El Juez Juez Tercero de Distrito en Amparo con sede en la Ciudad de México desechó el amparo que presentó Jorge Serrano Limón, presidente Comité Nacional Provida, contra el fallo que lo tiene sujeto a un juicio por presunto peculado de más de 25 millones de pesos aportados por la Federación a organismo civil que encabeza.
El juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda sostuvo que es improcedente la demanda de garantías de Serrano Limón porque en paralelo litigaba la acusación con un recurso de apelación en un tribunal unitario.
El juez argumentó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que la demanda de garantías no procede “cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado”.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta capital le informó al juez Mejía que el pasado 23 de febrero Serrano interpuso la apelación y que el Sexto Tribunal Unitario Penal la resolvería. Al corroborarse que había dos recursos atacando en forma simultánea la formal prisión, el juzgador determinó que era improcedente el amparo.
El presidente de Provida presentó el recurso de revisión, para que sea un tribunal colegiado quien decida en última instancia si le deben o no amparar contra la imputación.
El presidente de Provida fue detenido el pasado 17 de febrero por la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectara “diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos” que el Gobierno Federal le había asignado para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer.
En la indagatoria se descubrió el desvío de 25 millones 764 mil pesos, por lo cual un agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales puso en marcha las averiguaciones previas.
En 2012 Jorge Serrano Limón estuvo sujeto a otro proceso judicial por un peculado de 2 millones 607 mil pesos que el grupo Nacional Financiera le aportara para los Centros de Ayuda a la Mujer, que administra Provida. Sin embargo, fue absuelto de ese cargo tras gestionar un amparo que logró suspender su captura, ya que el delito de peculado no es considerado grave.