EL DISEÑO ERA IMPONENTE. Un despliegue de textiles confeccionados para simular la hoja de maíz, o totomaxtle, cubrían el pabellón de 1,950 metros cuadrados instalado por México en la Exposición Universal de Milán 2015. De día se proyectaban sobre ella imágenes alusivas a la cultura del país, y por la noche se tornaba en colores explosivos.

La de Milán, Italia, es la feria más importante en su tipo. Ante ello, la presidencia de Enrique Peña Nieto decidió que México tendría una participación a lo grande. En el pabellón se invirtieron casi 500 millones de pesos a cuenta de ProMéxico, el fideicomiso gubernamental destinado a promover la inversión extranjera directa (IED).

A cuenta del mismo fideicomiso, en octubre de 2013 se había contratado por 195,000 pesos el servicio de coordinación del concurso para la selección del diseño del anteproyecto para el pabellón mexicano, y en febrero de 2014 se le pagaron 765,600 pesos a un testigo social que participó en el procedimiento de contratación del servicio de administración de los servicios de planeación, desarrollo, ejecución, montaje, operación, mantenimiento y desmontaje del mismo pabellón.

No se escatimó en nada. La víspera de la apertura, el 1 de mayo de 2015, Andrea Bocelli brindó un concierto junto al pianista chino Lang Lang. Como representante del gobierno mexicano asistió Idelfonso Guajardo, en su condición de secretario de Economía. Pero el derroche de belleza exhibido dentro del pabellón contrastaba con el malestar de la multitud que se manifestaba en el exterior, indignada por tal gasto desbordante.

Había un propósito, según declaró entonces Francisco González Díaz, director de ProMéxico: fomentar la inversión extranjera directa. No hay registro, sin embargo, de que eso se haya logrado.

Por el contrario, lo que se sabe es que desde ProMéxico se ejercieron millonarios recursos públicos a cuenta de un fideicomiso que hoy —ante la presión en la política exterior y comercial de Estados Unidos, el principal socio comercial— parece a la deriva. Algunas de las empresas con las que trabaja el fideicomiso incluso han hecho eco de los llamados de Donald Trump para cancelar proyectos de inversión en México, pese a haberse beneficiado con dinero de los contribuyentes mexicanos.

LOS CONTRATOS DE LA FE

El gobierno de Enrique Peña Nieto dio continuidad al de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, en cuya administración, el 13 de junio de 2007, se constituyó el fideicomiso público ProMéxico. Este comenzó operaciones en 2008 con el mismo objetivo de atraer inversión extranjera directa bajo un esquema que contempla subsidios a compañías extranjeras que eventualmente generarían empleo. Bajo jurisdicción de la Secretaría de Economía, ProMéxico absorbió algunas funciones del Bancomext.

El Fondo ProMéxico tiene cobertura nacional y su población potencial está conformada por empresas extranjeras o mexicanas constituidas con capital extranjero, interesadas en invertir en México.

Desde 2009, el gobierno destinó recursos del erario para empresas extranjeras o constituidas en México con mayoría de capital extranjero para proyectos productivos multianuales. Los apoyos a proyectos estratégicos de inversión son recursos a fondo perdido, que otorga el fideicomiso para la ejecución de proyectos multianuales que se desarrollen en el territorio nacional y que generan —en teoría— beneficio económico a largo plazo. Bajo ese criterio, una misma empresa puede recibir apoyos por más de un año.

ProMéxico maneja por lo menos tres programas de apoyo y subsidios a empresas privadas. El más cuantioso es el que se destina a las empresas extranjeras. Se le denomina Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, identificado también como U004.

En los lineamientos se especifica que los apoyos son para personas morales de nacionalidad distinta a la mexicana, o para sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. En ambos casos el subsidio será por 5 o 10 por ciento del monto total de sus proyectos estratégicos.

En sus casi ocho años de operación, las beneficiarias de dinero público a través del programa U004 han sido en su mayoría compañías de los sectores automotriz, aeroespacial, alimentos procesados, químico-cosmético y metal-mecánico. Entre estas se encuentran empresas como Ford Company, la firma que en enero canceló la construcción de una planta en San Luis Potosí ante el llamado del presidente de Estados Unidos para que las empresas estadounidenses se alinearan detrás de su política proteccionista.

Incluso, a través de su cuenta de Twitter, Trump agradeció a Ford la cancelación: “Gracias, Ford, por descartar una nueva planta en México y por la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos. Esto es solo el principio de lo mucho que está por venir”.

