El diputado por el PRI, David Nájera Moreno, puso en duda los resultados de la auditoría practicada al Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) y exigió que la denuncia penal contra Arturo Solano por el presunto desvío de 15.7 millones de pesos de esa institución se discuta también en la Comisión de Gobierno.
“Tiene que pasar, obligadamente. No es que nos guste o no nos guste. La Comisión de Vigilancia tiene una responsabilidad, no es el órgano oficial para dar a conocer los datos y aquí tiene que primero conocer la Comisión de Gobierno, luego pasarse a la contraloría del Congreso del Estado para que vean si existen elementos suficientes para poder acudir a la Fiscalía. Si existen, entonces es el Congreso el que tiene que acudir a la Fiscalía”, señaló Nájera Moreno.
El priista aseguró que solo los diputados de la Comisión de Vigilancia conocen la auditoría que realizó el despacho Candelas Sucesores, S.C. También pidió que se sancione al presidente de ese grupo legislativo, el panista Jaime González de León, porque -acusó- no ha informado en qué condiciones se contrató a ese despacho.
“No tengo conocimiento de la supuesta auditoría. Y luego, también habrá que ver si es una auditoría que está solicitada de manera oficial o es a título personal.
“Aquí el diputado está incurriendo en una responsabilidad, Jaime (González). Tiene que darle a conocer a la instancia que corresponde para poder hacerlo oficial. A la Diputación Permanente no le ha notificado nada, o sea, nosotros oficialmente no tenemos nada y, según lo que tengo entendido, a la Comisión de Gobierno tampoco le ha notificado nada. En consecuencia, es un acto totalmente personal. Ni a la bancada (del PRI) ni a su bancada de Acción Nacional le ha notificado oficialmente”, comentó.
En entrevista telefónica, González de León confirmó que no ha enviado la auditoría a ninguna bancada, pero justificó que el Revolucionario Institucional tiene representación en la Comisión de Vigilancia a través de la diputada Citlalli Rodríguez.
Incluso señaló que los resultados de la auditoría no se enviaron a la Comisión de Gobierno, que preside el vicecoordinador de su bancada, Guillermo Alaniz, porque la decisión de dar a conocer los resultados a los medios correspondía a la Vigilancia.
“No significa que no se les vaya a hacer del conocimiento (…) No se pasó a la Comisión de Gobierno porque (…) quería tomar la decisión de si se hacía la rueda de prensa o no, si se presentaban o no las denuncias y es un tema que atañe a la Comisión de Vigilancia”.
Será esa comisión, adelantó, la que denuncie penalmente las irregularidades ante la Fiscalía General la próxima semana.
“Es un tema que va a ser seguramente la semana que entra, porque estamos cuidando todos los detalles. No queremos que la Fiscalía nos diga: así no te lo puedo recibir porque tiene que cumplir con estos requisitos, esta documentación. Entonces, estamos trabajándola para que se presente”, indicó.
De admitirse la denuncia, Arturo Solano sería procesado bajo el Sistema Acusatorio que pone la carga de la prueba en el Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía deberá investigar y comprobar los desvíos que consigna el informe de Candelas Sucesores.
Sobre la contratación del despacho, Jaime González explicó que su comisión aprobó solicitar la auditoría externa y ordenó al Osfags contratarla, de modo que fue el propio ente fiscalizador -entonces con Noel Antelmo Carrillo como encargado de despacho- decidió a qué empresa contratar.
Finalmente, el panista aseguró que acatará cualquier sanción que el Congreso decida imponerle.
