El combate a la corrupción ha sido anunciado como uno de los ejes torales del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es una de las demandas principales de los ciudadanos que el 1 de julio le dieron su voto. Expertos internacionales conversaron con Newsweek en Español y dan recomendaciones puntuales al próximo nuevo gobierno.
Es una de las palabras más mencionadas por los mexicanos. Uno de los temas que, junto con la inseguridad, la pobreza y el desempleo, más les molesta y preocupa. Su crecimiento exponencial en el gobierno aún en funciones fue una de las cuestiones principales que los electores castigaron severamente en las urnas: la corrupción.
De principio a fin —yendo del escándalo de la “casa blanca” al de “La estafa maestra”— la corrupción se asoció como el sello de origen de la administración del priista Enrique Peña Nieto. Y este tema forma parte del resultado del 1 de julio, donde más de 20 millones de personas repudiaron todo lo que tuviese tono tricolor: José Antonio Meade Kuribreña, el candidato a la Presidencia por la Coalición Todos por México, perdió en los 300 distritos del país y el Partido Revolucionario Institucional, con el que Meade ocupó tres secretarías de Estado, no obtuvo ni una sola gubernatura de las nueve que se disputaron.
Desterrar la corrupción es una de las promesas ya no solo de campaña sino de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Tras ser reconocido como el ganador de la silla presidencial, la noche del 1 de julio, afirmó en su primer discurso pronunciado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México: “La corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia”. Reconociendo que “este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos” anunció que la misión principal del gobierno que encabezará a partir del próximo 1 de diciembre será erradicar la corrupción y la impunidad.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que cada año realiza la organización Transparencia Internacional México ocupó el puesto 135 de las 180 naciones evaluadas a escala mundial. En el IPC 2017 obtuvo una calificación de 29, siendo que la calificación tiene una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor resultado y 100 el mejor. Y, en el ámbito regional, México tiene la sexta peor posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo abordar una herencia de corrupción de tales dimensiones? Newsweek en Español indagó al respecto con destacados analistas y expertos internacionales así como con quien se perfila como la próxima titular de la Función Pública.
La corrupción ha generado no solo daños materiales sino inmateriales que impactaron al Estado y lo deterioraron.
Así lo considera el jurista peruano José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, quien formó parte del comité de negociación de la Convención contra la Corrupción de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El exprocurador ad hoc en el caso Fujimori-Montesinos afirma que “la corrupción genera daños a todo el Estado y todo el sistema”. En especial a países que tienen una “corrupción sistémica”, como es el caso de México.
En opinión del experto que de 2014 a 2017 fungió como presidente de la Junta de Transparencia Internacional, la corrupción acarrea dos tipos de consecuencias: las materiales y las inmateriales.
Las primeras se refieren “a los daños materiales que se traducen en un costo económico, en la profundización de la pobreza, porque el desvío de recursos termina generando un daño social evidente y que se puede medir con indicadores”. Las segundas son las consecuencias inmateriales que visibilizan el daño institucional, es decir, “la debilidad institucional que genera la pérdida de la confianza de los ciudadanos con autoridades, lo cual afecta la gobernabilidad y el desarrollo de cualquier sociedad”.
Cuando se habla de corrupción, considera Eduardo Reyes, director de la consultoría Intélite, no se trata solo de recursos públicos malversados, los actos corruptos “son una amplia tipología que comienza en lo individual —desde que alguien decide, por ejemplo, comprar piratería— hasta el funcionario que malversa el erario”.
La corrupción abarca un amplia gama de delitos —incluidos el tráfico de influencias, la extorsión, el abuso de autoridad, la colusión con miembros del crimen organizado—. Y, en el ámbito empresarial, incluye el soborno, el lavado de dinero, la evasión fiscal, los paraísos fiscales o el incumplimiento de contratos.
Esto lo explica Reyes, coordinador de “El ABC de la corrupción” —una investigación antropológica y de análisis metodológico sobe el tema.
No se trata solo de dinero: los actos corruptos aceitan la maquinaria que hace posible que en un país, impunemente, se asesine, viole, torture personas, se les trafique, se les secuestre, se les desaparezca, se les esclavice, se les someta a designios criminales, entre muchos otros.
En México la corrupción es un lastre, pero la ciudadanía parece estar decidida a sacudírselo.
