EN LA AVENIDA de Las Américas, hace diez años, tener un consultorio médico era cuestión de estatus. A un par de kilómetros de la línea fronteriza y en la mayor zona de hospitales privados de Ciudad Juárez, los mejores especialistas terminaban ahí su jornada diaria. Era un grupo de privilegiados que facturaban, en lo individual, más de millón y medio de pesos anuales. Hoy es un corredor desolado.
Entre 2008 y 2012, al menos cuarenta médicos fueron víctimas de secuestro. Una cifra considerablemente mayor sufrió asaltos en sus consultorios y clínicas particulares, o atestiguaron asesinatos de pacientes a manos de células criminales que llegaban allí para terminar su encomienda.
“Comenzó a generarse un pánico. Los médicos empezaron a sentirse completamente vulnerables porque a los consultorios y clínicas podía entrar cualquiera y a cualquier hora. Entonces comenzó la desbandada”, cuenta sobre aquella época Leticia Chavarría, quien dirigió el Comité Médico Ciudadano, un organismo creado en diciembre de 2008 como respuesta a la violencia de la que eran víctimas.
El ejercicio privado fuera de hospitales desapareció en pocas semanas. Chavarría, hoy jefa de la Jurisdicción Sanitaria II, estima que una cuarta parte de los médicos que residían en la ciudad huyeron. Los que se quedaron mantienen dos reglas autoimpuestas: las consultas a domicilio y el trabajo en fin de semana. La crisis se juntó con otra: un explosivo crecimiento de enfermedades crónico degenerativas y el colapso de atención en el IMSS y las bases del Seguro Popular.
Los consultorios abandonados en la avenida de Las Américas simbolizan algo más que la ruina de profesionistas aterrorizados, son la imagen de una ciudad en la que la ausencia de médicos acaba con cientos de vidas cada año, o confiere una mala calidad a los sobrevivientes.
“Hay casos —refiere la doctora Chavarría— en los que mujeres con cáncer de mama se dejan morir para no devastar la economía familiar. Muchas de ellas viven hacinadas, en casas sin agua potable. Para ellas, lidiar con los efectos de la quimio en tales circunstancias es simplemente insoportable. Prefieren morir. Junto con ellas debe contabilizarse a los diabéticos, hipertensos, a la gente que requiere no solo especialistas, sino infraestructura hospitalaria. En el IMSS ya no se les atiende y sufren de una muerte prematura”.
EL EFECTO NACIONAL
El caso de Ciudad Juárez pronto se reprodujo. La Encuesta Médica Nacional de Riesgo, elaborada por el Colegio Médico de México, la asociación civil que congrega a la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica (Fenacome), revela que entre 2008 y 2015 se registraron 2,534 agresiones en el cumplimiento de su deber, es decir, 362 en promedio cada año. La cifra es alta si se considera que México tiene un déficit de médicos y solo hay dos para cada 100,000 pacientes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El Colegio Médico de México, que se ha encargado de documentar las agresiones que sufren los profesionales de la salud, señala que, si bien en años anteriores la extorsión era el delito más cometido hacia ellos, los resultados preliminares de la nueva encuesta —realizada este año— indican que el robo es ahora el crimen número uno que afecta al gremio. Los encargados de analizar las encuestas dijeron que el cambio en los delitos refleja que los criminales han estudiado el trabajo de los médicos, hasta descifrar las formas en las que se protegen dentro de los hospitales.
“Esto obliga al médico a extremar precauciones en su casa o, en su defecto, a emigrar a otros estados para quitar todas las pistas de su trabajo”, explica uno de los responsables del estudio, quien prefirió omitir su nombre por seguridad.
El abandono del trabajo es lo más común. Los médicos se sienten vulnerables y el gobierno no es capaz de garantizarles seguridad. Ante esta situación, el acuerdo es cerrar plazas, explica José María Morelos Martínez, presidente de la Federación de Colegios Médicos del estado de Guerrero.
“No solo es el cierre de las clínicas, sino las afectaciones a la población, a la falta de tratamientos o a la muerte del paciente”, explica a su vez el doctor Francisco Basurto Casanova, presidente del Colegio Médico de México.
