El Congreso de Ecuador aceptó este domingo abrir un juicio político contra el vicepresidente, Jorge Glas, condenado a prisión por recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht, lo que le acerca todavía más a la destitución del cargo.
Con cuatro votos de siete integrantes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) -el máximo órgano dentro del Congreso encargado de planificar sus actividades- aprobó el proceso, que será remitido a la Corte Constitucional para que informe en un plazo de cinco días si admite o no el juicio político.
Si el dictamen de la Corte es favorable, el trámite pasará a la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, que a su vez debe dar el visto bueno para que se lleve a cabo la votación en el pleno del Congreso.
Glas, quien mantiene el cargo pese a que fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, podría perder el puesto si las dos terceras partes de los asambleístas votan por su destitución. Esta no es la única vía por la cual el vicepresidente podría quedar fuera del poder, al que llegó hace ocho meses en binomio con el mandatario Lenín Moreno, quien le retiró sus funciones en agosto.
El juicio político contra Glas llega la misma semana en la que en el vecino Perú la oposición parlamentaria prepara un proceso para destituir por “incapacidad moral” al presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado también de recibir pagos de la empresa brasileña Odebrecht.
Ausencia definitiva
El vicepresidente, que está en prisión desde el 2 de octubre, también podría perder el cargo si se configura la ausencia definitiva.
Aunque Glas sostiene está haciendo uso de sus vacaciones, algo que el gobierno no reconoce, el próximo 2 de enero se cumplirán tres meses desde que está ausente. Al completarse ese período el Congreso puede elegir a un vicepresidente de una terna propuesta por Moreno, de acuerdo a la Constitución.
El asambleísta de oposición Luis Fernando Torres, integrante del CAL, señaló que el juicio político avanzará independientemente de si se cumplen los 90 días de ausencia.
“Todas las gestiones tienen que avanzar simultáneamente. Probablemente llegue más rápido el 2 de enero del 2018 cuando hayan concluido las funciones del vicepresidente por haber transcurrido 90 días, pero la Asamblea no puede cruzarse de brazos y tiene que iniciar el juicio político”, declaró a la prensa.
El proceso político se abre luego del juicio penal contra Glas, quien además podría enfrentar demandas adicionales por cohecho y enriquecimiento ilícito, con sanciones de hasta 13 años de cárcel.
El vicepresidente ecuatoriano es el funcionario activo de mayor rango en ser condenado por la trama de sobornos de Odebrecht, que ha golpeado a las altas esferas del poder en América Latina y África.
Por segunda ocasión
Esta es la segunda ocasión en la que la oposición de Ecuador intenta llevar a un juicio político a Glas. La primera vez fue en julio pasado cuando el CAL, con cinco votos en contra, negó el trámite alegando que no había pruebas contra el vicepresidente.
En esta ocasión, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del CAL, señaló que el pedido de juicio político tuvo luz verde porque “ahora sí se han presentado (en contra de Glas) pruebas específicas en relación a delitos que van alrededor de la administración publica, es decir cohecho, peculado”.
La Carta Magna de Ecuador señala que un presidente o vicepresidente puede ser enjuiciado políticamente por cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad del Estado o de lesa humanidad.
El abogado de Glas, Eduardo Franco, señaló que el delito por el cual fue juzgado del vicepresidente “no es causal de juicio político”. “En el Ecuador están imperando las necesidades políticas por encima de la verdad, de la razón y de la juridicidad”, señaló Franco en su cuenta de Twitter.
El juicio político contra el vicepresidente se enmarca en la crisis del movimiento oficialista de izquierda Alianza País, dividido entre los partidarios de Moreno y del expresidente Rafael Correa, un fuerte defensor de Glas. Estos últimos acusan al gobernante actual de aliarse con la oposición y de usar la lucha anticorrupción para desprestigiarles.
