El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) Ricardo Anaya explica en un video su propuesta del Ingreso Básico Universal (IBU): “(Se trata de) una cantidad de dinero otorgada mensualmente y garantizada por el estado a todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser mexicanos o mexicanas”.
Ricardo Anaya asegura que la idea es respaldada por economistas. El diputado Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano (parte de la coalición) y cercano a la propuesta de Anaya, comentó en entrevista con Reuters que el IBU otorgaría 10 mil pesos por año, lo que equivale a 833 pesos mensuales por persona. El legislador también dijo que “el ingreso para los niños podría ser condicionado a la matrícula escolar”.
En esta última etapa de campaña, el mismo Ricardo Anaya ha dicho que entregará 1,500 pesos mensuales, incluso ya se han repartido tarjetas con esta promesa.
Si se toma en cuenta la cifra anual por persona que mencionó Álvarez, el costo de implementar el IBU en toda la población (119 millones de habitantes) sería cercano a 1.2 billones de pesos, es decir, 5.3% del PIB de 2017. Con la cifra de Anaya, el costo se eleva a 2.1 billones de pesos y 9% del PIB.
El candidato asegura que los recursos necesarios para financiar esta transferencia ya existen, pero que estos “se gastan mal o se roban”, por lo que descarta el aumento de impuestos como estrategia de financiamiento y en su lugar propone: reordenar la política social, implementar y cumplir un programa de austeridad y ahorro, y utilizar los excedentes de la gestión pública.
Aun cuando la suma de estos rubros fuera suficiente para financiar un IBU, no es posible utilizar todos estos recursos para financiar una política pública, porque hay restricciones legales y presupuestales que lo impiden.
Comenzando por el reordenamiento de la política social, el candidato ha propuesto consolidar únicamente aquellos programas que transfieren ingresos. De acuerdo con el inventario de programas sociales de CONEVAL, el presupuesto anual de los programas con algún componente monetario asciende a aproximadamente 419 mil millones de pesos[1].
No obstante, según el inventario del CONEVAL, entre los programas que transfieren ingresos, se encuentra un gran número cuyo propósito es diferente a la reducción de la pobreza, como becas otorgadas por el CONACYT, tecnología y cuestiones medioambientales. Es decir, hay programas que no es posible sustituir con el IBU porque no tienen el mismo propósito y por lo tanto, no deberían eliminarse.
Descontando aquellos programas de ingreso que no pueden ser sustituidos por el IBU, la suma baja a 140 mil 234 millones de pesos anuales.[2] Si de esta suma se descuentan los que no son completamente monetarios —por ejemplo, programas de capacitación que dan apoyo económico y asesoría técnica— queda un total de 14 mil 580 millones de pesos anuales.[3]
En cuanto al cumplimiento del programa de austeridad y ahorro, tampoco se contaría con la totalidad de los recursos, pues deberán descontarse los que ya están comprometidos al pago de la deuda y la estabilización financiera.
En relación a los excedentes de la gestión pública la situación es similar y aún más restrictiva, ya que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece cómo deben gastarse en caso de su existencia, no permite que estos recursos se asignen discrecionalmente. Los excedentes están sujetos a otras leyes que determinan destinos específicos preestablecidos, como su reasignación en los presupuestos de las dependencias o entidades que los generaron, a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado o a fondos de estabilización.
De esta manera, aunque los recursos provenientes de estas tres fuentes fueran suficientes para financiar un IBU, no es posible utilizarlos para este propósito, lo que implica que probablemente se necesitarían mayores recursos provenientes de impuestos y no sólo reacomodar el gasto para hacer posible el financiamiento de esta política.
¿Qué propone Anaya?
La propuesta de Ricardo Anaya busca erradicar la pobreza extrema del país; reducir la brecha entre quienes tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada; eliminar los costos burocráticos al no tener que pagar a personas que seleccionen a los beneficiarios porque sería para todos los ciudadanos y que se eliminaría el uso político y clientelar de los programas.
Además, permitiría a los beneficiarios emprender nuevos proyectos, convertiría a los ciudadanos en sujetos de crédito, estimularía el mercado interno porque la gente gastaría más, haría frente al desempleo y sería una manera de valorar trabajos que normalmente no se pagan, como el que realizan las amas de casa o quienes cuidan a familiares enfermos y personas con discapacidad.
Anaya Cortés, en su visita al ITAM, señaló que es una política en la que él personalmente cree, pero acotó que no se puede implementar en todo el país y que de ninguna manera sería responsable financiarlo con deuda en caso de que se decidiera aprobarlo. A esto se añaden las declaraciones de Cecilia Soto (asesora del candidato), donde se especifica que el IBU se implementaría por partes, empezando por los estados más pobres. Por otra parte, propone que se mantengan los programas que atiendan alguna carencia diferente a la insuficiencia de ingreso.
Programas similares ¿han funcionado en otros países?
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han pronunciado a favor de la implementación del IBU, sobre todo en países de ingresos medios o bajos con sistemas de protección social débiles, como una respuesta al desempleo provocado por la automatización, el aumento de la desigualdad y la necesidad de implementar mecanismos innovadores de protección social que sean presupuestalmente sustentables, costo-eficientes y menos burocráticos. Sin embargo, al tratarse de una política poco aplicada a nivel mundial, no se cuenta con la suficiente evidencia para desmentir o corroborar los beneficios que teóricamente se atribuyen al IBU.
Existen algunos ejemplos de aplicaciones piloto entre los que destacan los aplicados en India y Namibia[4]. Sin embargo, estos fallaron en realizar un estudio riguroso para estimar el impacto en el bienestar de los usuarios que es atribuible al IBU y no a otros factores.
En otras experiencias en Malawi[5] y Kenia[6], similares al IBU, se mostraron efectos positivos en asistencia escolar, rendimiento de los alumnos, motivación de los padres a llevar a sus hijos a la escuela, reducción de episodios de depresión y ansiedad, mejoras en el consumo de alimentos y reducción en inseguridad alimentaria. No obstante, la evidencia generada en otros países no es suficiente para desmentir o corroborar que el UBI sea la solución para erradicar la pobreza.
Además, los beneficios del UBI dependerían, en gran medida, de que la política se aplique con todas sus características. Un beneficio del IBU es que su carácter universal, que evita que se excluyan personas; de igual manera, si se implementa como un derecho, su carácter de universalidad permitiría acabar con la corrupción en la política social.
Condicionar el apoyo a que los padres matriculen en la escuela a los niños, como ha mencionado el equipo de Anaya, lo convertiría en algo muy parecido al actual Prospera, el cual, pese a su éxito en aumentar los niveles de educación entre los beneficiarios, ha fallado en lograr una verdadera movilidad social en el que los beneficiarios se incorporen al sector formal con salarios no precarios.
El IBU, por su parte, permitiría que los individuos atiendan las necesidades que ellos consideran esenciales, dotándolos de libertad, algo que no puede ni debería ser condicionado por los gobiernos.
[1] Esta cantidad se obtuvo de sumar los programas cuyo tipo de apoyo se denominan monetarios o ambos. Los datos se obtuvieron del inventario de programas sociales del CONEVAL
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Standing, G. (2017). Basic Income: And How We Can Make It Happen. Penguin UK.
[5] · Kilburn, K., Handa, S., Angeles, G., Mvula, P., & Tsoka, M. (2017). Short-term impacts of an unconditional cash transfer program on child schooling: Experimental evidence from Malawi. Economics of Education Review, 59, 63-80.
[6] Haushofer, J., & Shapiro, J. (2016). The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: Experimental Evidence from Kenya. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1973-2042.
