GER, ECUADOR.— Cuando uno conoce este pueblo de cien casas y tres calles de tierra y piedras, a más de 3200 metros de altura, en las faldas de la Cordillera de Los Andes, entiende por qué Fredy Lala pudo sobrevivir a una caminata de diecinueve kilómetros en San Fernando, con dos balazos en la cabeza, hasta encontrar ayuda.

Sus habitantes deben haber desarrollado un sentido extraordinario del oído, porque la neblina que anega el pueblo es tan densa que no se advierte nada más allá de tres metros de distancia. Un fenómeno que en fotografía equivale a quemar las imágenes debido al exceso de luz.

Ger ni siquiera aparece en los mapas. Para llegar ahí hay que cruzar cañadas, caídas de agua y el río Cañar. Y luego bordear las faldas de la montaña por una estrecha carretera de terracería durante una hora y media (dieciocho kilómetros) más allá de Ducur, el último poblado con servicios básicos de la parroquia rural de Zhud, en la provincia de Cañar, una de las dos que más migrantes envía a Estados Unidos.

En Ecuador sólo hay dos estaciones al año: en mayo es invierno y época de lluvias (el verano es frío y seco), por lo que el camino está peor que nunca: lodazales, charcos y obras de remodelación que aumentan el riesgo de deslaves. Mientras uno asciende rumbo a las nubes, sólo ve el despeñadero y la flora salvaje, silvestre, árboles enraizados en las piedras y, de vez en vez, cuando la neblina cede, un cielo maravillosamente azul que desconcierta, porque si bien es de día, en alturas tales luce como si estuviera anocheciendo.

Unas vacas echadas en el campo y una indígena cargando varas en su espalda anuncian la proximidad de la comuna, como llaman en Ecuador a los pueblos más pequeños.

Ingresar a Ger es como arribar al castillo de Drácula: un pueblo lúgubre, gris, frío, que se percibe abandonado. Su paisaje es un contraste de humildes chozas de adobe al lado de casas de dos y tres pisos de concreto que los migrantes construyen; casi todas estas casas están vacías. Sobresale un edificio de cinco pisos y vidrios polarizados, como si el dueño quisiera levantar un conglomerado de oficinas para un poblado que oficialmente tiene doscientos cincuenta habitantes y una escuela de educación general básica (primaria y secundaria) con 158 niños, de los cuales tres cuartas partes tienen a sus padres trabajando en Estados Unidos. Si alguno de estos chicos quiere ir al bachillerato, deberá ir en auto, pagar transporte privado o bien caminar horas hasta Ducur.

Tras la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010, los habitantes de Ger tenían miedo de que un día “llegaran Los Zetas y bombardearan su poblado de paz y tranquilidad”. Por eso estaban recelosos y con miedo. Unos días después, la fiscalía estatal envió a unos policías para que vigilaran la entrada al pueblo y a la familia de Fredy Lala, porque el coyote con el que negoció, José Arcesio Vásquez Marín, los amenazó de muerte si lo delataban.

Pasados algunos días todo volvió a la normalidad: Ger sigue siendo uno de los pueblos más pobres del mundo: población indígena que habla quichua, altos niveles de desnutrición, sin dispensario médico, policía, transporte público, drenaje ni telefonía fija. Tan sólo tiene una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, a la que celebran en octubre porque el santo patrono es San Antonio.

Sus campos son poco fértiles y sus cosechas de maíz, frijol, papa o chícharo están subvaluadas. Algunos tienen chanchos y pollos para su consumo; los más afortunados, una o dos vacas. Fredy Lala se dedicaba a la agricultura y a la construcción antes de migrar, por lo regular trabajaba para aquellos migrantes que ante la bonanza decidían construir sus casas.

Olvidado el miedo, hombres y mujeres jóvenes volvieron a migrar al norte. Sonia Lala, cuñada de Freddy, abandonó Ger en abril pasado.

