Según el índice de Competitividad
internacional 2015 que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), México ocupa el lugar 36 dentro de los 43 países evaluados. El
indicador mide diversos aspectos que, en conjunto, determinan el potencial de
las naciones; algunos ejemplos son los siguientes: Estado de derecho, gobierno
eficiente y eficaz, economía, seguridad para los negocios, homicidios y
delincuencia, entre otros.
La competitividad es un intangible que
resulta fundamental para el progreso económico de cualquier país, pues no sólo
contribuye para la atracción de inversiones, sino para el mejor
desenvolvimiento de los mercados internos. Y escribo que se trata de un
intangible porque no existe un lugar donde ir a comprarla, sino que únicamente
puede construirse con la suma de múltiples elementos de política pública, tales
como la seguridad, la justicia de calidad, los buenos salarios, la mano de obra
calificada, el nivel educativo, la infraestructura, la regulación ambiental,
los derechos humanos y muchos otros más.
Vaya, para ponerlo en términos más
abreviados, solamente gobernando bien; con eficiencia, responsabilidad,
transparencia, vinculación ciudadana, inclusión y visión global, entre otros, se
puede lograr. Es la consecuencia de hacer bien las cosas en el gobierno y como
sociedad.
Y precisamente por eso llama la
atención la posición tan baja que México ocupa, pues nuestra economía, nuestras
industrias y nuestros recursos, todos nuestros activos en conjunto, para nada
están en el nivel 36 del orbe, sino dentro de los primeros 15. Esto significa
que, en términos de competitividad, nuestros gobiernos han venido haciendo la
tarea bajo estándares de calidad muy inferiores, y que no hemos tenido
autoridades que se pongan a la altura del potencial del país. Se trata de una
rutina de mediocridad, la clase política está en deuda con el desarrollo
nacional.
Dentro de las conclusiones que comparte
el IMCO, destaca que la peor evaluación que México obtuvo fue en el rubro sobre
el Estado de derecho, en particular los temas de corrupción y confianza en las
instituciones.
“La corrupción es el enemigo público
número uno…”, así lo definieron los representantes del propio IMCO. Y mire
que no es para menos, pues tanto en este estudio como en otros efectuados
recientemente, se discierne que el costo de la corrupción en nuestro país alcanza
hasta 10 por ciento del PIB nacional.
No sólo se trata de una cifra de
barbaridad por su tamaño, sino de barbarie por todos quienes la ejecutan, pues
equivale a que los ladrones, al retirarse, no dejen ni las bolsas de la basura.
Hipotéticamente, si tomáramos el 30 por
ciento del valor de la corrupción y se lo inyectáramos al crecimiento del PIB,
nos convertiríamos en otro país, ¡en el que más crecimiento económico estaría
presentando a escala mundial! Y bueno, si bien la analogía no tiene aplicación
práctica, sí nos permite darle dimensión al asunto, a la barbarie que nadie
detiene porque a nadie conviene.
Es natural que, ante tal escenario, la
confianza en las instituciones y en los políticos y funcionarios que las ocupan
resulte escasa, pues todos aquellos ciudadanos que acaso no forman parte de la
red de complicidades observan cómo los esfuerzos por combatir el desastre sólo
son cosméticos, es decir, de alto impacto en lo mediático, pero de
implementación simulada. Así funciona México.
Sin el verdadero impulso a las
políticas públicas necesarias para generar las condiciones para el
fortalecimiento de la competitividad, nuestro mercado interno jamás elevará su
productividad, ni las empresas su rentabilidad, y en consecuencia, las
familias. Nuestra estabilidad macroeconómica seguirá siendo un dato para el
anecdotario mientras el crecimiento económico no se genere; desde luego, así
jamás alcanzaremos el principal objetivo: mejores niveles de desarrollo social.
La clase política tiene en sus manos,
como la ha tenido siempre, la oportunidad de dejar atrás la mediocridad y
asumir la estatura que el potencial del país exige; y es cierto que cuesta más
hacer las cosas bien que no hacerlas, aunque supongo que el beneficio vale la pena,
pues la aprobación social y el capital político serían las dádivas inmediatas.
¿Será que se animan?
Amable lector, recuerde que aquí le
proporcionamos una alternativa de análisis, pero extraer el valor agregado le
corresponde a usted.
