El próximo 1 de diciembre Enrique Peña Nieto tomará posesión como presidente de México, un país que después de dos sexenios de haber sido gobernado por el Partido Acción Nacional regresa al mando del Partido Revolucionario Institucional para sumar otros seis años a los 70 en los que fungió como partido único.

 

La denominada guerra contra el narcotráfico, que fue puesta en marcha por el actual presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, no solo parece haberle heredado al próximo mandatario la sombra de las miles de víctimas de esta lucha armada, sino que le cede la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma judicial, implementar controles patrimoniales no penales y establecer mecanismos de prevención social y de corrupción política para cubrir los vacíos de Estado que existen y que son los que alimentan a la delincuencia organizada en sus 22 tipos de delitos económicos.

 

Dichas acciones son consideradas por Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, como los ejes fundamentales a través de los cuales el presidente electo debe elaborar e implementar su proyecto en materia de seguridad. En entrevista con Newsweek en Español, el también profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y senior law and economics scholar —investigador principal— de la Universidad de Columbia, nos habla acerca de los retos a los que el nuevo presidente se enfrentará para lograr la paz y la seguridad en el país.

 

A escasos días de que tome posesión, ¿a qué retos se enfrenta Enrique Peña Nieto en materia de seguridad?

 

Lo primero que tiene que entender Enrique Peña Nieto es que los tiempos en los que México fue regido por una cultura política autoritaria, en la que era el presidente y su círculo el que determinaba el curso político de la nación, ya se terminaron, y que, por lo tanto, los grandes acuerdos que tienen que regir las reformas judiciales, las reformas a los sistemas de control patrimonial de hacienda, los sistemas de control de la corrupción y los sistemas de prevención social, requieren de un consenso político entre todos los partidos que debe ser desarrollado en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Si él no se da cuenta de que el poder ya no está concentrado alrededor de Los Pinos de manera monopólica, sino que, al contrario, está muy atomizado y muy fragmentado, los acuerdos políticos y técnicos que van a permitir que las reformas judiciales, de controles patrimoniales y de controles de la corrupción, no se podrán implementar con efectividad en los hechos y solamente quedarán para la historia como un show de leyes escritas; ese es el primer desafío doméstico interno político que tiene el presidente.

 

El segundo desafío más importante que tiene es la elaboración de una nueva política exterior de cooperación internacional que desmonopolice el rol ridículo que tiene Estados Unidos en México; si uno llega a México de otro planeta creería que es una colonia de EE UU, donde lo que dice el embajador es más importante que lo que dice el presidente del Congreso, un embajador, además, empresarial que en otros países sería un cero a la izquierda, en México es una especie de virrey que determina el curso de las políticas de seguridad y demás. México tiene que elevarse por encima de esta postración, en la cual se encuentra monopolizada por su país vecino del norte, el cual tiene una política de seguridad cuyos resultados —y con resultados no me refiero a números de helicópteros, de presupuestos, de policías, nada de eso, sino a resultados en términos de índice de delincuencia— revelan que en EE UU son de tres a cuatro veces superiores a los de la Unión Europea. Debe generar una nueva política de cooperación hemisférica mucho más operativa que vaya más allá de las reuniones de Cartagena y de las reuniones con presidentes, que realmente comience a operar una política de seguridad humana hemisférica que conjugue políticas de seguridad pública basadas en cooperación policial, cooperación de fiscales, cooperación de jueces, e integre las dimensiones de seguridades pública, patrimonial, laboral, sanitaria, ambiental y educativa para conformar lo que se llama una política de seguridad humana de cooperación internacional.

 

Felipe Calderón ha llamado a Enrique Peña a mantener la lucha anticrimen y le ha pedido que persevere en la estrategia que implementó de 2006 a 2012 basándose en tres ejes: la acción de las fuerzas federales, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia y la reconstrucción del tejido social. ¿El próximo presidente debe atender esta petición?