NO HABLAR CON LA PRENSA

Es un día de mayo a las cuatro de la tarde y las actividades han parado. En el ambiente se escucha una caída de agua, el trinar de las aves silvestres —acaso colibríes— y el motor de un camión que viene a la distancia. Apenas se mira un vendedor de pan que, montado en su moto, se mueve entre estos caseríos: Ger, Purvín, Malal, la mayoría habitados por personas de apellido Lala. La gente comienza a salir de su casa, curiosa de que alguien extraño llegue a su pueblo.

De entre los curiosos una mujer se acerca más de la cuenta, es María Angelita Lala Lala (Angelita), la esposa de Fredy desde hace ocho años. Lleva de la mano a sus dos hijas, una de cinco, de quien estaba embarazada cuando Fredy se fue, y una bebé que nació después.

Por una necesidad de privacidad acepta subir con sus hijas al auto de la reportera para hablar, protegida de los curiosos que, dice, inventan cosas. Vinieron de visita al pueblo, pero Fredy se fue a trabajar con su padre, Alejandro Lala Lala. En su ausencia, ella limpia la casa de su padre: una construcción de dos pisos, vacía, sin muebles, que ostenta una hermosa huerta de hierba, palmeras verdes y chanchitos que corren libres por el pasto.

“Dijeron que ya no vamos a necesitar ayuda. Sí necesitamos, pero ya no ayudaron”, exclama Angelita, quien habla español y quichua.

Cuenta que viven en una casa que les dio la Fiscalía en algún lugar. Fredy se despierta con miedo constantemente. Me ayuda a buscarlo en la antigua casa de adobe donde vivían, en el rancho donde trabaja su suegro. Ambos tienen celular, pero en Ger no hay señal.

Hace tiempo dejaron de ser testigos protegidos y de recibir ayuda, pero para ella es mejor así. Ya pueden salir y moverse de sitio. Su hija mayor ya va a la escuela pública.

—¿Qué prefieres?

—Estar bien, tranquila. Más antes me había (sic) de dar miedo. Cuando recién que pasó eso, tenía miedo de salir e ir por ahí.

Su suegro tiene una camioneta con la que trabaja haciendo de taxi. Fredy trabaja en el campo, empacando choclos (maíz).

No quieren que los entreviste, su abogada les recomendó no hablar con la prensa.

¿FREDY ACABÓ CON EL PRESUPUESTO?

Fredy Lala salió de la Ciudad de México el 30 de agosto de 2010 en un operativo especial nocturno, sin cruzar por el área de migración. El entonces subsecretario Salvador Beltrán del Río lo entregó a las autoridades diplomáticas de su país en la camilla del avión-ambulancia del presidente Rafael Correa, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El acuerdo de entrega se concretó al más alto nivel.

México le otorgaba una visa humanitaria, pero él prefirió aceptar la oferta de su gobierno para regresar a su país, que incluía protección para sus padres y sus hermanos (ocho), incluida una nacida en Estados Unidos. Prometieron protegerlo, cuidarlo y darle los medios para rehacer su vida. “Podrá reunirse con los suyos… después del infierno que vivió en México”, dijo el canciller Ricardo Patiño.

Romero Gárate era y es el fiscal de la Provincia de Cañar desde 2007. El caso le cayó desde el primer momento. Tras enterarse de la masacre por la televisión de cable, puso a trabajar a un equipo de fiscales para dar con la familia del sobreviviente de la masacre de Tamaulipas. “Dado que el sobreviviente se llamaba Fredy Lala, por los apellidos me di cuenta de que era de nuestra zona”, dice el fiscal, conocido en su país por su cruzada contra los coyotes y chulqueros (prestamistas).

Para entonces, la familia de Fredy ya había sido amenazada de muerte por el coyote si lo delataban. Finalmente, y con los beneficios que el Estado le ofreció a Fredy, este habló y con su testimonio pudieron encarcelar a José Arcesio Vásquez Marín (dieciséis años de prisión por tráfico de personas de él y Telmo Leonidas Yupa Chimborazo, quien murió en la masacre).