Fernando Ruiz, director del COMCE; Francisco González, director general de ProMéxico, y Solomon Abudarham, de Latam GDQ Leader, en la presentación de “ProMéxico te acerca a un mundo de oportunidad: siete acciones para el exportador”, en julio de 2016. FOTO: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

DINERO PERDIDO

Entre 2009 y 2010, todavía en el gobierno de Felipe Calderón, a través de ProMéxico se entregaron más de 1,000 millones de pesos (1,112 millones 230,000 pesos) para ser distribuidos de la siguiente manera: a la estadounidense Ford Company, S. A. de C. V. le fueron entregados 467,510 millones de pesos; a Chrysler de México, S. A. de C. V., 21,120 millones, y a Daimler Tractocamiones, S. de R. L. de C. V., 282,140 millones.

Al consorcio alemán Volkswagen, a través de Volkswagen de México, le fueron cedidos 176,600 millones.

A la empresa de aviones y helicópteros Goodrich XCH Luxembourg, B. V. se le entregaron 101,020 millones; al consorcio español Aernnova —a través de sus firmas Aernnova Componentes México—, 17,470 millones, y Aernnova Aerospace México recibió otros 8,740 millones del fideicomiso.

La lista sigue: el fabricante francés de motores aerospaciales Snecma, a través de Snecma México, recibió 12,840 millones de pesos. La también francesa Messier-Dowty México se hizo de otros 12,840 millones, y a la española Turborreactores, S. A. de C. V., se le entregaron 11,950 millones.

El monto de las entregas de capital continuó bajo el mismo criterio. Así, en 2011 se distribuyeron 155 millones de pesos a fondo perdido. Se otorgaron a las empresas Aernnova Aerospace México, Aernnova Componentes México, Messier Dowty México, Daimler Tractocamiones, Volkswagen de México y Turborreactores.

En su último año de gobierno, los recursos que la administración de Felipe Calderón transfirió a empresas privadas a través de ese fideicomiso aumentaron a 250 millones, repartidos entre la estadounidense Chrysler de México, la brasileña Pirelli Neumáticos, la canadiense Magna International, a través de su empresa San Luis Metal Forming, Volkswagen de México, Daimler Tractocamiones, Snecma México y Messier Dowty México.

Ya en la administración de Peña Nieto, los montos del erario transferido a empresas privadas vía ProMéxico fueron aún más elevados.

OPACIDAD DE LOS RECURSOS

A pesar de que la empresa Ford Motor ha sido la principal beneficiaria (en términos de proporción) del programa estrella ProMéxico, el consorcio con sede en Michigan fue de los primeros en hacer eco del llamado del presidente Donald Trump de no hacer más negocios con México. O, al menos, así se interpretó públicamente cuando el 3 de enero anunció la cancelación de una planta en San Luis Potosí; aunque, semanas después, el 16 de febrero, el representante de Ford México dijo que la compañía seguiría sus negocios en el país.

Según sus reglas de operación, una de las obligaciones que tienen los beneficiarios de ProMéxico es crear como mínimo 2500 empleos por proyecto, los cuales se prometieron para la región de San Luis Potosí y que nunca llegaron.

A casi ocho años de que se comenzó a transferir dinero del erario a empresas extranjeras vía ProMéxico, no hay claridad suficiente sobre los resultados directos.

Para hablar al respecto, durante casi dos meses Newsweek en Español solicitó entrevistas con los funcionarios y responsables de esa área gubernamental de la Secretaría de Economía. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

ProMéxico es otro de los fideicomisos gubernamentales que se maneja en completa opacidad. Al respecto, el diputado Vidal Llerenas, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, señala que, frente a los retos que en la actualidad enfrenta la economía mexicana, “es necesario cambiar la política de la Secretaría de Economía” y poner la lupa sobre este tipo de fideicomisos.

La promesa de generar empleos mediante incentivos a la inversión extranjera directa es uno de los argumentos que el gobierno federal utiliza para transferir dinero público a través de ProMéxico. Sin embargo, los resultados no son claros.

“El problema es que los requisitos del subsidio no especifican que los empleos generados sean cubiertos por personas de nacionalidad mexicana o que, por lo menos, hayan realizado sus estudios en instituciones educativas mexicanas, lo que sería muy importante para la transferencia de sus conocimientos a tales instituciones”, considera por su parte Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien está adscrita a la Unidad de Asuntos Hacendarios y del Sector Público. “En otras palabras, si bien los proyectos beneficiados deben haber generado o conservado plazas de trabajo permanentes en el país, no es claro que las vacantes hayan sido ocupadas por mexicanos o por egresados de las instituciones de educación mexicanas, porque ello no está especificado en los requisitos para recibir el subsidio”.

Además, cuando se contrata mano de obra mexicana, los salarios son muy diferentes a los que ofrecen en los países de origen.

“Los empleos creados por tales empresas para trabajadores mexicanos no ofrecen salarios mayores a la media nacional, de tal forma que no es claro que hayan cubierto sus vacantes de alto nivel con trabajadores mexicanos”, explica Rodríguez.

