Por Alvaro Villalobos y Daniel Bosque
“Es evidente que se han alterado las condiciones del juego, eso seguro”, afirmó a la televisión pública catalana TV3 el vicepresidente del gobierno regional, Oriol Junqueras, cuyo departamento estaba a cargo de la organización de la votación.
La presión contra esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional, se incrementó en los últimos días: catorce altos cargos del gobierno regional fueron detenidos y se requisaron millones de papeletas y miles de cartas dirigidas a los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales.
El gobierno conservador español de Mariano Rajoy bloqueó las finanzas de la administración regional, excepto para el pago de servicios esenciales, que asumirá directamente Madrid.
“Es evidente que no estamos pudiendo votar como siempre”, afirmó Junqueras, en cuyo departamento detuvieron a cinco altos cargos, entre ellos su número dos.
El portavoz del gobierno regional, Jordi Turull, se mostró más optimista, asegurando que seguirán adelante y “ante cada problema (habrá) una solución”.
“Ese referéndum ya no se puede celebrar”, es “una quimera imposible”, dijo el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, en un discurso televisado el miércoles por la noche, pidiendo a los independentistas renunciar “a esta escalada de radicalidad y de desobediencia”.
También sus ministros se sumaron a las advertencias: “No coloquen a los catalanes en el precipicio”, dijo el de Interior, Juan Ignacio Zoido, mientras que Luis de Guindos, responsable de Economía, aseguró que el gobierno conservador tiene “la mano tendida siempre”, si el ejecutivo de Cataluña “vuelve a respetar la legalidad”.
Movilización permanente
Pero las últimas actuaciones policiales crisparon los ánimos de los independentistas de esta región nororiental con 7,5 millones de habitantes, que llamaron a una nueva etapa de “movilización permanente” para defender el referéndum y el derecho de autodeterminación que reclaman desde 2012.
“El camino hacia el 1 de octubre está lleno de movilizaciones”, advirtió el presidente de la organización independentista Omnium, Jordi Cuixart.
Este jueves, miles de personas con banderas independentistas se concentraron enfrente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto al Arco de Triunfo de Barcelona, para pedir la liberación de los once dirigentes que todavía seguían detenidos.
“Estamos muy quemados con todo lo que se está haciendo para impedir que un pueblo se exprese”, decía Ana Robredo, de 57 años y procedente de otra región española, La Rioja (norte).
“Seguiremos hasta que dejen de amenazar”, añadió protestando junto a su marido, ambos llegados a Cataluña hace cuarenta años y con hijas nacidas en esta región.
“Consecuencias catastróficas”
Pero Rajoy, en el poder desde finales de 2011, rechazó negociar la organización de este referéndum que una amplia parte de Cataluña reclama desde 2012.
Los conservadores cuentan con el apoyo de los centristas de Ciudadanos y del principal partido opositor, el Partido Socialista (PSOE), que también pide una solución política al conflicto.
Hasta ahora, la respuesta únicamente judicial generó rechazo en esta región: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a menudo crítica con los independentistas, arremetió contra la “estrategia represiva” de Rajoy.
El gigante futbolístico FC Barcelona, las universidades públicas o el popular festival de música Primavera Sound criticaron la reacción de Madrid. En el Gran Teatro del Liceo, símbolo de la burguesía catalana, los asistentes cantaron el miércoles el himno catalán, según mostraron videos en las redes sociales.
Estos acontecimientos “ensanchan el campo de la protesta, a la que ya se suman de manera definitiva muchos no independentistas”, advertía el cronista Enric Juliana desde el diario catalán La Vanguardia, alejado del independentismo.
“Un acto de afirmación de la autoridad del Estado sin oferta política” puede tener “consecuencias catastróficas”, añadía.
Los independentistas dominan el parlamento regional desde septiembre de 2015. Antes de apostar por un referéndum, habían prometido declarar la independencia en 18 meses, en 2017, lo que todavía podrían hacer si la votación se torna imposible.