Sin embargo, apenas seis meses después de su retorno a Ecuador, Fredy recurrió a una abogada y a la prensa para denunciar el incumplimiento de lo prometido.

“Fredy estaba recibiendo el beneficio del Estado. Cuando estuvo bajo nuestra custodia se le ayudó a él y a toda su familia, directa e indirecta. Fredy se acabó todo el presupuesto del Sistema de Protección de Víctimas para todo un año y para todas las víctimas del país”, asegura el fiscal.

—¿Por qué Fredy está tan enojado con su gobierno? ¿Lo dejaron solo?

—No. Lo que pienso es que está siendo utilizado.

El fiscal afirma que personalmente estuvo en el lugar de resguardo y pudo constatar que Fredy y su familia lo tenían todo. “La fiscalía cumplió con todo lo que se le ofreció: casa, alimentación, vestuarios, un lugar para que trabaje.” Pagaron los boletos de avión para que sus padres regresaran a Ecuador a reunirse con Fredy.

A decir de Garate, Fredy traía personal de seguridad y a donde se movía iba acompañado por policías.

“Se le trasladaba permanentemente a la abuelita a la otra provincia en donde estuvo, a los papás, a las tías. Todos nuestros carros, camionetas, creo que unos quince días estuvieron sólo a su servicio para trasladar todos los enseres de los familiares hacia el nuevo sitio de protección, animales domésticos incluidos”, dice el fiscal con hincapié, un tanto desesperado, admirado de que no lo parezca.

—No sé por qué Fredy cree en esas cosas. Lo que sí pienso es que está siendo utilizado. Eso sí estoy seguro.

—¿Actualmente es testigo protegido?

—Creo que ya no. No sé si reingresaría nuevamente. Es que ya son cinco años.

—¿Cómo se renueva?

—Se ve de acuerdo al riesgo, con base en el informe que presenta la policía actúa la fiscalía.

—¿Con qué bienes se quedó Fredy?

—Él tiene su casa. Una casa que le dio el Estado.

—¿Usted duerme bien?

—Sí, en medio de las llamadas telefónicas a las dos, tres de la mañana de los coyotes, pero duermo bien.

Garate tiene fama de ser un cazador de coyotes. Su aspecto es el de un dandi de la década de 1950. Delgado, rostro ovalado, cabello cano e impecablemente planchado. Es su logro que la provincia del Cañar aporte el 65 por ciento de las sentencias condenatorias que produce todo el sistema penal de país por tráfico ilegal de migrantes.

Cañar es la segunda provincia en captación de remesas. Recaudó 540 millones de dólares de los 2461 que Ecuador recibió en 2014. Irónicamente es la segunda en cuanto a más alta migración, pobre y rural en su mayoría.

FREDY ESTÁ MAL, DEBEN DEJARLO IR

—Andrea, ellos están aquí.

Constantemente Fredy llama a su abogada a media noche para llorar y pedir auxilio. Vive con pánico y pensando que le persiguen. Sueña que le están disparando.

Desde el juicio contra el coyote se dictaminó que Fredy sufrió secuelas psicológicas permanentes. Sin embargo, y pese al tamaño del trauma, no recibió atención psicológica y sólo le daban aspirinas, refiere su abogada, Andrea Ledezma.

Ella es su representante legal, pero además es la responsable de 1800 Migrante, un despacho especializado en litigios de ecuatorianos en el extranjero, que por lo demás brinda asistencia gratuita a las familias de migrantes desaparecidos. Opera con su esposo, William Murillo, también especialista en migración, quien tuvo un breve paso por el gobierno de Rafael Correa como titular de la naciente Secretaría Nacional del Migrante (Senami).

Un día de 2011 recibieron una llamada: “Soy Fredy Lala. Necesito hablar con ustedes, estoy en tal lado. No tengo ropa, no tengo que comer, no tengo cosas.”

