ver con lo que el INM considera como “inconsistencias” en las entrevistas migratorias.

Se trata de un concepto que comenzó a aparecer como causa de rechazo en 2013, primer año del actual sexenio, y que está relacionado con una serie de preguntas que personal del INM le hace a extranjeros que llegan a México. Es decir, es una decisión discrecional del personal de migración.

Por estas “inconsistencias” en las entrevistas migratorias se ha negado la entrada, hasta ahora, a 25,471 ciudadanos provenientes de los países mencionados, que equivalen a 63 por ciento del total de los rechazados.

Lo anterior significa que, en promedio, seis de cada diez ciudadanos de los ocho países latinoamericanos mencionados no han podido ingresar en México por decisión del personal de migración que los entrevistó.

La segunda causa por la cual México ha impedido el acceso con mayor frecuencia a los extranjeros latinoamericanos es la presentación de  “documentación irregular” con 4,588 casos. Después se encuentran las “alertas migratorias” solicitadas por los países de origen contra algunos de sus ciudadanos y por las cuales se ha impedido la entrada y deportado a 3,464 personas.

La cuarta causa más común de rechazo es la presentación del documento de identificación (pasaporte) vencido, con 2,563 casos; y luego, la presentación de una “visa electrónica inconsistente” con otros 6,608 casos. El resto de los casos corresponden a otros ocho tipos de irregularidades señaladas por el INM en su información proporcionada, todas ellas relacionadas con documentos.

EL CASO JANE, INGLATERRA

Jane Hayward es maestra de idiomas. Vivió en México cinco años, entre 2003 y 2008, de forma intermitente. Volvió varias veces, la última en julio de 2017. En septiembre ayudó a los niños de CDMX y Juchitán afectados en los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2018.

Estuvo cuatro meses en esas labores de apoyo. En diciembre salió del país, con la idea de volver en marzo, trabajar y desarrollar proyectos sociales y culturales con infantes y familias en zonas de alta violencia.

Llegó al aeropuerto de Cancún. “Me dijeron que no me podían dejar entrar porque tenía una alerta migratoria. Pero no me dijeron el motivo, por cuánto tiempo la tendría ni quién la había levantado”.

La segunda causa más frecuente por la que México impide el acceso a los extranjeros, después de las inconsistencias en la entrevista (como supuestamente pasó en el caso de Micaela), son las alertas migratorias.

Elizabeth Arroyo, la abogada de Sin Fronteras, señala que estas “son el reino de la arbitrariedad. Están tan vagamente reguladas que nadie puede saber si se encuentra en esa lista negra, quién lo puso o por qué”.

Es en el Reglamento de la Ley de Migración donde se habla de ellas, pero se mencionan como avisos que se generan por la coincidencia de una persona en las listas de control, “así de vago”, señala Arroyo. “Y si solicitas los motivos al INM, te contestan que no tienen porqué decirte, que es una cuestión de seguridad”.

Queda entonces promover amparos y juicios de nulidad “pero son procesos muy largos y muchos extranjeros no tienen el tiempo ni los recursos para dar seguimiento a los juicios”, comenta Arroyo.

Migración regresó a Jane a Atlanta, de donde había salido su vuelo hacia México. Desde allá siguió el procedimiento para conseguir la suspensión de la alerta y lo logró. Quiso entonces volver a México. Ingresó ahora por el aeropuerto Benito Juárez. Otra vez no la dejaron entrar. El INM había apelado la suspensión de su alerta y la volvió a rechazar.

Jane pasó por los  mismos sitios que Micaela: los cuartos donde los extranjeros llenan el formulario, el segundo piso, al que se llega por la escalera de madera. “Llegué el 11 de junio. Me dijeron que no me podían dejar entrar y me mandaron a un cuarto. Pedí mi entrevista con el agente de migración. Me dijeron que no era necesaria”.

Bajo amenaza de no volver a dejarla entrar nunca, “me hicieron firmar mi rechazo aéreo; otro documento donde asentaba que había recibido buen trato, lo cual es falso, y uno más donde decía que sí me habían informado de mi derecho a una llamada, algo que tampoco es verdad”.

