La disparidad en la forma de operar de la justicia venezolana aumenta, mientras Leopoldo López, líder opositor venezolano cumple 1000 días en prisión, Nicolás Maduro se blinda de un juicio que podría fincarle diversas responsabilidades en su gobierno.
López purga una condena de casi 14 años en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de incitar la violencia durante las protestas contra Nicolás Maduro en donde murieron 43 personas.
Desde hace meses, la iglesia católica emprendió diversas actividades para facilitar el diálogo en curso entre el gobierno de Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Sin embargo, el partido de López, Voluntad Popular rechazó el pasado 13 de noviembre los términos de los acuerdos entre el gobierno y la oposición. Sus integrantes, pidieron reactivar un “juicio político” parlamentario contra Maduro.
Pero la justicia venezolana tiene previsto otro futuro para Maduro, ya que prohibió al Parlamento de mayoría opositora, realizar un juicio sobre la responsabilidad del Presidente en la crisis del país, por considerarlo ilegal.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “ordena a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar con el pretendido juicio político”, precisó un fallo publicado este martes en la página oficial del órgano estatal.
La sentencia fue difundida tres días después de que el gobierno y la oposición acordaron en una mesa de diálogo, auspiciada por el Vaticano, trabajar por la independencia de los poderes públicos y resolver la situación de desacato en que se encuentra el Parlamento por decisión del TJS.
El lunes, la oposición dio por terminada una tregua que concedió a Maduro en el marco del diálogo para resolver la crisis, y dijo que retomará, en paralelo a las negociaciones, la estrategia de presión que lanzó contra el gobierno tras la suspensión, el 20 de octubre, de un proceso de referendo revocatorio con el que buscaba sacar a Maduro del poder.
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó esa decisión tras una lluvia de críticas de sus integrantes por no lograr en la mesa de diálogo el compromiso de reactivar el referendo o un adelanto de elecciones como salida a la crisis.
La MUD había suspendido un marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores, prevista para el pasado 3 de noviembre, según dijo por solicitud de la Santa Sede, que acompaña el diálogo junto con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Al fallar sobre un recurso de amparo de la Procuraduría, la justicia prohibió también “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
Además de la movilización, los opositores postergaron un juicio parlamentario para establecer la responsabilidad de Maduro en la crisis política y económica, y declararlo en “abandono del cargo”.
Pero el fallo de la Sala Constitucional recordó que el juicio político no está contemplado en la Constitución y que en todo caso las decisiones del Legislativo son nulas tras haberlo declarado en desacato en agosto pasado por juramentar a tres diputados opositores, cuya elección fue suspendida por acusaciones de fraude del oficialismo.
Con información de AFP