 

No, sería un suicidio político si lo hace, ya que los resultados obtenidos no solo durante su sexenio, sino durante el de Vicente Fox, y yéndonos un poco más atrás, de Ernesto Zedillo, no han cubierto los vacíos de Estado que siempre surgen cuando hay una transición política hacia una democracia y han llevado al país a la postración. Se desmantelaron los sistemas autoritarios previos parcialmente, pero estos no fueron reemplazados con controles patrimoniales y judiciales democráticos acordados políticamente, y en ese sentido, las últimas dos administraciones han sido incompetentes e ineptas para lograr esos acuerdos que te permiten implementar controles de jueces, fiscales y policías democráticamente controlados por los poderes legislativos a través de comisiones legislativas que en México no tienen dientes.

 

Todo ese trabajo de reformas institucionales democráticamente acordadas no se ha llevado a cabo y se han perdido 12 años de la historia mexicana, como claramente lo reflejan los índices de delitos organizados; los 22 tipos de delitos económicos que comete el crimen organizado continúan aumentando sin cesar a niveles sin precedentes en México desde la Revolución Mexicana. Por lo tanto, si Peña Nieto llega a encarar las mismas políticas y continuar con el sinsentido que ha venido intentando implementar Calderón, va a sumir a este país en una postración aún mayor y México va a continuar siendo un pie de página en el continente.

 

Peña Nieto refiere que su estrategia se concentrará en la prevención del delito, el involucramiento de las organizaciones ciudadanas en la definición de acciones para mitigar la violencia y en focalizar acciones para contener la criminalidad. ¿Cuáles deberían de ser los ejes que regirían dicha estrategia?

 

Los cuatro ejes de una estrategia contra la delincuencia organizada son, de acuerdo a todos los estudios científicos que se han elaborado, incluyendo los míos, en primera, una reforma judicial que no nada más quede en papel, en las leyes o en las constituciones, sino que conste de jueces, fiscales, policías y sistemas penitenciarios. El sistema penitenciario de México ha estado divorciado de las reformas judiciales mexicanas has-ta ahora, y necesita urgentemente que produzca resultados que se traduzcan en sentencias condenatorias que se ejecuten a través de un sistema penitenciario efectivo. Hoy en día el 98 por ciento de los delitos, en promedio, que se cometen en México no reciben sentencia porque pasan a la impunidad, ya que el presidente Felipe Calderón no ha llegado ni siquiera a las penumbras de un sistema judicial como el que planteo, de primer mundo, y nos encontramos ante un sistema judicial colapsado.

 

El segundo eje es el de controles patrimoniales no penales, México se especializa en shows y en simulaciones, y se concentra en hablarte de la ley del lavado de dinero cuando la ley de lavado es un tipo penal y el mecanismo más engorroso, más costoso y más difícil de aplicar en un Estado. En países de la UE, Canadá, EE UU y Colombia, es Hacienda la que, a través de sus auditores fiscales, realiza un tsunami de auditorías fiscales a empresas y personas morales con alto riesgo de haber sido infiltradas para detectar flujos patrimoniales que violan las leyes fiscales; y de ahí se deriva a la PGR y a los fiscales, que toman el caso y tipifican la causa penal. Pero el punto es que se comienza con lo fiscal, no necesita el Estado ningún tipo de justificación para realizar auditorías a empresas a través del mecanismo fiscal. En México eso no se hace porque hay un pacto de impunidad, y la mayoría de esas empresas ligadas a esos grupos criminales financian campañas políticas en todos los partidos. El segundo canal de desmantelamiento patrimonial no penal que se utiliza muy seguido en esos países es el de extinción de dominio, una ley que en México está diseñada para nunca implementarse y sin la cual jamás vas a lograr la reducción en los índices delictivos de los 22 tipos de delitos económicos.