Combatirla fue una promesa central en la campaña de López Obrador, y motivó a que millones de electores tacharan en sus boletas a favor de la coalición Juntos Haremos Historia que lo abanderó como candidato a la Presidencia para el periodo 2018-2024.
Durante la jornada electoral, el tema “corrupción” predominó como tema en las redes sociales. Y en sus primeros discursos ya como ganador, el “Vamos a erradicar al régimen corrupto” fue enunciado por el tabasqueño de manera recurrente. Lo mismo en su discurso como virtual triunfador de la contienda presidencial y tras el primer encuentro con Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, el 2 de julio.
Sin embargo, para el nuevo gabinete que tomará posesión el 1 de diciembre, la odisea apenas está por comenzar.
En la próxima etapa de entrega-recepción de la administración pública se puede estar frente a una caja de Pandora. Y de ello están conscientes algunos de los funcionarios que se ha anunciado formarán parte de la nueva administración.
“La corrupción invade todo. Nos vamos a encontrar con un monstruo de mil cabezas”, apunta Irma Eréndira Sandoval, la economista designada por López Obrador para dirigir la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La economista reconoce que “la corrupción es estructural” y que prevé encontrarse “con grandes desfalcos, con grandes simulaciones en todas las áreas”.
A Sandoval y otros funcionarios clave “nos tocará el proceso de entrega-recepción de todas las secretarías y direcciones al nuevo gobierno”.
La académica e investigadora se dice lista para enfrentar tal hidra:
“No voy a contentarme nada más con arreglar los papeles y poner el escritorio en orden. No va a ser una visión burocrática-administrativa sino una visión estructural, y eso implicará un apoyo transversal de todos los miembros del equipo, de todo el gabinete, de los senadores, diputados, y gente de cargos de elección popular, y sobre todo y más importante con el apoyo de toda la ciudadanía”, explica la experta en fiscalización quien, desde la UNAM, ha dirigido el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia.
Su tarea entrañará prácticamente levantar los escombros a los que en el sexenio de Peña quedó reducida la SFP. Su plan, dice, “es hacer de la Secretaría de la Función Pública un instrumento que instaure verdaderamente esa ética por la que luchó Andrés Manuel toda su campaña y toda su carrera política. La Secretaría de la Función Pública va a dejar de ser un despacho o una colección de oficinas, y se va a volver un instrumento para la instauración de la nueva ética pública que necesitamos para combatir la corrupción, para instaurar la probidad, para mejorar la transparencia”.
En la SFP, adelanta a este medio, los primeros cambios en términos normativos serán la protección de informantes que podría incluir auspicio o recompensas directas a quienes contribuyan a combatir la corrupción mediante denuncias o aporte de información; mayor transparencia y candados en las compras públicas y adjudicaciones para garantizar que se hagan con pulcritud así como la vinculación del sistema electoral al Sistema Nacional Anticorrupción.
ERRADICAR CORRUPCIÓN, ¿ES POSIBLE?
La Cuarta Transformación de México que López Obrador ha enunciado como meta de su gobierno implica la promesa de “erradicar el régimen corrupto”. Pero, ¿es una promesa realista? Newsweek en Español inquiere a Transparencia Internacional, la organización con el diagnóstico y seguimiento más preciso sobre el deterioro de la corrupción en México.
Desde Berlín, el director ejecutivo para las Américas, Alejandro Urizar puntualiza:
“La lucha contra la corrupción difícilmente va a dar resultados de la noche a la mañana o de un mes a otro, porque sus raíces son antiquísimas, entonces, creo que a lo que puede aspirar este gobierno, y eso generaría expectativas más realistas en la ciudadanía, es a sentar las bases de un sistema que transforme la forma de hacer política, la forma de entender la función pública, y la forma de crear instituciones. Si él tiene esa capacidad creo que va a sentar las bases para que sean posibles resultados a largo plazo, resultados a futuro”.
—¿Qué expectativas tiene Transparencia Internacional con respecto al nuevo gobierno que tomó como bandera el combatir la corrupción?
—Cualquier nuevo gobierno, de izquierda o derecha, representa una nueva oportunidad; pero para que esa oportunidad se concrete y genere resultados se necesita no solo que el nuevo partido en el gobierno ejerza su función, sino que también ejerzan su función los partidos que no llegaron al gobierno. Parte de la cultura democrática que ha ido cambiando en la región, y que tiene que ir profundizándose, es precisamente eso: entender que no se construye un nuevo país a través de un presidente, sino que es una alianza y es una relación, y son un conjunto de intereses que tienen que alinearse para lograr sacar adelante un país en un problema tan grande como es el de la corrupción.