El refugio seguro para él y su familia resultó ser un cuarto de madera en el que vivían trece personas hacinadas, con colchones en el piso. “Nos dijeron: ayúdennos, miren cómo estamos viviendo, peor que animales.”

“Salimos a los medios y revelamos cómo estaban viviendo”, relata la abogada.

La respuesta fue rápida. El presidente Rafael Correa envió a sus cercanos y pronto les entregaron dos casas, una para él y otra para su familia, “chiquitas, cómodas, en un lugar apartado”, describe la abogada Ledezma. Al mes quitaron a la titular de Senami, Lorena Escudero.

Sin embargo, las condiciones de abuso o dolo en contra de Fredy Lala, quien sólo estudió hasta segundo año de primaria, continuaron.

Ledezma asegura que si alguien se gastó el dinero de los testigos protegido no fue Fredy, al que por mucho tiempo hicieron firmar facturas con sobreprecio, lo que constituiría un grave caso de corrupción con los recursos asignados a él y su familia.

Explica que cuando ella llegó, había facturas de ropa, de comida, por 500 o 600 dólares (el equivalente a un sueldo mensual de un trabajador), facturas de ropa de marca. Y él debía firmar para poder recibir la comida, que era sólo despensa enlatada y ropa sencilla.

“Fuimos a los medios a decirle al fiscal: ‘Revise porque ellos no están comiendo tanto’. Dijeron que se habían gastado, en esa época (2011), 73 000 dólares.”

Su condición de testigo protegido le impedía a Fredy, hoy de veintitrés años de edad, salir a trabajar, por eso le llevaban la comida. Un día su hija enfermó y no hubo dinero en efectivo para atenderla. La Fiscalía entonces le otorgó un préstamo de 5000 dólares con los que montó una tiendita. “A él nunca le dieron dinero en efectivo; todo lo manejó la Fiscalía”, aclara la abogada. Pero en ese lugar apartado no había gente que comprara; le dieron cuyes y gallinas, los cuales terminaron por comer, y nunca le dieron la tierra para sembrar, que es lo único que sabe hacer esta familia. Y tener vacas.

Peor aún: los policías que debían cuidarlo se emborrachaban y lo golpeaban. “Pusimos una denuncia para que los retiraran y terminaron por cambiarlos y sancionaron al doctor a cargo de la familia.”

Por consejo de Ledezma, Fredy dejó de firmar, confrontándose nuevamente con la Fiscalía y con la Senami.

En septiembre de 2012 la Fiscalía sacó a la familia ampliada de Fredy del Programa de Testigo Protegido; y en mayo de 2013 lo echaron a él, a su esposa e hijas. La justificación: el nivel de riesgo.

“Yo ya no respondí nada, simplemente empecé a tramitar la visa de Estados Unidos para las víctimas de tráfico ilegal de personas que sufrieron violencia, que hayan agotado todas la estancias y que no estén protegidas en el país de origen”, enumera Ledezma, quien en la actualidad es madrina de las hijas de Lala.

Fredy trabaja hoy cargando sacos de maíz en un mercado por sesenta dólares a la semana, en la construcción ya no puede hacerlo porque sufre de mareos.

A decir de la abogada, la fiscalía y el gobierno de Ecuador sólo reaccionan cuando Fredy sale en los medios. Por eso en abril pasado apareció en CNN diciendo que no le cumplieron y que quiere irse del país. La respuesta llegó de inmediato: le ofrecieron una panadería, que siga estudiando, otra identidad —cinco años después— con tal de que se quede.

Pero Fredy dijo que no. Ya no les cree. Él lo único que quiere es irse a Estados Unidos. Vivir en paz. Piensa que puede hacerlo en un lugar donde no lo conozcan, donde pueda trabajar y le paguen bien. No está negado a que sea en otro país, Canadá o España.

“Se pudo hacer mucho con tan poco con esta familia, si les daban una casa, un terreno grande donde pudieran tener sus vacas. Hubieran gastando bien y sólo una vez. Y, sobre todo, Fredy hubiera podido rehacer su vida.”