 

La tercera dimensión, que caracteriza a los 17 países que han logrado reducir dichos índices y que contienen a los grupos criminales de manera constante, es el establecer mecanismos preventivos de la corrupción política, no de la corrupción policial ni de la corrupción administrativa, sino de la política, la del senador, el diputado, el presidente, el presidente de los tribunales, etcétera. Ese tipo de corrupción en México no se previene, más bien se violan ocho de las 10 cláusulas preventivas de la corrupción política que están en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por México, que es el país latinoamericano, junto con Guatemala, Perú y Paraguay, que más viola esa convención. No hay delincuencia organizada sin corrupción política asociada, no existe.

 

Y la cuarta dimensión es la que a mí más me apasiona porque es la que más anticuerpos a largo plazo te da como sociedad y como Estado para poder enfrentar cualquier tipo de mal social, la de los mecanismos de prevención social de la delincuencia organizada. Estos requieren, además de los talleres de concientización, de las reuniones con sociedad civil, las marchitas y los reportecitos que tanto le gustan a la sociedad civil mexicana, el desarrollo de dos roles importantes. Uno es el rol propositivo de políticas públicas en cuatro áreas de seguridad importantes que en México no se están abarcando: seguridad patrimonial, seguridad laboral, seguridad educativa, seguridad ambiental y seguridad sanitaria, que hagan posible cubrir los vacíos de Estado.

 

Una proposición de políticas públicas tiene que estar materializada en leyes, pero también en medidas prácticas que se tienen que tomar a nivel municipal y a nivel estatal; México tiene más tradición de protesta y concientización, pero no propositiva. Hay leyes de víctimas como las que propuso el señor Javier Sicilia, que además de ser la excepción de la regla, necesitan de capacidad técnica de monitoreo independiente de instituciones como el que hace Internacional Crisis Group, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera. Ese rol de monitoreo está ausente en México, y la sociedad civil mexicana actúa con base a crisis de violencia, o sea, reacciona ante la violencia y, en muchos casos, atomizadamente porque las organizaciones protestan solitas, solitas hacen marchas, pero no trabajan en red.

 

¿Cuán importante resulta la corresponsabilidad y la unidad entre el Estado y la sociedad civil para lograr un verdadero combate al crimen organizado?

 

Esa unidad, que es esencial en los países que han logrado contener este cáncer, requiere no solamente de discursos, sino de actos, pues esa sociedad civil no se va a acoplar al Estado en la medida en que no vea hechos y resultados.

 

Un ejemplo de que la sociedad responde ante un Estado que actúa es el caso italiano. En Italia existe una ley que permite que, cuando el Estado le confisca activos a grupos criminales, esos activos después puedan ser reasignados a redes de sociedad civil para generar fuentes de trabajo para jóvenes y brindarles oportunidades de vida, oportunidades educativas. En Sicilia, edificios que fueron confiscados a la mafia italiana ahora son lugares de trabajo de miles de jóvenes que producen vino y dulces. Acciones como estas hacen que la sociedad civil vea al Estado como más legítimo y que cumple labores públicas al formar parte de una política de generación de empleo para jóvenes en riesgo, lo que permite que para el Estado sea mucho más factible elaborar e implementar políticas públicas más efectivas en corresponsabilidad con su sociedad.

 

Pero si tú simplemente quieres usar a la sociedad civil, lo que provocas es que se neutralice y se transforme en unidades económicas prostituidas por gobiernos de turno en donde estas organizaciones gubernamentales de élite viven de los contratos que les dan los gobiernos y no generan ningún tipo de servicio público; o sea, solo se la pasan escribiendo reportecitos, recibien-do viajecitos a Europa y dando conferencias en hoteles cinco estrellas. Claro, hay excepciones, como el padre Fernando Solalinde, Humanidad sin Fronteras…, pero al estar trabajando atomizadamente sin redes, sin apoyos del gobierno, no pueden trabajar con un gran alcance. Para ello se requiere de una nueva ley de pacificación y prevención social, a través de la cual se le asigne a cada área del Estado un rol específico a nivel federal, estatal y local para trabajar con la sociedad civil en la generación de estos servicios.