“Me parece bastante positivo —añade— que uno de los ejes de campaña del presidente electo haya sido la lucha contra la corrupción. Eso es un punto a favor, pero para que se concrete, debemos entender que también los partidos de oposición juegan un rol y que también pueden sumarse o no a una lucha contra la corrupción a gran escala. Si se logra, entonces esa nueva expectativa inherente a un nuevo gobierno quizá pueda tener resultados a mediano plazo. Eso tendría que ser complementado por un cambio en la cultura y en la actitud del político y del ciudadano en general”.
LAS CLAVES DEL COMBATE
Robert Klitgaard, considerado uno de los mayores estudiosos del tema formuló en los años ochenta una ecuación para explicar la problemática: C=M+D-A, que traducido sería Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de cuentas.
Para resolverla no hay fórmulas mágicas que se apliquen por igual a todos los países y contextos, “pero sí hay elementos fundamentales para cualquier sistema o política anticorrupción”, considera Alejandro Urizar.
Tales elementos, especifica, se sustentan en la transparencia, “que significa acceso a la información, la mayor disponibilidad de información hacia los medios y hacia cualquier persona que desee tenerla”.
El segundo elemento es la participación ciudadana. “En México la participación ciudadana debe profundizarse en todos los ámbitos, porque es un complemento de la transparencia, ya que si solo se publica información sobre la gestión pública, pero no hay ciudadanos empoderados, o miembros de la sociedad civil, o medios que utilicen esa información para controlar la gestión publica, la estrategia queda a medias”.
El control es el tercer elemento: “control que viene de la ciudadanía, pero también control gubernamental. México cuenta con un entramado bastante extenso de instituciones de control pero habría que fortalecer su independencia presupuestal, su eficiencia y eficacia”.
Transparencia Internacional, en voz de Urizar, destaca la necesidad de que México cuente con un sistema de justicia “firme, fuerte e independiente que castigue los actos de corrupción”.
Esta es una de las fibras más sensibles para la ciudadanía: la impunidad en múltiples escándalos de corrupción, como consecuencia también del deteriorado sistema de justicia.
El problema no es ajeno al mundo: desde el exterior con preocupación se observó cómo durante el sexenio peñanietista se sucedían casos igual de inauditos que impunes.
En entrevista desde Lima, el jurista José Carlos Ugaz Sánchez Moreno dice a Newsweek en Español:
“El caso emblemático de los desaparecidos de Ayotzinapa es un tema que sin duda alguna ha estremecido al mundo y del que hoy, hasta la fecha, no se tienen mayores resultados; es un caso de impunidad que no se explica en un país como México que, con los recursos que tiene, no pueda avanzar la justicia para saber qué ha pasado en una situación tan grave en materia de violación de derechos humanos”.
Alude también a otros temas de corrupción: “están los vinculados a Lava Jato, y el involucramiento del señor [Emilio] Lozoya [director de Pemex de 2012 a 2016] y el círculo cercano al presidente saliente, que además tiene todavía sellado ya con impunidad el tema de la casa blanca, que es un tema grosero, y que creo que merecía una investigación más seria, más transparente y con un resultado distinto”.
Estos son solo algunos de los escándalos que la administración de AMLO heredará. Y también le tocará responder por los litigios que enfrenta el Estado en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, herencia de sus predecesores.
Entre estos figura, por ejemplo, el caso de la familia Alvarado, “desaparecida” en Chihuahua por militares del 35 Batallón de Infantería, en el contexto de la “guerra” de Felipe Calderón; el de las mujeres abusadas sexualmente y torturadas en San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México (Newsweek en Español, número 47, 24/11/2017). Ambos casos se encuentran ya en etapa de sentencia en la CIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
Cuando un tema de dichas dimensiones llega a instancias internacionales es porque el sistema de justicia del país no actuó de manera apropiada, precisa Ugaz. Así que, subraya, el combatir la corrupción en el sistema de procuración de justicia es estratégico.
Para el destacado abogado y conferencista sobre temas de corrupción y lavado de dinero en foros como la APEC y la OCDE el nuevo gobierno mexicano deberá buscar tener independencia real respecto al poder político, ya que “este es un principio sin el cual no se puede hablar de justicia adecuada”.
