Sin hacer mucho eco previo, supimos que México firmó el acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica, que fue ampliamente celebrado por
sectores económicos de alto rango y por supuesto por los diversos titulares del
gobierno.

Sin embargo diversos analistas se han pronunciado en
analizar el término de estos acuerdos ya que 30 años después de la firma del
TLCAN, el balance no es el que tanto se pregonó y nos podría volver a pasar, afirma
un estudio apenas publicado.

Un análisis del Bank of América–Merrill Lynch promovió, en
2013, la mejor noticia para captar inversiones extranjeras en México: por
primera vez, el salario por hora en el país era más bajo que en China; casi un
20 por ciento.

La caída del salario, planteada en el análisis como una
“ventaja”, mostraba que en los últimos 10 años el ingreso de los mexicanos
había contraído tres veces su valor frente al percibido por la población del
país asiático que, en 2003, ganaba un 188 por ciento menos que aquí.

Entrevistado por la agencia Reuters, el economista en jefe
de la firma Bank of America–Merrill Lynch y ex analista de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico), Carlos
Capistrán, dijo que esta caída en los salarios –presionados, explicó, por el
aumento poblacional–, eran una “ventaja competitiva” tan importante que incluso
superaban los beneficios de las reformas de Enrique Peña Nieto.

“Ahora la gente está emocionada con México por las reformas.
Pero cuando me pregunto: ‘¿qué es lo más importante que tiene México en
términos de crecimiento?’ Es el bono demográfico”, dijo Capistrán en la nota de
Reuters.

El comparativo en el nivel de ingresos apareció citado este
año en un artículo que analiza el impacto del modelo de libre mercado en la
calidad de vida de los mexicanos y que plantea que los bajos salarios son una
explicación de la pobreza y la precariedad laboral y, éstas, parte de la
criminalidad que ha convertido el homicidio en la principal causa de muerte
entre la población de 15 a 44 años; es decir, en edad productiva.

Por ese motivo, explica el artículo escrito por la médico
social Asa Cristina Laurell y publicado en International Journal of Health
Services (o Revista Internacional de Servicios de Salud), la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa muestra la punta del iceberg en el que están
decenas de miles de muertes por homicidio y más de 26 mil desapariciones.

“Hay una conciencia cada vez mayor en México de que estos
eventos son el resultado de tres décadas de neoliberalismo, incluyendo el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados
Unidos y Canadá. La razón de esta interpretación es que la adopción del ajuste
fiscal y de reformas estructurales ha destruido la estructura productiva
industrial y agrícola del país, así como sus instituciones sociales públicas”,
dice la introducción del artículo.

“Este proceso ha polarizado a la sociedad entre un grupo
minúsculo de personas muy ricas y una gran mayoría cada vez más empobrecida.
Los más afectados son los jóvenes que no pueden conseguir un trabajo o una
oportunidad para la educación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación han
promovido un individualismo y consumismo al extremo, catalogando a las personas
como ‘perdedoras’ o ‘ganadoras’ con base en la riqueza personal y el poder, en
congruencia con la ideología neoliberal”, agrega.

El artículo revisa lo que la autora denomina las
alteraciones políticas, económicas y sociales que han resultado de los más de
30 años transcurridos desde que, en 1983, México, sacudido por una crisis
económica, aceptó la “receta” del Fondo Monetario Internacional para reducir la
inflación, aplicar reformas estructurales y liberalizar el mercado.

Pero el resultado del ajuste, dice Laurell, fue una
dramática redistribución entre el capital disponible (que aumentó 48 al 64 por
ciento entre 1982 y 1988) y el trabajo (que se redujo de un 42 al 29 por
ciento), una caída del 30 al 40 por ciento en los salarios, aumento en el
desempleo y reducción del 35 por ciento del gasto social.

Entre 1990 y 2012, agrega, si bien el Producto Interno Bruto
creció menos que en las décadas anteriores (sólo un 1.2 por ciento), el
promedio de ingresos como producto del trabajo se estacionó, “lo cual indica
una distribución en el ingreso regresiva”. Los salarios mínimos, mientras,
siguieron a la baja, al caer 26 por ciento entre 1994 y 2014 (5.5 dólares
diarios de finales de marzo pasado).

Otros saldos mencionados son los más de 12 millones de
mexicanos que han emigrado a Estados Unidos y el 58 por ciento de la población
económicamente activa que, para 2014, se contaba en el sector informal.

En ese periodo también, y gracias a las privatizaciones de
empresas estatales a bajo costo, se creó una oligarquía nacional y trasnacional
que ha “capturado” el poder político y debilitado la democracia representativa
a través de un proceso marcado por la corrupción, la represión y la violencia.

El TLC, por su parte, devastó el campo y dejó a los
agricultores en desventaja frente a los subsidiados agronegocios de Estados
Unidos; proceso en el que México se convirtió en importador neto de productos
agrícolas y que culminó, agrega el análisis, en 2008, cuando concluyó la
protección a la tarifa de granos básicos como el frijol y el maíz.

En ese tiempo se expandieron los cultivos de opio y
mariguana y, también, menciona el análisis, la economía criminal empezó a jugar
un papel creciente; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el
control que tenía sobre los cárteles y surgió una especie de narco-Estado. La
infiltración del dinero del narcotráfico en diferentes sectores de un país con
los índices de crecimiento económico más bajos de América Latina da gran
importancia a los giros criminales, lo cual explicaría, dice el estudio de
Laurell, que la guerra contra las drogas no haya perseguido el dinero de los
cárteles.