La aboga dice que sus temores y miedos no son infundados. En febrero de 2015 supo por terceras personas que unos sujetos extraños —que llamaron la atención por ser negros y altos— anduvieron por la zona el Tambo, también cantón de Cañar, a unos kilómetros de distancia, preguntando por Fredy Lala.

“Sí están con peligro porque la gente los sigue buscando y no sabemos para qué. Él es el único testigo en contra de estas personas (coyotes) y sabemos que existe un juicio en México.”

En su expediente ante el gobierno norteamericano ha solicitado el visado para trece personas. “Estoy mostrando que está realmente desprotegido, que tiene daño con pruebas psicológicas, que tiene familia que estaría corriendo riesgo; y los padres de Fredy tienen una hija americana.”

—¿Fredy podría demandar al gobierno mexicano?

—De lo que me contó, el gobierno mexicano le hizo firmar unos documentos cuando estaba en la clínica y él no sabe qué firmó.

Ha solicitado por escrito al gobierno de Ecuador que le informe sobre el proceso penal que se sigue en México a los delincuentes que atacaron a su cliente y no le han entregado nada. “No le están dando acceso a Fredy como víctima, y eso afecta su derecho a la justicia.”

En los hechos, México debería contactar a la Fiscalía de Ecuador y esta, a su vez, contactarlo a él o a su representante legal. Deberían tener un acuse de recibo de Fredy Lala.

“Una vez envié un correo al embajador de México en Ecuador, en Quito, indicando que soy la abogada de Fredy, que estoy dispuesta a colaborar en cualquier información. Nunca me contestaron.”

“YO NO VIVO AHÍ”

Fredy no regresó a Ger ese día de mayo. No mientras estuve ahí.

Al día siguiente se movió a un lugar donde ya había señal de celular. Respondió sólo para pedir que no lo busquen, que ya quiere dejar atrás todo esto. Es una persona de pocas palabras. Su voz, el hilo delgadito de un hombre exasperado.

Respondió una llamada más para decir en sus escasas palabras que todos en su familia están bien; que no puede seguir hablando; que, en efecto, está tramitando su visa, y que “ya es demasiado”.

—¿Cómo vives?

—No, yo no vivo ahí… otro lado, no vivo ahí no…

No hubo oportunidad de preguntarle qué pasó con los otros dos migrantes, porque él dijo a la prensa en su país que en el grupo iban 76, incluida una mujer embarazada y una niña; qué le pidió el gobierno de México que no declarara; qué pasó en el bodegón donde los atacaron, porque extrañamente no hay huellas de sangre ni de proyectiles en la pared…

Independientemente de si Fredy Lala consigue o no la visa de Estados Unidos, en su vida aparece un nuevo nubarrón y es político, porque si el gobierno de Ecuador lo deja salir exhibiría el incumplimiento de su presidente, lo que representaría un golpe a su credibilidad.

A decir de la abogada, quien años atrás llegó a ser consejera del propio Correa en materia de Migración, el presidente está enterado de todo lo que acontece con su cliente porque ella le ha enviado copias, incluido un video previo a que Fredy Saliera en CNN, en abril pasado. “Yo mandé un video interno de Fredy diciendo: ‘Señor presidente, yo voy a salir a hablar públicamente a decir que todo lo que me ofrecieron es mentira’.”

“Estoy conversando con muchas autoridades ecuatorianas y de la Fiscalía para tratar de buscarles que vayan donde ellos quieren ir: su sueño es ir a Estados Unidos porque sus padres estaban allá ocho o nueve años, ese sueño fue truncado por la masacre de Tamaulipas… no lo veo como un golpe político, sino como una oportunidad para ellos de rehacer su vida. Porque como viven no están bien… acá en Ecuador no lo están, ellos sufren mucho y allá estarán mejor, y si no es Estados Unidos será otro país, ellos quieren salir”, concluye Ledezma.