Recientemente, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una reforma constitucional para incorporar la figura de “Obra Pública Financiada” en la Constitución Política local, a fin de comprometer recursos públicos de manera plurianual para proyectos de infraestructura.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes, planteó los puntos positivos y los posibles riesgos de este esquema de financiamiento. Si bien este modelo garantiza la conclusión de obras a largo plazo, también representa la posibilidad de una mala optimización de los recursos.

“Por un lado, me parece muy bien que existan este tipo de proyectos en los que se contrate obra pública de largo plazo y se comprometa a los demás gobiernos a terminar de pagar esa obra, pero también hay una limitante en el sentido de que le estás quitando recursos a los demás gobiernos para desarrollar su propia infraestructura” señaló.

La economista señaló que con este financiamiento, proyectos que tardaron varias administraciones en concluirse, como el Hospital Hidalgo, hubieran tenido una mayor continuidad. Incluso, casos como el Hospital de Pabellón de Arteaga, que se mantiene en obra negra, no se verían en estas situaciones.

No obstante, también subrayó la necesidad de que exista un organismo en el que tanto servidores públicos como integrantes de la iniciativa privada, ambientalistas, especialistas y académicos, evalúen la factibilidad y necesidad de las obras que requerirán de este modelo, previo a su aprobación. 

“En términos generales, me parece bien la obra pública financiada pero se tendrían que establecer mecanismos de control; establecer plazos, montos máximos, cómo se va a dar la transición en obras transexenales, además de analizar con profundidad en qué proyectos se utilizará” sugirió.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Aguascalientes ni el Gobierno del Estado han anunciado algún proyecto de infraestructura que vaya a ser financiado con este esquema.