“La frontera entre el Estado de Derecho y el Estado de
excepción es borrosa. El ajuste económico estructural con la liberalización y
las privatizaciones ha provocado crisis recurrentes, pero ha sido mantenido,
conduciendo a la destrucción de la estructura nacional en favor de las
corporaciones supranacionales, particularmente financieras”, dice el texto.

“La asociación entre la economía criminal y la criminalidad
económica también se discute. La privatización de los beneficios sociales y los
servicios requiere subsidios del Estado que permiten la privatización de las
ganancias y la socialización de las pérdidas. El impacto social de este proceso
ha sido devastador, con una polarizada distribución del ingreso, salarios en
caída, aumento del empleo precario, desigualdad en aumento y violencia
extrema”, agrega.

El título del artículo, comenta la autora en entrevista, fue
decidido a medida que avanzaba con la acumulación de los datos disponibles públicamente
sobre política económica, desigualdad y criminalidad: “Tres décadas de
neoliberalismo en México. La destrucción de la sociedad”

DAÑOS A LA SALUD DE
LOS MEXICANOS

Cirujana, epidemióloga, doctora en Sociología, la
investigadora Asa Cristina Laurell fue también una de las fundadoras del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, entre 2000 y 2006, Secretaria de
Salud del Distrito Federal con el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López
Obrador.

Antes fue coordinadora de la Maestría en Medicina Social de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); disciplina que analiza el contexto
histórico en el que se generan las enfermedades y en la cual está considerada
una de las autoras más importantes en América Latina.

Desde esa perspectiva, en su estudio sobre los 30 años de
neoliberalismo plantea que el aumento en la mortalidad por diabetes y
enfermedades isquémicas del corazón –cuya tasa, cita el texto, aumentó de 46 a
77 por cada cien mil habitantes entre 2000 y 2012 en el caso de la primera, y
de 43 a 67 en el caso de la segunda– son también evidencia del impacto de este
modelo económico en el estilo de vida y en la salud de la población,
caracterizadas ambas por un “estrés crónico” a nivel social e individual, así
como el reemplazo de la dieta tradicional por la comida “chatarra”.

Estos indicadores, agrega el análisis, son los más altos
entre países latinoamericanos con producción nacional similar, como Argentina,
Brasil o Chile. El caso de la muerte por diabetes, especifica el estudio, llegó
a ser hasta cuatro veces más alto que los países mencionados en 2013.

En ese contexto aparecen también las muertes por homicidio,
sobre las cuales el artículo muestra un tabulador en el que se observa que los
asesinatos de hombres aumentaron a más de doble entre 2000 y 2012, al pasar de
nueve mil 442 a 22 mil 986. El impacto, dice, fue sobre todo entre los hombres
en edad productiva, como el grupo de entre 15 a 44 años, cuyas muertes
aumentaron un 160 por ciento al pasar de seis mil 538 a 17mil 54 casos.

En entrevista, Laurell hace notar otro dato que dice
considerar también de alarma y que fue difundido en 2014 por el Colegio de
México en el estudio “El estancamiento de la esperanza de vida en México en la
primera década del Siglo 21: el Impacto de las muertes violentas” y que expone
cómo, después de años de crecimiento, este indicador bajó de 73 a 72 años entre
2000 y 2010; la mitad de esta reducción por causa de la violencia.

“La reversión de la esperanza de vida esencialmente ha
ocurrido en dos o tres situaciones. La primera, durante las guerras, y yo creo
que, independientemente de cómo se llame, claro que en México vivimos una
violencia comparable con la de una guerra; y otra es durante cambios
socioeconómicos muy abruptos, como fue el caso de los países socialistas cuando
cambiaron y asumieron el modelo neoliberal”, dice Laurell en entrevista. “Por
eso le llamé la destrucción de la sociedad”, agrega.

En la conversación, Laurell precisa que ahora es integrante
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) formado por López Obrador.
Pero lo ocurrido en los últimos 30 años en México, dice, no es cuestión de
ideología ni de un “pleito de populistas”.

“Hay todo un proceso comprobable sobre lo que ha pasado en
México, y ahí está; sólo hay que juntar los datos de ese proceso”, comenta.

TPP, EN BENEFICIO DE
FARMACÉUTICAS

En junio pasado, en un artículo de opinión publicado en La
Jornada, Laurell analizó también la poca información oficial disponible sobre
el nuevo pacto multilateral denominado Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (o TPP, sus siglas en inglés) y cuestionó la secresía de las
negociaciones que, escribió, podrían afectar los términos de propiedad
intelectual, específicamente en materia de productos farmacéuticos, impactando
también su disponibilidad.

“…propone ampliar la vigencia de las patentes; proteger los
datos de las farmacéuticas para retardar el registro de genéricos; obstaculizar
la producción estatal de medicamentos genéricos baratos para tratar
enfermedades relevantes; desmantelar las flexibilidades de salud pública en la
legislación internacional; entre otros”, advierte el texto publicado el 4 de
junio en el mencionado periódico.

“El otro tema, ISDS (o mecanismos para resolver conflictos
entre empresas privadas y Estados, o Investor-State Dispute Settlement), no es
menos relevante en el terreno de la salud. Es así porque facilita a las
empresas o corporaciones transnacionales llevar a los gobiernos ante una
instancia de arbitraje internacional privada si consideren que un cambio en la
política nacional perjudica la expectativa de ganancias de su inversión”,
agregó el artículo.
(Con información de SinEmbargo)