“Por otro lado —agrega—, aunque sí es un requisito la transferencia de tecnología o las actividades de investigación y desarrollo (R&D), Fondo ProMéxico no reporta un indicador específico que permita medir que la transferencia está ocurriendo ni tiene un mecanismo general que lo garantice. Por ejemplo, podría incluir la obligación por parte de la empresa beneficiada de vincularse con las instituciones de educación superior mexicanas de alguna forma, ya sea ofreciendo cursos a los estudiantes de posgrado o incorporando a investigadores de dichas instituciones por lo menos en algunas de sus actividades de R&D, lo cual sería importante porque, lo que se ha visto en la práctica, en el caso de las automotrices, es que la transferencia tecnológica ha sido muy lenta y una evidencia de ello es que apenas este año fue anunciado que se producirá el primer auto mexicano luego de más de veinte años de apertura”.

La construcción de una planta automotriz de Ford luce a medias, en San Luis Potosí, en enero pasado. FOTO: PEDRO PARDO/AFP

FIDEICOMISO ONEROSO

De ser un fondo de promoción para atraer inversión extranjera directa, ProMéxico se ha convertido en una estructura gubernamental que cada año consume considerables recursos públicos: en 2015 costó 1,900 millones 465,200 pesos, y en 2016, 1,380 millones 675,216 pesos. En promedio, 30 por ciento se destina a servicios personales y 60 por ciento a servicios generales, materiales y suministros.

En 2015 sus gastos de operación, sin considerar los salarios, ascendieron a 360 millones de pesos, y en 2016, a 490 millones de pesos.

Mientras en México el presidente Peña decía que había que apretarse el cinturón, ProMéxico incrementaba sus gastos de operación con la apertura de oficinas en el exterior (OREX), la mayoría en Estados Unidos, pero también en Europa, Asia y norte de África. Se trata de una especie de embajadas de negocios, cuyos funcionarios, en términos económicos, reciben salarios y beneficios como si fueran parte del servicio exterior mexicano, aunque sin someterse a los exámenes que, según las normas, se deben hacer al servicio diplomático. Las oficinas en el extranjero se han multiplicado pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a los funcionarios que se abrían sin documentos normativos y sin demostrar que la inversión extranjera directa fuera producto del trabajo de esas OREX.

“Con la revisión del reporte de los montos de las exportaciones y de la IED atraída de las 31 OREX se constató que estas cifras no son consistentes con las reportadas en la base de datos elaborada conforme a la cinta de aduanas de los montos de las exportaciones y de los reportes de IED atraída”, asentó la ASF desde su revisión a la Cuenta Pública 2013, cuando detectó que en la primera recta del gobierno de Peña Nieto se abrieron OREX en el extranjero sin justificación alguna.

Lo anterior limitó la evaluación sobre el desempeño de las oficinas externas en 2013 para medir su contribución al impulso de las exportaciones. En suma, no se contó con mecanismos adecuados para la generación de información confiable, oportuna y suficiente respecto a la gestión pública en el otorgamiento de apoyos y la prestación de servicios para impulsar las exportaciones y atraer la IED.

Dicho de otra forma, las oficinas se abrieron sin un criterio claro y sin tener suficiente información que justificara el potencial para atraer inversión extranjera.

“ProMéxico no acreditó en qué medida se está resolviendo la problemática relativa a revertir el estancamiento de la IED y mejorar la participación en el mercado de las exportaciones; además de no contar con la evidencia para comprobar su mandato de asistir a los exportadores mediante la colocación de productos y servicios en el mercado internacional y a los inversionistas extranjeros a ubicar su capital en territorio nacional mediante la operación de su programa de fomento, como lo establece su Estatuto Orgánico”, concluyó la ASF.

A pesar de ello, siguieron abriendo oficinas y actualmente operan 48 en 31 países. De ellas 15 están en Estados Unidos: Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Phoenix, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco, Seattle, Washington, y tres en Canadá: Montreal, Toronto y Vancouver.

En la administración de Peña, los gastos que han hecho esas oficinas se cuentan en millones de pesos tan solo por gastos de mantenimiento: 107 millones 831,255 pesos en 2013; 136 millones 892,939 pesos en 2014; 181 millones 547,844 pesos en 2015, y 145 millones 590,857 pesos en 2016.

A estos gastos se suman los que genera el traslado de los funcionarios designados. Por ejemplo, en 2015 ProMéxico contrató por 14 millones 500,000 pesos el “menaje de casa por inicio de encomienda, cambio de adscripción o encomienda del personal”.

En esas orex se arriendan oficinas, se compra mobiliario, materiales y útiles de oficina, pero también se arriendan vehículos para los funcionarios, se les paga combustible, alimentos, servicios de telefonía, entre otros. Se gasta también en la contratación de personal local, lo mismo en Estados Unidos, que Casablanca, Corea, París, Pekín y cada una de las 48 ciudades. A ellos, el fideicomiso no les falla.