En el conflicto por el agua en México existen varios contendientes: contaminación, privatización y negocio, versus desarrollo sostenible y respeto al derecho humano por un bien común: la sustancia líquida sin olor, color, sabor que se encuentra en la naturaleza. Desde la sociedad civil se busca el consenso y el diálogo. Y es que, según los expertos, existen alternativas sostenibles, racionales e integrales frente a una explotación abusiva de este preciado recurso natural.

La iniciativa de la Ley General de Agua (Ley Korenfeld) aprobada en comisiones el pasado 5 de marzo por el PRI, el Partido Verde Ecologista y el PAN tiene muchos detractores. Para estos, la normativa solo busca privatizar el agua en beneficio de las industrias extractoras, a la vez que en detrimento de la población, sobre todo las comunidades indígenas. Por ello su objetivo es frenarla.

Somos 75 por ciento agua. En este planeta sin agua no podríamos vivir más de tres días. En México, desde 2012, la Constitución establece el acceso, disposición y saneamiento del agua para uso doméstico y consumo personal en forma salubre, asequible y suficiente. Algo que corre peligro en caso de aprobarse la Ley Korenfeld, llamada así porque la redactó David Korenfeld, quien presidió el consejo Directivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México.

Lo que hay detrás de la ley

La organización de red de comunicadores “Boca de Polen”, alerta sobre lo que se esconde detrás de esta normativa: “El despojo, la privatización, así como la construcción y operación de megaproyectos que no fomentan un desarrollo sostenible ni el reparto equitativo del agua. Para satisfacer las crecientes demandas hídricas de toda la población del país y garantizar el cumplimiento de sus derechos, existen otras alternativas más conscientes, más dignas y pensadas para el buen vivir”, aseguran.

Un punto de vista que difiere radicalmente del de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, para quien “la iniciativa de la Ley General del Agua asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad, lo que de ninguna manera significa privatizar el agua”.

Beltrones, además, insiste en que la ley propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas.

Daniel Vázquez Valencia, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cree que la privatización del agua es parte del proceso de extracción que ha generado todos los conflictos con las comunidades indígenas en México. “Están detrás de ello empresas mineras, empresas de extracción de gas, empresas de extracción de hidrocarburos, amén de que esto está muy relacionado con la reforma energética, y es que para realizar el fracking (técnica para la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo) se necesita mucha agua y en el norte del país hay hidrocarburos, pero no agua, por lo que bajaron el estándar de acceso al agua por persona y por día, de cien a cincuenta litros sin considerar la calidad”, relata Vázquez Valencia.

Asimismo, a la pregunta ¿aprobar este tipo de leyes que favorecen la industria es una práctica habitual en México?, el académico responde que sí. “Lo es, sin duda, desde la década de 1980, por el modelo de exportación de materias primas. Si bien esto pasó en toda América Latina, se ha hecho más evidente en México de manera reciente porque apostamos en un inicio por el modelo maquilador, por eso el impulso por mantener un salario más bajo que el de China, cosa que hoy es así. Pero una vez que se dieron cuenta de que es insuficiente, regresaron al modelo de explotación de recursos naturales”.

Un modelo que utilizaría, entre otras cosas, los trasvases de aguas nacionales de una cuenca a otra con la que no existe conexión natural, con los consecuentes efectos negativos para el medioambiente y para la sociedad.

La sociedad civil alza la voz

En el mismo sentido, Robin Perkins, coordinador de la campaña Detox de Greenpeace México, señala que la aprobación de esta ley tendría consecuencias “desastrosas” para el país, para la sustentabilidad energética de México y para la población en conjunto. “Desde las industrias se podrían seguir contaminando los ríos mexicanos con total impunidad. Y en México un 70 por ciento de los ríos ya están contaminados y esto solo podría empeorar con la técnica del fracking”, alerta el experto.

La ley, tal como está redactada, es demasiado laxa y permisiva. Mediante el sistema de concesiones podría dejar sin agua limpia a muchas comunidades.