 

Cuando la sociedad civil comienza a ver que el Estado hace las cosas de manera adecuada, con datos, hechos, inmediatamente comienzas a ver una reacción de unidad en serio de la sociedad civil en masa, que como un tsunami comienza a apoyar al Estado con medidas concretas para prevenir la delincuencia organizada; de lo contrario va a seguir estando aterrorizada y siendo prebendaria e inútil, que en el mejor de los casos da discursos y concientiza.

 

La posibilidad de llevar a cabo una gran reforma a la ley de seguridad nacional recientemente se discutió entre senadores e integrantes del equipo de transición de Enrique Peña Nieto. ¿Considera que existe la necesidad de modificar la actual política de seguridad para volverla más efectiva?

 

Sí, la necesidad de una reforma de seguridad nacional es inmediata. Tiene que ser una reforma coperniqueana que cambie totalmente el paradigma de seguridad nacional que ha venido siguiendo México, es decir, la ley de seguridad nacional tiene que estar supeditada a una política de seguridad humana.

 

En México la seguridad nacional se entiende a través de leyes anticuadas, tal como se entendía en el régimen de [Benito] Mussolini en Italia, o sea que básicamente tiene una ley de seguridad fascistoide que no tiene un concepto de política pública de seguridad nacional adecuado y, por lo tanto, cuando se habla de seguridad nacional parecería que esas políticas se contraponen a las de derechos humanos y no, son solo una.

 

La seguridad nacional básicamente consiste en la implementación de medidas que afiancen la seguridad del Estado y la estabilidad de las instituciones del Estado, lo que quiere decir que todo lo que atente contra la integridad del territorio, la integridad de las instituciones y la estabilidad de las instituciones del Estado, conlleva a que haya inseguridad nacional. Pero, ojo, el fin y el objetivo de que haya integridad y estabilidad en las instituciones del Estado es ante todo el afianzar la seguridad humana. Si no vinculas la seguridad humana con la seguridad nacional te quedas con una versión autoritaria de seguridad nacional como en los años 1930, 1940 en Europa, en donde afianzaban la integridad del Estado por el Estado mismo dejando fuera al individuo.

 

Las políticas de seguridad nacional en México deben transformarse en políticas de seguridad humana y nacional, vinculado la seguridad ambiental, laboral, patrimonial, educativa y sanitaria que antes mencioné.

 

¿El Plan Mérida debe seguir siendo considerado un eje en el combate al narcotráfico y el crimen organizado para darle continuidad, como lo han expresado la secretaria de Estado Hillary Clinton y la canciller mexicana Patricia Espinosa?

 

No, México debe elaborar una nueva política de cooperación internacional, desmonopolizando ese sesgo que tiene hacia EE UU como si fuese una colonia.

 

El Plan Mérida hasta ahora ha sido un fracaso porque no ha abarcado las cuatro áreas de política pública que mencioné —judicial, patrimo-nial, corrupción política y prevención social—, y al no abarcarlas no ha tenido resultados. El único resultado que cuenta es ver cómo cada uno de los 22 índices delictivos bajan.

 

El Plan Mérida está muerto en muchos aspectos, replantearlo sería como revisitar el infierno; no tiene sentido, lo que hay que hacer es replantear una política de cooperación sin excluir a EE UU como un país poderoso de la región, pero sacándole ese monopolio ridículo que ha teni-do hasta ahora en la definición de estas políticas públicas fallidas implementadas en México y en la región en general. No por nada los presidentes de Latinoamérica y de todo el hemisferio están cuestionando el enfoque Mérida, México no tiene que seguir insistiendo en el fracaso.

 

Peña anunció que el militar Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, lo asesorará en materia de seguridad con la idea de tomar en cuenta la experiencia de ese país para recuperar la paz y seguridad en el territorio mexicano. ¿Colombia tiene algo que enseñarle a México?

 

Bueno, primero tiene que elevar un poco la mira el señor Peña Nieto porque los verdaderos arquitectos de lo que ha sucedido en Colombia no han sido policías, sino estadistas como Luis Camilo Osorio o como el general José Rosso Serrano.

