Discreto y con bajo perfil, Roberto Sandoval presumía hasta hace unos meses los avances en materia de seguridad en Nayarit. Mientras en otras entidades delitos como el homicidio doloso despuntaban, a lo largo de su sexenio disminuyeron de 40 por cada 100,000 habitantes en 2011 a 3 por cada 100,000 en 2016, una cifra que causaba la envidia de sus compañeros gobernadores, sobre todo aquellos que están al frente de las entidades más violentas del país.
Pero la sonrisa se le borró a Sandoval poco antes de terminar su mandato, pues enfrentó dos de los escándalos más duros de su administración: la detención de su compadre, el fiscal Edgar Veytia bajo acusaciones de conspiración para producir, transportar y distribuir droga; y una denuncia interpuesta por políticos de oposición y activistas por enriquecimiento inexplicable.
Sandoval llegó a calificar a Veytia como el mejor funcionario de su gobierno, debido a que mientras estuvo al frente de la fiscalía, los homicidios disminuyeron progresivamente. En 2011, cuando comenzó el gobierno del priísta, se registraron 456 homicidios dolosos, para 2016 la cifra cayó a 39 y en lo que va del 2017 suman 22, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), construidas sobre la base de denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación de la Fiscalía.
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Nayarit logró en los últimos tres años la reducción de casos de homicidios en más de 50 por ciento, mientras que en el contexto nacional este delito ha ido al alza. Lo mismo pasó con otros delitos como el secuestro, la extorsión y el robo que pasaron de los primeros a los últimos lugares. Estas cifras le valieron un honoris causa a Edgar Veytia, pero su reputación quedó sepultada el pasado 27 de marzo cuando fue detenido en San Diego por autoridades estadounidenses.
Las bajas cifras delictivas que le valieron diversos reconocimientos a Sandoval, podrían haber sufrido una manipulación. La mala clasificación de homicidios y el subregistro de los mismos impide conocer la dimensión real del delito, advirtió la organización México Evalúa en el reporte “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva”.
Los vacíos procesales, dice el análisis, inician desde que se interpone una denuncia hasta que se contabiliza la estadística de las fiscalías estatales y entregan al Sistema de Seguridad Pública. Uno de los focos rojos, según México Evalúa, se sitúa en Nayarit, pues durante la administración de Ney González y Roberto Sandoval, se presentaron patrones atípicos en cuanto al registro de homicidios dolosos y culposos.
Las fallas se extienden sobre cifras de extorsión y robo a transeúnte, señaló el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), quien para esclarecer las deficiencias, realizó 54 solicitudes de transparencia a la Fiscalía estatal a lo largo de cuatro años para pedir los datos de al menos 12 delitos, pero sólo obtuvo respuesta de una y fue de manera extemporánea.
“El trabajo de campo y la revisión documental no mejoró la sospecha de que algo fallaba en términos de transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional, quien cuestionó públicamente la metodología y las cifras de delitos en Nayarit.
De las entidades en donde se llevarán a cabo elecciones, Nayarit es el estado con menor claridad en la información pública y estándares de participación ciudadana, según la Métrica de Gobierno Abierto 2017 elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), alcanzando un puntaje de 33 de 100, donde a menor claridad de la información la calificación tiende a cero.
El Índice de Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, ubica a la entidad gobernada por Roberto Sandoval con la mejor posición entre los tres estados electorales de este 2017, pero está a mitad de la tabla a nivel nacional con un puntaje de 50.42.
Secretos a voces
Sandoval, quien durante su campaña se describió a sí mismo como un humilde barrendero de las calles de Los Ángeles, California, pasó de la pobreza absoluta a poseer propiedades millonarias, lo cual fue expuesto en una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un grupo de políticos de oposición y activistas.
Roberto Sandoval presumió en 2012 ante medios de comunicación, el rancho El Ensueño, en el municipio de San Blas, valuado en aproximadamente 40 millones de pesos, afirmando que desde cinco años antes empezó a reunir dinero para adquirir la propiedad. Sin embargo, cálculos de los demandantes, integrados en su mayoría por miembros del PRD, afirman que sus ingresos no alcanzan para comprar la propiedad.
Este no es el primer caso de opacidad en el que se involucra al gobernador nayarita. En octubre pasado, la Secretaría de Desarrollo Rural decomisó un camión con ganado que pertenecía al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y el cual tenía vencido el certificado sanitario. El cargamento se dirigía a Tetitlán, municipio de Ahuacatlán, en el estado de Nayarit, al rancho “El Estiladero”, propiedad de Raymundo Sandoval Castañeda, uno de los familiares del mandatario beneficiado por el gobierno duartista a través de la asociación Unión Ganadera División del Norte, que reportó irregularidades por millones de pesos.
En fechas recientes, otro escándalo político salpicó a Sandoval. Un video difundido en redes sociales en donde supuestamente habla el rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UT), Alejandro Fonseca y narra cómo él y una red de funcionarios influyeron en la designación de candidatos en las elecciones de 2014 y como habrían armado un nuevo plan para hacer lo mismo en los comicios de 2017.
“Si no podemos poner gobernador, que yo creo que sí puede ser Margarita, vamos a poner presidentes municipales y si al rato tenemos 16 presidentes municipales, ocuparán 16 tesoreros, 16 secretarios (…) y ahí nos refugiamos todo el equipo”, se escucha en la grabación. Sin comprobarse la autenticidad de las voces, Roberto Sandoval ordenó el cese y la destitución del rector.
“Las instituciones son de la gente no para la grilla. Estoy atento a la denuncia ciudadana. Cuando hay elementos reaccionaré siempre en apego a la legalidad ”, escribió en su cuenta de Facebook.
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Las redes de funcionarios para supuestamente cometer actos de corrupción se extienden a la obra pública, donde un grupo encabezado por Gianni Ramírez, secretario de Obras Públicas, formaron una especie de fraternidad para apropiarse de proyectos millonarios en Nayarit.
Una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, expuso cómo funcionarios locales han otorgado contratos a empresas que en su momento fundaron ellos mismos, o donde están involucrados algunos familiares por asignaciones mayores a 120 millones de pesos.
El método, según la investigación, se basó en que ellos mismos fundaban las empresas, ellos mismos concursaban, ellos mismos decidían, ellos mismos se quedaban con el presupuesto público. Los contratos que beneficiaban a las empresas que fundaron los firmaban ellos con su puño y letra, y en otras ocasiones lo hacían otros funcionarios que han integrado esta hermandad.