Aunque los médicos hacen el juramento hipocrático al concluir sus estudios y juran defender la vida del paciente, lo cierto es que ninguno de ellos quiere enfrentarse a la violencia que impera en el país y prefieren abandonarlos.
Un centenar de médicos se manifiesta en contra de la inseguridad y la violencia que se vive en Ciudad Juárez. J. GUADALUPE PÉREZ/CUARTOSCURO
Esto deja a los pacientes indefensos, pues, aunque el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana garantiza el acceso de la población a la salud, muy pocos están dispuestos a perder la vida o la tranquilidad por cumplirlo.
“Somos sujetos especiales, carne de cañón”, dice Basurto cuando refiere que su labor puede significar incluso salvar la vida de los integrantes de alguna organización criminal a pesar del riesgo que entraña.
Carmen es un ejemplo. Ella es médica, trabaja en Guerrero y pertenece a la Federación. Dice que su labor dentro de una institución los vuelve vulnerables, ya que en cualquier momento un grupo de sujetos armados puede entrar a su hospital y ultimar al herido que tienen en el quirófano, o llevarse a alguno de los médicos para que atiendan a delincuentes heridos.
La falta de medicamentos e insumos en los hospitales también los pone en riesgo. Algunos familiares de estos heridos reaccionan de manera violenta y amenazan a los médicos si el paciente no se salva, cuenta Basurto.
UNA DÉCADA DE TERROR
Las agresiones hacia los médicos se recrudecieron hace una década, justo cuando la administración del presidente Felipe Calderón declaró “la guerra” al narcotráfico. Una de las primeras ciudades tocada por esa orden fue Ciudad Juárez.
Leticia Chavarría y el puñado de médicos que decidió manifestarse para exigir seguridad a comienzos de diciembre de 2008 encontró una respuesta inesperada. Calderón envió una cantidad mayor de militares y agentes federales, hasta colmar el municipio con casi 10,000 efectivos.
“La ciudad era entonces zona de guerra, y así la vivimos: calles totalmente desiertas al caer la noche, restaurantes incendiados o vacíos, balaceras… Pero con los militares y los federales patrullando la ciudad los secuestros no se redujeron, sino todo lo contrario: 2009 y 2010 fueron un infierno no solamente para los médicos, sino para la población en general. Se registraron más de 6,000 homicidios y aumentaron la extorsión y las desapariciones”, rememora Chavarría.
Los integrantes del Comité demandaron al gobierno federal que fueran los médicos militares quienes atendieran a los heridos en los enfrentamientos para no poner en riesgo al personal de los hospitales. Esto no ocurrió.
El sentido de indefensión fue claro para el gremio al conocer los primeros testimonios brindados por algunos de sus compañeros víctimas de secuestro. “Por observaciones de algunos colegas —cuenta Chavarría— supimos que los secuestradores eran personas estrechamente relacionadas con algún cuerpo policiaco o militar. No solo era el tono de voz [todos ellos provenían del sur del país], sino porque algunos pudieron observarlos con botas y uniformes militares. Se trataba de la gente que el gobierno federal había enviado para protegernos”.
Los médicos civiles huyeron a El Paso, Texas, o a otras ciudades de la república mexicana. Aquellos que no abandonaron Ciudad Juárez terminaron en los hospitales de gobierno o en los consultorios de farmacia, donde se sentían más seguros.
En unos cuantos meses el turismo médico acabó. Los pacientes estadounidenses que hacían valer sus seguros en México dejaron de cruzar no solo por la espiral de violencia, sino por la ausencia de especialistas en sus consultorios y clínicas. Diez años después, esa economía sigue ausente.
EN GUERRERO TAMBIÉN
Lo experimentado por los fronterizos ahora lo viven en Guerrero. Los médicos han abandonado sus plazas y los hospitales cierran sucesivamente ante la ola de violencia.
En 2013, Lázaro Mazón Alonso, entonces secretario de Salud, admitió que los médicos huían del estado, específicamente de Tierra Caliente, debido a la inseguridad. Ese mismo año, el gremio consideró a Acapulco como el lugar más violento para ejercer como profesionales.
Un año después de aquella declaración, el IMSS suspendió servicios en su clínica de Ciudad Altamirano. Miembros de una célula criminal mantenían bajo amenaza a la plantilla de trabajadores, informó el instituto.