Así lo explica: “En México evidentemente ha habido problemas muy claros y muy marcados con el tema del procurador general o fiscal de la nación, que era un dependiente político, y luego ha habido una postergación de la designación de la nueva autoridad que ha generado una parálisis en las investigaciones que de por sí han sido muy débiles e incipientes en materia de combate a la corrupción. Si se cuenta con un sistema de justicia independiente donde haya un ministerio público que no esté infiltrado o presionado políticamente, y también una judicatura que actúe con profesionalismo y sin tendencia política, uno puede esperar obtener resultados mucho mejores”.
CAIGA QUIEN CAIGA
Aplicar justicia en casos de corrupción en altos niveles es posible, y la historia personal de Ugaz Sánchez Moreno da cuenta de ello: designado procurador ad hoc de la nación en el caso Fujimori-Montesinos, a su cargo tuvo la investigación contra el expresidente de Perú Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos Torres, y toda su red a la que este abogado investigó hasta lo más profundo hasta lograr ponerlos en la cárcel con sentencias de 25 años de prisión.
Así lo recuerda: “Fue una trama de corrupción muy compleja que implicó la captura del Estado, y que en los primeros 14 meses de investigación significó que se abrieran más de 200 procesos penales contra más de 1,500 funcionarios públicos y altas personalidades del país involucradas en esta red de corrupción —y que demuestra que sí se puede enjuiciar la corrupción en las mas altas esferas”.
—¿Qué le dice al nuevo gobierno que asumirá en diciembre próximo?
—Lo primero es efectivamente confirmar que es posible que se aplique la ley hasta en los niveles más altos, caiga quien caiga hasta el final, y para eso se requiere tener una judicatura y un ministerio público independientes, autónomos, profesionales, y con recursos para que puedan llevar adelante esta tarea.
“Se hizo en el caso Fujimori en Perú —puntualiza— y ahora el caso de Lava Jato, en Brasil; también es un ejemplo de cómo fiscales y jueces profesionales, independientes, han sido capaces de enfrentar fuertes grupos de poder político y económico, llevarlos a prisión, esclarecer los casos, recuperar dinero. Ese vigoroso proceso anticorrupción está ocurriendo en Perú, en Guatemala y en algunos otros países donde la justicia está empezando a reaccionar, y México no debería ser la excepción y creo que hay una gran oportunidad ahora con un nuevo gobierno”.
—¿Qué recomendación le haría?
—En primer lugar designar a un fiscal de la nación que sea independiente, para que no haya ninguna suspicacia de que va a encubrir a nadie: que tenga capacidad profesional y que se le den los recursos necesarios para poder llevar adelante estas investigaciones; y lo mismo en el caso de jueces y fiscales. Un compromiso que debería tomar el nuevo presidente es el de la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, hasta el final.
CORRUPTORES, LA OTRA CARA DE LA MONEDA
La corrupción tiene dos caras: la pública y la privada. Y el sector empresarial también ha jugado un papel clave, en gran medida, queriéndolo o no en la cadena de corrupción. Por tal razón, también los empresarios deben asumir su responsabilidad en la solución. Así lo considera Alma Rocío Balcázar, una abogada colombiana especializada en Derecho de Empresa de la Universidad de los Andes, con estudios en Ética y Cumplimiento Empresarial del Instituto Ethics Resource Center de Washington.
Balcázar es una de las mayores expertas a nivel internacional en estrategias y programas de integridad corporativos, o dicho en términos más simples: enseña a las empresas por qué es importante que eviten las prácticas corruptas. Esto, dice, ha dejado de ser cuestión de voluntades puesto que “se ha convertido en una exigencia del mercado, de los estándares internacionales y hasta de los mercados bursátiles; porque, ahora, si una empresa quiere cotizar en bolsa, o crecer como corporativo, debe respetar los estándares anticorrupción”.
“Las dos caras de la corrupción son en el sector público: todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos públicos, que hay que cuidarlos porque son sagrados y están para generar bienestar a la ciudadanía. Y la otra, en el sector privado tiene que ver con la confianza, con la competencia justa y ética empresarial”, explica a este semanario en entrevista desde Colombia.
