ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO fue un alumno destacado toda su vida. Por eso no fue raro que, a los 19 años, cuando cursaba el tercer semestre de la carrera de derecho en la UNAM, lo reclutara Chevez Ruiz Zamarripa —uno de los bufetes de abogados fiscales más reconocidos de México—. Fue seleccionado como becario.

A partir de entonces, su carrera en el despacho de abogados no tuvo freno. Año con año fue ascendiendo. Su última promoción tuvo lugar en julio de 2015; esta le abrió la puerta para postularse tres meses después como socio del bufete. Pero en noviembre del mismo año, en vez de ser ascendido, lo echaron del despacho.

No obstante sus evaluaciones anuales de desempeño que lo calificaban como un abogado sobresaliente, algo cambió entre julio y noviembre de 2015; es decir, entre su último ascenso y su salida del bufete. Armando asegura que lo único que ocurrió en ese lapso fue que dio a conocer que se casaría con el hombre que amaba.

“Siempre fui muy discreto en cuanto a mi orientación sexual”, dice Armando. “Pero en 2014 conocí a mi actual esposo, Sergio Bueno, y un año más tarde comenzamos a planear la boda”.

Rodrigo Vázquez, socio administrador de Chevez Ruiz Zamarripa, asegura que ni él ni la firma tenían conocimiento de la orientación sexual de Armando cuando convinieron “de mutuo acuerdo” la salida del abogado.

“Cuando un asociado toma su nivel máximo, si no hay posibilidad de que se pueda convertir en socio, por decisión de la junta, de común acuerdo, se prepara su salida para que se siga desarrollando”, agrega Vázquez. Tanto él como Manuel Gerardo Sainz Orantes, socio director del área legal, notificaron a Armando que su salida era inminente y le aseguraron que no tenía que ver con su desempeño, sino con “temas personales”. Armando considera que ello aludía a su orientación sexual.

FOTO: ANTONIO CRUZ / NW NOTICIAS.

De hecho, refiere a Newsweek en Español, en esa reunión donde le notificaron de su salida, ambos socios lo amenazaron indicando que, en caso de que presentara una denuncia o demanda, utilizarían su influencia para evitar que alguna otra empresa lo contratara. Desconcertado, Armando optó por firmar su renuncia. Hoy reconoce que “todo mi proyecto de vida se esfumó en ese momento”.

En abril de 2016, un antiguo cliente advirtió a Armando que representantes de la firma lo estaban desacreditando. Entonces decidió levantar una queja por discriminación ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra del despacho Chevez Ruiz Zamarripa. Ello ocurrió en julio de 2016 y, tres meses más tarde, el mes de octubre, interpuso otra demanda por daño moral por la vía civil.

En enero pasado, el Conapred falló en favor del bufete al considerar que la frase “temas personales” con la que se justificó el despido del abogado era “ambigua”. Armando Ocampo no se quedó conforme y denunció el actuar de la Conapred ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuya sentencia se espera sea emitida el próximo septiembre.

Ante la demanda por daño moral que interpuso por la vía civil contra la firma que se jacta como “líder en México en asesoría y consultoría fiscal”, esta se amparó para que entre las pruebas no se considere un audio que Armando grabó cuando le solicitaron su renuncia. Argumentan que es ilegal, pues no fueron notificados de que estaban siendo grabados. Se espera, sin embargo, que dicho amparo no prospere en el marco del artículo 16 constitucional que permite la grabación con autorización de alguno de los participantes: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas”.

Chevez Ruiz Zamarripa está conformada por 500 personas —unos 60 asociados, 47 socios (todos hombres) y el resto son empleados—, ninguno de ellos es abiertamente homosexual, a saber de Rodrigo Vázquez, socio administrador de esta firma.

Entre 2015 y 2017, el Conapred ha recibido 126 quejas por discriminación en contra de miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales). Alrededor de la mitad de estas están relacionadas con el acceso laboral y la igualdad de oportunidades. Son pocos los casos, como el de Armando Ocampo Zambrano, que recurren a todas las instancias legales en contra de un presunto acto de discriminación por orientación sexual.

Cuando Armando planeaba su boda con Sergio, se enteró de que su promoción laboral no llegaría por “temas personales”. FOTO: ANTONIO CRUZ / NW NOTICIAS.

TORTURA COTIDIANA

En el ámbito laboral, Chrystian Arriaga sufrió discriminación debido a su orientación sexual. Cuando los hechos tuvieron lugar, el joven decidió no proceder por temor a afectar a otros familiares que trabajan para la misma empresa.

Chrystian tiene actualmente 28 años, pero a los 21 hacía frente a su primer trabajo como editor de video para una importante televisora mexicana. Fue cuando, antes de ser despedido, comenzó a ser víctima de acoso por parte de su jefe directo.

Durante nueve meses, su jefe de producción —un hombre de unos 60 años, de apellido Cuéllar— infligía a Chystian maltrato psicológico: “Me decía que Dios no había hecho a los hombres para estar juntos. Que si no me daba asco oler a mierda después de tener relaciones con otros hombres”, recuerda.

El joven trabajó cerca de dos años y medio bajo la dirección del sexagenario que, “al principio, no se metía conmigo, porque no sabía que era gay. El problema fue cuando alguien le mostró mi Facebook y lo descubrió”, narra a esta publicación.