Aunque firmó, le quitaron sus documentos y su visa. “Me pasaron a un segundo piso. Ahí están divididas salas para hombres y para mujeres. Conmigo estaban dos chicas, una colombiana y una cubana, en un espacio de unos 6 por 3 metros, con un baño atrás”.

En ese lugar, Jane estuvo retenida sin su teléfono, sin sus objetos personales, sin un lugar para asearse y hasta sin cobijas. “Había unas sillas muy incómodas pegadas a la pared y unas colchonetas todas manchadas. En ese lugar estuve horas, pero la chica de Colombia iba a estar ahí durante cuatro días, hasta que saliera el vuelo en el que la iban a regresar a su país”.

Todo el tiempo Jane recuerda haber sufrido un trato déspota por parte de migración. “Parece que los entrenan para hacerte sentir basura. Tratas de alegar algo y se abren las puertas del maltrato y las amenazas. Y a mí, por ejemplo, los de la aerolínea, que son quienes te deben dar de comer, me trataron bien, pero yo era la única rubia entre un mar de latinos y a ellos todos los tratan muy mal”.

La alerta migratoria que no sabe por qué tiene y el segundo rechazo aéreo en México han puesto la vida de Jane en el limbo. “Me regresé a Atlanta, pero ahora ya tengo que salir de Estados Unidos y no puedo entrar a México. Tenía un plan de vida allá que está todo en pausa. Ahora hice una solicitud de readmisión, pero se pueden tardar hasta 60 días hábiles en responderme. Son tres meses y yo no tengo tres meses. Tendré que salir de Estados Unidos y quizá volver a Europa, no sé”.

EL CASO JOSÉ, VENEZUELA

Los migrantes originarios de Colombia lideran la lista de extranjeros —de los ocho países latinoamericanos de los que se entregaron datos— a los que se les impide el ingreso legal en México.  Los datos proporcionados indican que son 16,306 colombianos a los que se les negó la entrada de 2010 a lo que va del 2018, que representan el 40 por ciento del total de rechazados.

Después se encuentran los ciudadanos provenientes de Venezuela, con 7,156 casos, que equivalen a 17.6 por ciento del total.

Pero el caso de los venezolanos es llamativo debido a que hasta antes de 2014 no figuraban entre los países con más problemas para el ingreso, pero a partir de ese año se ha acelerado su rechazo. De hecho, de 2016 a 2017 el número de ciudadanos de origen venezolano a los que no se les permitió entrar en México pasó de 1,101 a 2,788, que es un crecimiento —tan solo de un año a otro— de 153 por ciento. Es el alza más pronunciada de todos los países de la lista.

Otro dato que llama la atención es que, del total de venezolanos a los que no se les ha permitido el ingreso, 87 por ciento (,6232 casos) es por lo que el INM define como “inconsistencias” en las entrevistas con el personal de migración y no por presentar documentos irregulares.

Este porcentaje supera al de los colombianos que son rechazados también por inconsistencias en las entrevistas y que en el caso de ellos es de 76 por ciento.

El portal de noticias Animal Político publicó el pasado 4 de marzo distintos casos de ciudadanos venezolanos que aseguran que personal de migración en México los ha devuelto sin ningún motivo a su país, entre ellos el de un hombre que venía por un tratamiento de VIH debido a que en Venezuela existe escasez de medicamentos. Sin embargo, el personal de migración simplemente le dijo que no era admitido.

En respuesta, el INM sostuvo que estos rechazos se deben en buena parte a que los venezolanos, en lugar de solicitar asilo, mienten señalando que llegan como “turistas” con una carta que no es válida, y sin contar con boletos de regreso.

Hay latinos de otros tres países con una proporción similar de rechazo al ingresar en México en los últimos siete años: Perú, con 4,767 casos; Cuba, con 4,620 casos, y Guatemala, con 4,209 casos.

Y después se encuentra el caso de 1,180 argentinos a los que también se les negó la entrada al país; así como 1,163 hondureños y 1,063 ciudadanos ecuatorianos.