Alma Rocío Balcázar, quien ha brindado asistencia técnica a la OEA en misiones anticorrupción y en el diseño de un modelo de Compliance anticorrupción empresarial (manual anticorrupción para las empresas), considera que la nueva administración en México deberá cerciorarse de que las empresas contratistas cumplan los estándares de control interno contra la corrupción, “porque el empresariado actualmente tiene que asumir esos estándares anticorrupción y el gobierno debe revisar que cumplan”.
A su vez “el nuevo gobierno tendrá que decirle a la sociedad civil cómo estará implementando el marco normativo anticorrupción, los avances, cada caso nuevo y su seguimiento. De lo contrario será letra muerta”, asegura.
Por lo pronto, en sus primeros días como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dialoga con representantes de los distintos sectores en un clima de reconciliación. México vive una transición que públicamente parece de terciopelo, sin embargo, el equipo de transición se prepara para abrir varias cajas de pandora.
“Vamos a estar muy pendientes de cómo nos entregan, y aplicar todo nuestro conocimiento en los procesos de entrega- recepción, para ver en qué condiciones se nos entregan todas las secretarías”, dice Irma Eréndira Sandoval reafirmando estar lista para el arranque de la odisea.
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
—En 2017 México volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza todos los años la organización Transparencia Internacional. El país ocupa el lugar 135 de 180 naciones evaluadas; en el mismo estudio de 2016 se ubicó en el sitio 123 de 176.
—El Índice de Percepción de la Corrupción de 2017 evaluó 180 países y midió aspectos como gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia y niveles de integridad en el servicio público. México tiene 29 de 100 puntos.
—En 2017, el Índice de Percepción de la Corrupción evaluó con una calificación de 0 a 100 a 180 países. México obtuvo una calificación de 29 de 100 puntos y empató con países como República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.
—El costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades en 2017 fue de 7,218 millones de pesos, lo que equivale a 2,273 pesos promedio por persona afectada.
—En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México es el peor evaluado tanto en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como en el G20.
—En 2015, 88 por ciento de la población mexicana consideraba que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes. En 2017, subió a 91 por ciento, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 de INEGI.
—Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, la tasa de víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes en, al menos, un trámite fue de 12,590 en 2015 y de 14,635 en 2017.
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LA IMPORTANCIA DE RENDIR CUENTAS
En el combate a la corrupción un tema medular es la cabal rendición de cuentas. No basta con que el gobierno ponga a disposición de su ciudadanía datos o documentos de su ejercicio sino “que el gobierno asuma la responsabilidad de lo que ofrece y por qué lo ofrece, cómo va a conseguirlo, y que permanentemente muestre los avances de metas y el impacto que estas tienen”, explica, desde Argentina, Rosa Inés Ospina, fundadora de Rendir Cuentas, una organización que trabaja en nueve países de la región, y desde donde crearon el Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para que la rendición de cuentas sea tal, añade, “es crucial que las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía sean interlocutores que exijan un buen gobierno, que exijan información, explicaciones, y que se señale cuando no se cumple”.
La rendición de cuentas, puntualiza Ospina, que ha sido asesora del Banco Mundial y la OEA, “exige una relación dinámica entre aquel que está respondiendo y rindiendo cuentas y aquel que lo recibe. En el caso del gobierno, el interlocutor por excelencia es la sociedad organizada. Es importante por un lado que se exija esa rendición de cuentas pero también que se haga algo con esa rendición de cuentas porque, de lo contrario, la rendición de cuentas de un solo lado no es tal”.
Aunque México ha tenido avances en materia de transparencia, precisa, “cuando se habla de rendición de cuentas una ecuación fundamental es la relación dinámica entre quien tiene el poder y está comprometido a hacer determinadas cosas y aquel que es sujeto a esas acciones y este tiene que demandar y tiene que vigilar, interpelar, confrontar, o denunciar si eso no se está dando”.
—¿Cuál es su recomendación para el nuevo gobierno en México dadas las altas expectativas ciudadanas?
—Algo básico es que defina de manera seria y transparente cuáles son las metas que busca alcanzar en términos de fortalecimiento institucional, de lucha contra la corrupción; incluso, con indicadores para que se les pueda hacer seguimiento, porque es importante que la sociedad en su conjunto entienda a qué se está comprometiendo. Pero yo más bien recomendaría a la sociedad civil en general que se organicen desde distintos lugares y distintos roles para hacer seguimiento al conjunto de la gestión del gobierno y sus ofertas de campaña.