 

Segundo, cuando tú quieres diseñar un nuevo sistema político, el policía no es un diseñador de los sistemas políticos que les permitan elaborar políticas de seguridad humana o llevar a cabo el funcionamiento de las reformas policiales y judiciales; el policía es como un obrero, y vayan mis respetos a la Policía Nacional, al señor Naranjo como policía y a los obreros, pero cuando vas a un edificio y te preguntas quién lo diseñó, no vas a llamar al obrero que construyó la pared, llamas al arquitecto para que te asesore.

 

El arquitecto de las reformas colombianas no fue un policía y, por lo tanto, si él quiere asesorarse sobre lo que ha hecho Colombia y por qué lo ha hecho tan bien, yo llamaría al doctor Luis Camilo Osorio, quien fue presidente del tribunal electoral, fue fiscal general de la república, fue legislador, principal asesor de presidentes, un estadista… Y no quiero quitarle mérito al señor Naranjo, pero compararlo con el señor Osorio es como comparar al arquitecto y al obrero, dos posiciones importantes, pero dos roles totalmente diferentes.

 

México tiene que cambiar su chip mental y salir de ese pensamiento dependiente de a quién le vamos a copiar la fiesta para comenzar a plantearse el generar dentro del país un consenso político necesario para mexicanizar sus reformas y hacerlas endógenas, que surjan de la propia sociedad y del mismo Estado mexicano, tal como fueron las reformas que surgieron después de la Revolución Mexicana, que con todos sus defectos, no estaba mirando hacia Europa o hacia Colombia, sino que fueron los mismos mexicanos los que elaboraron sus mejores prácticas a través de un proceso de consenso interno. No hay que copiar las reforma, sino tener en cuenta qué ha sucedido en los distintos países para que el crimen organizado sea contenido.

 

¿La reciente legalización de las drogas en dos estados de EE UU debe ser un referente para que México se plantee también la legalización?

 

No. Las mejores reformas de regulación ligadas a la marihuana y a otras drogas ilícitas están en Europa, no en EE UU. Aquí hay que aclarar que legalizar no significa que puedes ir a comprar en un negocio heroína, eso no existe en ningún país del mundo; sí puedes comprar marihuana en algunos lugares siempre y cuando estén regulados, como es el caso de los cafés de Ámsterdam, pero estos no están legalizados en un sentido en el que no hay una regulación de la producción y distribución de heroína o cocaína.

 

EE UU está a la retaguardia, es decir, está llegando desde atrás a imitar algunos aspectos que Europa ya viene implementando hace 20 años. Por lo tanto, habría que mirar más hacia Europa para ver cuáles han sido los efectos de las políticas públicas en ese sentido. Allá hay buenos efectos, aunque si bien es cierto que, por ejemplo, la experiencia de Portugal no ha sido 100 por 100 positiva, resulta importante la relación que se encuentra entre el más bajo nivel de consumo y los más bajos niveles de delincuencia asociadas a drogas en Europa; muchas de estas políticas de regulación del consumo, de la producción y despenalización, te insertan inmediatamente en un sistema de salud pública de tratamiento o prevención que hoy en México y en EE UU no existe.

 

Aquí primero hay que construir instituciones antes de comenzar a hablar de legalización irresponsablemente porque, para poder legalizar la producción y la distribución de marihuana, tienes que tener agencias regulatorias del Estado que se aseguren de que la calidad y la cantidad que consumen las personas tenga en cuenta el efecto que producen sobre el cuerpo humano.

 

¿Legalizar el consumo en México sería positivo y frenaría al crimen organizado?