En 2015, ocho centros de salud ubicados en la zona de la Montaña y en la Sierra cerraron sus puertas porque los médicos se sintieron agredidos por la población y el personal pidió amparo a la Secretaría de Salud del estado para que los cambiara de lugar de trabajo.
La situación se repite todos los días en Guerrero. José María Morelos Martínez, presidente de la Federación de Colegios Médicos en la entidad, dice que, como consecuencia de ello, los especialistas recién graduados rechazan trabajar en la región, a pesar de que les ofrecen buenas condiciones laborales.
Según Marcelo Fernández, coordinador de las misiones México-Honduras de Médicos sin Fronteras, uno de cada cuatro pacientes que atienden en la consulta externa presenta síntomas psicoafectivos. FOTO: ARLETTE
BLANCO
Nada, sin embargo, es más preciado que la tranquilidad: todos los días hay por lo menos cinco ejecutados en Acapulco, por ejemplo. Se trata del cuarto municipio más violento del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, tan solo detrás de Caracas, Venezuela; San Pedro Sula, Honduras, y San Salvador, El Salvador.
Si no quieren ir a Acapulco, mucho menos aceptan un puesto en Tierra Caliente, donde las comunidades se quedaron sin internistas, cardiólogos, ginecólogos, anestesiólogos, urgenciólogos y pediatras.
Ni siquiera el presidente de la Federación se atrevió a ir a operar a cinco personas que estaban listas para entrar en cirugía.
“Les dije que no porque ¿qué tal si no regreso?”, se cuestiona el médico.
Estos pacientes tuvieron que buscar dónde y quién los pudiera operar, lo mismo que todos aquellos que necesitan un especialista y no lo tienen en la clínica de la comunidad. Morelos Martínez señala que las familias deben trasladarse a Iguala o al Estado de México para encontrar un hospital que tenga las instalaciones y personal adecuado.
No es tan sencillo. Los más pobres tienen que vender una vaca, un cerdo o una parte de las tierras que poseen para cubrir los gastos que implica el traslado a las zonas alejadas de su hogar, donde tampoco les garantizan que los servicios serán completamente gratis. “Pero no tenemos manera de darle solución. Tenemos miedo”, resume el cirujano guerrerense.
El temor aumenta cada vez que uno de sus compañeros es víctima de homicidio. Entre 2016 y lo que va de este año, cinco médicos fueron asesinados en la entidad. El caso más reciente es el del traumatólogo Héctor Paul Camarena, secuestrado el 9 de marzo de este año al salir del Hospital General Regional número 1, Vicente Guerrero, en Acapulco. Tres días después su cuerpo apareció en el municipio vecino de Coyuca de Benítez.
Los médicos del hospital y de otros centros de salud salieron a las calles para manifestar su malestar por los hechos de violencia que se siguen suscitando en Guerrero, donde viven bajo amenaza permanente.
A pesar de los reclamos, nadie escucha sus demandas. Ni el gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo, ni las autoridades sanitarias en el resto del país, ni la Secretaría de Salud que dirige José Narro Robles, quien también es médico.
TRAUMA SIN ATENCIÓN
La violencia que azota a los estados del norte afecta emocionalmente a los habitantes, pero lo que menos tienen son psiquiatras, psicólogos y médicos especializados en la salud mental. El estudio “Los especialistas en psiquiatría en México año 2016”, realizado por la revista Salud Mental, señala que en México hay 4,393 psiquiatras en el país, equivalente a 3.6 médicos por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, en el norte, donde la violencia se recrudeció desde principios de 2000, el número es mucho menor en comparación con otras zonas. De hecho, Nuevo León tiene 309 psiquiatras, convirtiéndose en la entidad con más especialistas. Pero la mayoría se concentra en Monterrey.
A este déficit de especialistas se enfrentó la misión de Médicos sin Fronteras que trabaja en Reynosa, Tamaulipas, cuando llegó hace dos años para apoyar el sistema de salud en medio de los ataques ocurridos en la ciudad, que se disputan —de acuerdo con la versión oficial— Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Marcelo Fernández, coordinador de las misiones México-Honduras de ese organismo internacional, dice que uno de cada cuatro pacientes que atienden en la consulta externa presenta síntomas psicoafectivos, es decir, tiene daños psicológicos como consecuencia de la violencia y no hay suficientes psicólogos para atenderlos.
