Jaime Bonilla, senador de Baja California y ex gobernador de la entidad será citado por la Fiscalía General del Estado (FGE) Baja California como parte de la investigación por el delito de peculado en el contrato de la planta fotovoltaica.
Durante la conferencia mañanera la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade informó que están esperando los tiempos legales, y estarán llamando a testificar a los responsables de este delito contra el Estado, así como el responsable del homicidio en contra de la periodista, Lourdes Maldonado.
Por parte de la gobernadora, aseguró que ante la falta de fuero no existe impedimento para que sea llamado por las autoridades.
“No es que se vayan a retomar, las denuncias ahí están en cuanto al tema de la fotovoltaica particularmente. Básicamente por el cuidado de los recursos de las participaciones federales que se encuentran comprometidas que se encuentran comprometidas por un proyecto que no se realizó en su momento y que no se va a realizar porque no tiene permisos del gobierno federal”.
Y añadió, “Hicieron un contrato de miles de millones de pesos comprometiendo las participaciones federales del Estado para un proyecto que no estaba autorizado por el gobierno federal… La diferencia es que ahora sí se va poder citar a esta persona, que por cierto quedó en sexto lugar el pasado domingo, porque en quinto quedaron los votos nulos y a partir del 1 de septiembre podrá ser citado, porque fue pero con fuero, andaba escondido”.
José Pons, secretario jurídico en Baja California, acotó que en 2022 se interpusieron diversas denuncias en contra de Jaime Bonilla y otros colaboradores de su administración por el tema de la planta fotovoltaica la cual no se llevará a cabo porque no existen las autorizaciones correspondientes.
Este proyecto dejó una deuda de 12, 000 millones de pesos por lo que el gobierno de Marina del Pilar interpuso una denuncia en contra de Bonilla a quien se le citó en agosto de 2022, sin embargo, antes de que acudiera a la cita el Tribunal de Justicia Electoral en Baja California le permitió retomar sus actividades como senador, por lo que no pudo ser juzgado por contar con fuero federal.
Los delitos por los que se le están acusando son: uso ilícito de atribuciones y facultades, así como el delito de peculado, que tienen una pena de entre 12 y 16 años de prisión. N
