Un tribunal argentino declaró este martes “inconstitucional e inaplicable” el fallo de la Corte Suprema que redujo la condena a un represor de la dictadura (1976-1983), con el fin de evitar que otro caso se beneficie de la misma medida, informó la Fiscalía.

El tribunal oral federal de San Juan (oeste) desconoció el fallo de la Corte, emitido la semana pasada, con el cual decenas de condenados o procesados en diversas cortes del país por delitos de lesa humanidad podrían pedir una reducción de pena.

La decisión del tribunal de San Juan “puede servir de precedente. Creo que van a haber más pronunciamientos de jueces en el mismo sentido, pero todos estos casos van a terminar nuevamente en la Corte Suprema”, explicó a la AFP Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.

El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena del exagente Luis Muiña -condenado por secuestro y tortura-, fue usado por la defensa del exmilitar Alejandro Lazo sentenciado en 2013 a 10 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, para pedir al tribunal de San Juan el mismo beneficio, que negó este martes.

Aprobado por tres de cinco jueces, el fallo de la Corte Suprema desató el repudio nacional e internacional de organismos defensores de derechos humanos.

Para el miércoles las reconocida organización Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocó a una marcha en repudio a un fallo “que avergüenza” al país y que reabrió heridas y grietas políticas en este país.

En paralelo, esa agrupación impulsa un juicio político contra los tres jueces que también fueron denunciados por prevaricato.

Legisladores oficialistas y opositores buscan aprobar una ley que limite su alcance para excluir los delitos de lesa humanidad.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó el lunes que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

El fallo de la corte permitió aplicar una ley que estuvo vigente en Argentina entre 1994 y 2001, para computar doble cada día que el condenado pasa en prisión preventiva de manera de reducir su condena.

Hay más de 1,000 condenados por delitos de lesa humanidad y otro millar bajo proceso. Las sentencias fueron posibles después de la derogación de las leyes de amnistía por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Ahora unos 750 de los condenados podrían ser beneficiados.