José es de los muy pocos que han vuelto del limbo. Él estuvo en las salas de no retorno de migración y volvió. Entró en México gracias a que su esposa consiguió un amparo cuando iban a regresarlo a Venezuela y anexó su solicitud de refugio a la suya en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Cuando le comunicaron que iban a permitirle el ingreso al país, después de 23 horas de gestiones, lo llevaron a un lugar que pocos han visto. “Es una especie de observatorio, una oficina con un ventanal, donde hay tres agentes con sus computadoras, observando, hacia abajo, todo el tiempo la fila que hacen los extranjeros para pasar migración”.

Ahí es donde empieza todo. Es muy probable que desde ahí hayan decidido sacar de la fila a Micaela y su familia para regresarlos. Es muy probable que desde ahí, desde las computadoras de esos agentes, hayan detectado la apelación del INM para suspender el rechazo de entrada de Jane.

Para José, el retorno empezó en ese lugar. Ahí lo recibió un directivo de la oficina de migración y le comunicó que le permitirían entrar en México. Pero no era un arranque de bondad.

Cuando él no salió por la zona de llegadas del aeropuerto y su esposa notó, leyendo de reojo las etiquetas en las maletas de los pasajeros que cruzaban la puerta, que su vuelo había llegado, sospechó que estaba retenido. Se movió. Consiguió un abogado de origen venezolano y la asesoría de la asociación civil Sin Fronteras.

Antes de que pudieran regresar a José a Venezuela, tenían el amparo para suspender el regreso y lo habían anexado a la solicitud de refugio que su esposa ingresó en la Comar en noviembre de 2017, cuando llegó a México, con su hijo de tres años, huyendo de la crisis en su país.

“El directivo me dijo que me dejarían entrar, pero que solo me pedía que no hablara mal de los funcionarios de migración, que no dijera que ellos no quisieron nunca colaborar conmigo para lo del refugio. Me dice: es que usted no nos dijo que lo necesitaba. Y sí, no lo dije, porque he escuchado muchas historias de personas que lo dicen y las regresan, no las ayudan”.

Es cierto, con los venezolanos el INM está actuando como muro antimigrantes. En 2016, la institución negó el permiso de entrada a 1,085 venezolanos; en 2018 rechazó a 2,734.

“La cifra creció porque el Instituto sabe que si logran ingresar en México e inician el proceso de reconocimiento de la condición de refugiados, la Comar se los otorgará. Lo otorga en el 99 por ciento de los casos. Ese índice no ha disminuido en estos años. Migración actúa entonces como contención y hace hasta lo imposible y lo ilegal por no dejarlos entrar”, asegura Mariana Peguero, abogada de la CMDPDH.

Frente a todas estas arbitrariedades, las abogadas recomiendan no dejar las cosas en la impunidad. “Aunque ya estén en sus países, se pueden preparar acciones a distancia, en las que otorguen ellos un poder a un abogado para que los represente en un juicio”. La clave es demandar la reparación del daño, “solo así —afirma Arroyo— se irá logrando que INM modifique sus patrones”.

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* Los nombres de los extranjeros afectados por el INM que contaron su historia para esta nota, con excepción del de Jane, han sido cambiados por motivos de seguridad.

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CRECEN LOS REFUGIADOS

Los datos oficiales entregados por el Instituto Nacional de Migración muestran que, en los últimos siete años, ha crecido también el número de solicitudes de refugio concedidas a ciudadanos de los ocho países mencionados y, principalmente, a hondureños y venezolanos.

De acuerdo con la información, mientras que en 2012 se concedió una sola solicitud de refugio, para 2013 fueron 43; en 2014 ascendió a 146; en 2015 fueron 242; en 2016, un total de 1,135; en 2017 se concedieron 4,176; y en 2018, van 1,492. En suma son 7,235 solicitudes de refugio concedidas.

Los hondureños han sido los más favorecidos con 3,166 refugiados admitidos, que equivalen a 43.7 por ciento del total, y le siguen los venezolanos con 3,045 refugiados en México, que son el 42 por ciento. El restante 14 por ciento corresponde a latinos de los otros seis países referidos.