Ahora, el problema se recrudeció cuando encontraron que los habitantes presentan patologías psiquiátricas severas que requieren de especialistas que puedan atenderlos y medicarlos. Marcelo cuenta que en el estado el único psiquiatra trabaja en la Secretaría de Salud y atiende a todos los pacientes de la entidad. La realidad es que solo hay 71 médicos certificados en este tipo de atención, pero la mayoría dan consulta privada y están saturados.
El médico argentino explica que hasta el momento han atendido únicamente a la población de Reynosa. Pero en el organismo están seguros de que el personal médico también tiene problemas psicológicos y psiquiátricos, aunque hasta el momento ninguno de ellos se ha acercado en busca de ayuda.
“Por el momento no hemos atendido personal médico o paramédico que haya sido víctima de una agresión física o de un episodio de violencia. No significa que no exista, sabemos que sí hay”, cuenta Marcelo. Él mismo dice que no es fácil trabajar sabiendo que en cualquier momento un grupo armado puede irrumpir en el hospital o llevarse a un compañero para que atienda a algún delincuente herido.
Hasta el momento, el equipo de Médicos sin Fronteras no ha sufrido un ataque directo. Los “halcones” los tienen identificados y saben lo que hacen. Incluso ha ocurrido que un día les recomiendan que no vayan a ciertas zonas porque habrá “un evento”, que en realidad es un enfrentamiento entre grupos.
“Hemos conocido de casos en que el personal médico no es atacado, pero son prestados para la atención de los grupos, para la atención más privada, y eso sí hemos escuchado casos, sobre todo de la Cruz Roja Mexicana, que está muy presente y ha sido víctima de algunos casos”, explica Fernández.
Trabajar en estas condiciones ha generado que los médicos sean víctimas de estrés y otros problemas psicológicos o psiquiátricos que deben ser atendidos, para que el personal exprese lo que siente y, con esa ayuda, pueda seguir trabajando.
El doctor Francisco Basurto señala que es importante saber las condiciones en las que trabaja el médico, ya que los problemas personales y laborales, sumados a la presión por la violencia, pueden terminar en una tragedia, como ocurrió con un médico amigo suyo de la universidad.
El doctor tenía una pequeña clínica en Cárdenas, Tabasco, y pronto fue víctima de extorsión. El temor, la presión, el miedo llevaron al médico a terminar con su vida, explica Basurto. No era la única razón, pero el hombre no buscó ayuda y nadie lo acercó a un especialista en salud mental que lo ayudara, por lo que se convirtió en una víctima más de la violencia.
DESAIRE INSTITUCIONAL
Siete de cada diez médicos han sido víctimas de alguna agresión por el hecho de ser médicos, pero solo cuatro de esos siete denunciaron ante las autoridades lo que les había sucedido, esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Médica Nacional de Riesgo, realizada en 2015 por el Colegio Médico de México. La nueva encuesta, elaborada por el mismo organismo, y que será presentada en octubre próximo, señala también que los secuestros y asesinatos van al alza.
Tanto Francisco Basurto como José María Morelos Martínez aseguran que han buscado a las autoridades sanitarias y de seguridad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los locales, pero ninguno les ha dado una respuesta.
Este año, la federación presentó al gobierno de Guerrero un listado de ocho números telefónicos desde los que extorsionaban a los médicos. Las autoridades respondieron que esos números estaban dentro de los penales de la entidad, pero solo podían actuar si se presentaba una denuncia ante el ministerio público.
El año pasado, el grupo de médicos que conforman el movimiento #Yosoy17 se reunió con José Narro para exponerle una serie de demandas, entre las que se encuentran la seguridad de los médicos.
“En la reunión dijo que no le corresponde a él, que le toca a la seguridad del estado, aunque iba a ver qué podían hacer. Hay buena voluntad, es un buen tipo, muy político, pero desgraciadamente de lo ahí platicado no se ha hecho nada ni de lo que él se comprometió”, dice César Bueno Ledezma, uno de los líderes del movimiento.