 

Legalizar su consumo en México sería positivo, siempre y cuando los criterios para saber qué estás legalizando estén basados en el efecto que tiene sobre la salud humana cada una de las drogas. Si tienen un efecto muy dañino deben estar profundamente reguladas, restringidas por el Estado, pero nunca penalizado o criminalizar su consumo. Hay un trabajo muy técnico por delante, pero en principio siempre es positivo que se regulen todos los mercados de drogas porque, en la medida en que no están regulados por el Estado para determinar quién y cómo puede producir y distribuir y quién puede consumir, existe un vacío que lo cubren los grupos criminales…

 

Ahora, hay que entender que el hecho de que regules y legalices el consumo no va a hacer que desaparezca la delincuencia organizada mexicana. Lejos de eso, la experiencia internacional dice que estos grupos criminales se diversifican, y lo que alimenta el tamaño de las organizaciones mexicanas es la corrupción local, la corrupción política, que son las causantes de una cantidad de delitos enormes y diversificados.

 

¿Qué principios debe seguir el gobierno de Peña Nieto para lograr reducir los niveles de violencia y que su estrategia de lucha contra el crimen organizado sea efectiva?

 

La delincuencia organizada no se dedica en principio a matar gente, ese no es el negocio de ellos, su negocio es comprar y vender personas, órganos, migrantes, drogas, armas, automóviles, cigarrillos, créditos, etcétera. Entonces, cuando tienes un Estado fuerte como el americano o el francés, ellos se dedican a eso, no a actividades predatorias. Pero cuando tienes un Estados débil como el sudanés o el mexicano, además de hacer negocio en esas áreas, se dedican a delitos violentos.

 

Para reducir las actividades violentas, y no en un sentido de homicidios nada más, sino de violencia en un sentido general —patrimonial, psicosocial, laboral, física, etcétera—, tienes que fortalecer a las instituciones de control del Estado porque los grupos criminales que se enfrentan ante estados fuertes inmediatamente se dedican a actividades menos predatorias y más económicas. El homicidio nunca debe de tomarse como indicador de fortaleza o debilidad de la delincuencia organizada, puedes tener pocos homicidios con la delincuencia organizada más fuerte del planeta como en Rusia, o puedes tener muchos homicidios con delincuencias organizadas débiles.

 

Una de las propuestas del próximo presidente de México es crear una Gendarmería Nacional integrada por 40 000 efectivos, incluidos militares y un mando civil, que sustituya al Ejército en su ofensiva al crimen para enfrentar el problema del narcotráfico y disminuir los índices de homicidios, secuestros y extorsiones. ¿Su creación sería un acierto?

 

La mejora en el funcionamiento de los sistemas judiciales no pasa por más represión, sino por generarse políticas que implementen una mejor coordinación entre los eslabones del sistema. Estas políticas se deben elaborar no a través de un nuevo cuerpo represivo, que hoy en día viola 58 derechos humanos de manera sistemática en México, sino de un cuerpo judicial que genere mayor confianza entre la población.

 

¿Qué debe aprender Peña sobre lo ocurrido durante el sexenio que está por terminar?

 

A no ser arrogante, a elaborar políticas públicas con acuerdos en todos los partidos y fuera del ámbito de Los Pinos, o sea, llevar el corazón de la democracia a donde debe de estar, que es el Congreso, a los congresos locales con todos los partidos representados, que es donde se elaboran los acuerdos.

 

Hacer democracia no es una cuestión de discursos, sino una cuestión de hechos, de actos. Democracia es generar acuerdos en el Congreso a tiempo completo y traducirlos en políticas públicas que se puedan implementar, algo que en la experiencia de la administración de Calderón ha sido pésima, como la del señor Fox.

 

También tiene que ser consciente de que la cooperación monopolizada con EE UU no ha dado resultados y que la delincuencia organizada es un problema internacional, transcontinental, como lo demuestra el que hoy en día los grupos criminales mexicanos operan en 58 países del mundo. El esquema de cooperación internacional debe expandirse más y hacerse más operativo porque el cooperar no significa hacer reuniones y simposios o darse abrazos entre presidentes, es llevar a cabo trabajos prácticos entre fiscales, jueces, policías, sociedad civil, secretarías e instituciones de todo el mundo.

 

Hay mucho por hacer, pero primero debe darle la vuelta a esto y aprender de los fracasos anteriores para apartarse de las fallidas políticas previas.