A partir de ese momento comenzó la tortura cotidiana que hizo del trabajo de Chrystian un infierno: “Me mandaba regañado a recursos humanos por cualquier cosa: si comía en mi lugar de trabajo, si me tardaba en regresar del baño. Imprimía pantallas de mi Facebook y me decía que si no me daba vergüenza; supongo que alguien se las daba, porque él no era un contacto y no hubiera tenido acceso”.

Luego de nueve meses, Chrystian fue notificado de que sería cambiado a otra producción, pero nunca lo llamaron para renovar su contrato. Estuvo “vetado”, así lo refiere él, durante medio año, hasta que decidió escribirle un correo electrónico a la superior de Cuéllar. Ella fue quien tomó cartas en el asunto, lo mandó llamar, se disculpó y lo puso en otra producción. El acosador laboral no mereció castigo alguno.

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El reto más grande de la discriminación en contra de la comunidad LGBTI radica en su normalización, al disfrazarla de burlas, señala Francisco Robledo, representante de la Alianza por la Diversidad y la Inclusión Laboral (ADIL). “Es una situación compleja, porque al hacer pasar el acoso por burlas, automáticamente la responsabilidad cae sobre la víctima. Es decir, la víctima se hace responsable de sentirse mal ante las supuestas burlas”, explica Robledo. “Lo que sucede al final, tarde o temprano, es que las víctimas optan por cambiar de trabajo, si les es posible”.

La consultora internacional en temas de productividad y diversidad sexual, Out Now, advierte en su estudio Diversidad LGBT: muéstrame el caso de negocio, que solo 29 por ciento de los empleados en México están completamente “fuera del clóset”; 16 por ciento, casi totalmente (generalmente lo esconden de la alta dirección); 15 por ciento, para algunos; 16 por ciento, lo comparte solo con su círculo más cercano; y otro 16 por ciento, esconde totalmente su homosexualidad.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) estima que la homofobia cuesta al mundo 100,000 millones de dólares, esto después de encontrar una relación entre los países con las leyes más conservadoras en materia de orientación sexual y la riqueza que generan.

Socialmente, la discriminación laboral también tiene un alto costo, pues al tratarse de un acto de violencia —aun si es pasiva—, esta va escalando y contribuye a crear el ambiente que más tarde puede propiciar una atmósfera en donde se pasa de la violencia pasiva a la explícita.

Es importante recordar que, de acuerdo con la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, México es el segundo país que lidera los crímenes de odio (lo antecede solo Brasil) con 1,310, perpetrados entre 1995 y 2015. De estos, la mayor parte se han realizado en cinco estados: Ciudad de México (193), Estado de México (123), Veracruz (85), Nuevo León (81) y Chihuahua (72).

EMPRESAS QUE DICEN “SÍ” A LA DIVERSIDAD

José Carranza nació y creció en Sonora. Allá sentía que debía ocultar que era homosexual a sus empleadores, pero cuando entró a trabajar en 2005 al corporativo de Scotiabank, en la Ciudad de México, supo que su orientación sexual no definiría su carrera profesional.

Hace algunos años, a través del área de recursos humanos, Carranza supo que una iniciativa puesta en marcha en las oficinas centrales del banco, ubicadas en Canadá, estaba dando buenos resultados para elevar la productividad, atraer y retener talento: eran los grupos de empleados de LGBTI, ya sea como miembros de la comunidad homosexual o como apoyadores, cuyo objetivo es hacer sentir a las personas LGBTI que trabajan en un lugar donde se les respeta y apoya.

Carranza entonces descubrió que los grupos LGBTI nacidos y fomentados por las empresas no eran algo nuevo. Diferentes empresas —la mayoría de ellas de origen extranjero—, como American Express, IBM y Mastercard y, también, Cinépolis y Gayosso, entre otras. Juntas crearon Pride Connection, un grupo de empresas que comparten prácticas para la no discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades para sus empleados LGBT. En 2014, Pride Connection estaba conformado por cinco empresas, hoy ya suman 34.

Pride Connection busca visibilizar la importancia de las personas LGBTI para el crecimiento de las empresas, así como servir de modelo para aquellas empresas que aún tienen temor de contratar y dar oportunidades en mandos altos a sus empleados LGBTI.

Sin embargo, apunta Robledo, el grueso de las empresas mexicanas (97 por ciento de ellas son pymes) tienen temor de contratar a una persona homosexual, ya sea por desagrado propio o por miedo a proyectar una mala imagen con sus clientes.

“Lo que vemos frecuentemente es que muchas personas gays están topadas hasta cierto nivel en las empresas, que no se les dan las oportunidades de crecer y eso también es discriminación. Uno puede decir: ‘Es que yo no tengo broncas, pero los clientes…’, y nuevamente, este es el tipo de discriminación normalizada que vemos en el día a día”, apunta Francisco Robledo.

La discriminación por orientación sexual no solo concierne a la víctima y a los victimarios, apunta Robledo, sino a los testigos. “Si somos heterosexuales y sabemos o presenciamos un acto de discriminación y no hacemos nada, eso automáticamente nos convierte en cómplices”, remata el representante de la ADIL.