Mientras tanto, los médicos se refugian y la sociedad lo paga, literalmente, con su vida.
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EL CIRUJANO Y LA LEY DEL TALIÓN
Por Ignacio Alvarado
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Hubo días en los que el doctor Millán* despertaba con la obsesión de reconstruir la ruta que siguieron sus secuestradores desde su consultorio hasta la casa de seguridad en donde lo martirizaron durante cuatro días. Quería matarlos.
“El problema en México es que no podemos tomar las buenas alternativas. Es la ley del talión lo único que puede mejorar la situación”, dice desde un nuevo consultorio que carece de rótulos y número exterior.
A Millán le tendieron una trampa en la que cayó redondo. Él mismo lamenta el pobre olfato que tuvo. Una mujer lo llamó para pedirle una consulta urgente para su hijo en brazos. Acudió a la clínica, pero se marchó al verla llena de pacientes.
Por la noche volvió a comunicarse. Le pidió verlo la mañana siguiente, que era domingo. El médico hizo una excepción, pese a las alertas de su esposa e hijos. El 20 de diciembre de 2008 atravesó una ciudad desierta no solo por la hora, sino por el terror que ya se vivía en las calles.
Llegó puntual a la cita de las 8:30. Al instante se apareció la mujer con el bebé en brazos, y detrás suyo cinco sujetos armados que lo tomaron con violencia para subirlo a un Toyota viejo, a bordo del cual le tronaron la cara con un golpe de pistola 9 mm.
Intentó guardar la calma. Fue forzado a agazaparse entre los asientos, con los ojos mal vendados. Pese al miedo agudizó el oído para escuchar las indicaciones de los dos sujetos que iban en una Van frente al carro, desde donde los guiaban por radio hasta la casa de seguridad.
MÉDICO que estuvo secuestrado durante cuatro días: “Prometí
no volver a dejarme atrapar”. ITZEL AGUILERA/NW NOTICIAS
Al mismo tiempo contó las calles y los minutos y segundos que tardaban en dar vuelta. Así se formó un mapa mental que más o menos lo ubicó en una zona de la ciudad. Guiado por esa imagen, volvió una y otra vez en busca del único elemento que recordaba: una larga y alta barda color marrón.
“Me tenían en una habitación en donde solo había un monitor de televisión encendido a todo volumen las 24 horas del día, y al otro lado de la pared dos fulanos golpeando día y noche la pared con un marro”, cuenta.
Los cuatro días los vivió tirado en el piso, con vendaje en los ojos y las manos atadas. De pronto iban por él y lo llevaban a otra habitación para sentarlo en una silla. Entonces llamaban a uno de sus hijos para negociar el rescate.
“Me golpeaban mientras hablaban por el teléfono… Yo solo pensaba en que no me lastimaran los ojos y las manos, porque soy cirujano y esas son mis herramientas. Pero nunca pude adivinar de dónde venía el golpe ni dónde me pegaría”.
En algún momento de la madrugada del 24 de diciembre se pagó el rescate. Al amanecer lo subieron a un carro. Durante el trayecto lo mantuvieron con los ojos abiertos a la luz de una lámpara que casi le quema la cara. El auto partió lento, pero no fue capaz de verle ni el color.
“Esto aumenta cuando llegan los militares y los federales a la ciudad. Los secuestros y las extorsiones no se conocían hasta entonces. ¿Qué tenían que ver ellos? Yo creo que mucho”, analiza ahora que brinda el primer relato sobre su secuestro.
Quiso denunciarlo ante la fiscalía, y hasta allí fue un juez a encontrarlo. Se lo llevó al cubículo de un edificio contiguo para pedirle que desistiera porque el personal no era confiable. “Le hice caso: comprendí que hacerlo me haría más vulnerable”, dice.
Ese año y el siguiente cinco médicos amigos suyos fueron secuestrados. Dos de ellos aparecen como las únicas víctimas de homicidio tras pagarse el rescate.
“Desde ese día prometí no volver a dejarme atrapar. No quiero repetir esa experiencia”, dice el médico. “Primero me despacho a uno, aunque me maten. Pero si sobrevivo le aseguro que a mí sí me aplicarían la justicia y terminaría en la cárcel”.