Según la organización ambientalista, “la normativa está pensada para favorecer la industria por encima de la gente, a legalizar la contaminación, a propiciar todavía más la privatización e impulsar la criminalización de la investigación independiente, como la que ha hecho Greenpeace en el pasado”.

Gracias a los esfuerzos de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, de la que forma parte Greenpeace, se han reunido más de 110 000 firmas en una petición ciudadana a través de Avaaz.

“En Greenpeace pedimos más regulación, que se retire el dictamen, que se escuche a la ciudadanía y que el gobierno investigue las industrias. Que estas sean transparentes y enseñen la lista de químicos que utilizan. No se puede permitir que usen sustancias tóxicas. Hay químicos peligrosos que se acumulan en el ecosistema y en el cuerpo. Así como está la ley, es legal seguir contaminando”, agrega Perkins, que ofrece unas cifras alarmantes: se necesitan entre nueve millones y veintinueve millones de litros de agua en un pozo para el fracking, y en el proceso se utilizan químicos peligrosos que pueden tener efectos muy nocivos para la salud.

Pero no todo está perdido, con diálogo y consenso las multinacionales podrían adherirse a la campaña Detox y ser industrias “verdes” respetuosas con el medioambiente y con una política de cero descargas de químicos. Porque, como bien señala Perkins, “el agua es un bien común y hay que reconocer el derecho al agua para todos”.

El pueblo amenazado
por la presa

De todo lo anterior sabe mucho Guadalupe Espinoza, asesor legal del colectivo de abogados de Jalisco que asesora legalmente a la localidad de Temacapulín (Altos de Jalisco), amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo, obra de una empresa con capital español. Según él, la privatización del agua se inició con una maniobra política de “los gobiernos neoliberales antes de 1982 y ha continuado con el PRI y el PAN”.

Para el jurista lo peor es convertir el agua en mercancía. “Si ya tenemos problemas con el agua para su uso humano (sic), con esta ley se encarecería y dejaría de ser un bien público para convertirse en algo privado”. Además, añade, “se criminalizaría la protesta social, lo cual es muy grave”.

En el caso de Temacapulín, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la cortina de la presa llegaría a tener 105 metros (haciendo caso omiso a lo emitido por la SCJN), ya que, de no ser así, Guadalajara se quedaría sin agua. Pero, en ese caso, el pueblo quedaría inundado.

Espinoza comenta que el caso de Temacapulín no es el único, pues lo mismo sucede con resoluciones en San Luis Potosí, con la Minera San Javier, y otros sitios donde hay veredictos de la SCJN que no se cumplen. Y añade que ya están tomando acciones, como una carta que los pobladores enviaron a la Suprema Corte en la que denuncian que están violando sus derechos. “Además, pensamos también recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque ya se está agotando el principio de civilidad jurídica de los órganos encargados de impartir justicia en México”, afirma en entrevista telefónica.

Otros casos conflictivos son los de los acueductos de El Realito en San Luis Potosí, Lomas de Chapultepec en Acapulco, Agua Futura en Durango, Paso Ancho en Oaxaca, Independencia en Hermosillo y Monterrey VI.

Lo que queda es la lucha en contra de la desposesión de las tierras de las comunidades indígenas y campesinas. Ya están organizados, en concreto, por medio del derecho a la consulta. De este modo, asegura David Vázquez de Flacso, “rápidamente salió la sociedad organizada en espacios como el de Aristegui, recientemente censurado. Sin embargo, la reacción gubernamental, en palabras de Manlio Fabio Beltrones, fue poco prometedora: detener la discusión de la Ley hasta que ‘los de lento aprendizaje’ la entiendan y comprendan que no es privatizadora. Parece que el objetivo no es abrir un diálogo, sino esperar un momento más propicio para aprobarla sin cambiar nada”.

La pregunta, pues, es inevitable: ¿Después del agua qué seguirá: la privatización del sol y el aire?