La nueva CURP biométrica de Claudia Sheinbaum desata controversia: vigilancia, exclusión y riesgos de seguridad

a Clave Única de Registro de Población (CURP), usada desde 1996 como identificador administrativo, dará un giro radical a partir de una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aprobada en junio de 2025, esta transformación convierte la CURP en un documento biométrico obligatorio que incluirá imagen facial, huellas dactilares y escaneo de iris, almacenados en una Plataforma Única de Identidad.

El gobierno federal asegura que se trata de una herramienta moderna que fortalecerá la seguridad, agilizará trámites y permitirá localizar personas desaparecidas. Pero el anuncio ha detonado una intensa polémica. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y expertos en vigilancia digital denuncian que se trata de una medida desproporcionada, sin controles independientes y con potenciales consecuencias graves para la privacidad y seguridad ciudadana.

UN PADRÓN BIOMÉTRICO DESDE LA INFANCIA

La nueva CURP no distingue edades: será obligatoria desde la infancia hasta la adultez. La información recabada se integrará en un sistema interconectado con instituciones públicas y entidades privadas, lo que amplía los puntos de acceso y, con ello, las posibles vulnerabilidades.

“La CURP ya era el número de identidad desde hace tiempo. Es para construir un país seguro, en paz. No es cierto que se esté espiando a nadie”, así fue como Claudia Sheinbaum defendió la medida.

Sin embargo, colectivos como los de madres buscadoras rechazan esa justificación. El pasado 2 de julio, protestaron ante el Congreso con pancartas que decían: “Espiar no es buscar”. México tiene actualmente más de 114,000 personas desaparecidas, y las familias denuncian que esta base de datos no garantiza su localización ni su seguridad.

“Esto nos pone en mayor riesgo, porque podrán saber dónde estamos, qué hacemos, qué compramos. Hay madres buscadoras que han sido asesinadas”, advirtió María Salvadora Coronado, activista que busca a su esposo desde 2011.

UN SISTEMA VULNERABLE EN UN CONTEXTO DE CORRUPCIÓN

La preocupación central de los expertos es que un sistema tan amplio y sensible se implemente en un entorno sin garantías institucionales. Santiago Narváez, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advierte que México no está preparado: “La centralización de datos biométricos se da en un contexto de alta corrupción, filtraciones frecuentes y falta de controles independientes”.

En abril de 2025, se reveló la venta en internet de una megabase con más de 700 GB de datos fiscales, bancarios y de salud de ciudadanos mexicanos. “Y, a diferencia de una contraseña, si se filtra tu iris o tus huellas, no puedes cambiarlos. Es un riesgo permanente”, señala Narváez.

Además, el uso obligatorio de la CURP para acceder a servicios públicos y privados implica que cualquier oficina o empresa con acceso se convierta en un posible foco de ataque o mal uso de los datos.

SIN CONTRAPESOS INSTITUCIONALES

Otro punto crítico es la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), órgano autónomo que antes garantizaba la protección de datos personales. La nueva oficina que asumirá esa función depende directamente del Poder Ejecutivo y carece de autonomía, recursos y facultades sancionadoras, lo que abre la puerta a posibles abusos sin consecuencias.

A ello se suma la aprobación paralela de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite el acceso a datos fiscales, de salud y telecomunicaciones sin orden judicial, por parte de la Guardia Nacional y el Ejército. Para organizaciones como Artículo 19 y R3D, esta combinación representa una nueva arquitectura de vigilancia estatal sin contrapesos democráticos.

¿ES ÚTIL PARA ENCONTRAR DESAPARECIDOS?

Desde una perspectiva internacional, la medida también genera inquietudes. Florian Huber, de la Fundación Heinrich Böll en México, cuestiona su efectividad: “Decir que sirve para buscar desaparecidos es problemático, porque ese delito implica ocultamiento, no trámites administrativos”. En entrevista con DW, subrayó que la medida no cumple estándares mínimos de legalidad ni proporcionalidad.

Huber identifica cuatro riesgos principales:

Falta de regulación clara.
Vulnerabilidad ante ciberataques.
Riesgo de suplantación de identidad en un entorno de corrupción.
Altos costos de implementación sin garantías claras de seguridad.

“Lo mínimo indispensable sería exigir orden judicial para cada consulta, identificar qué funcionario accede a la base y publicar reportes regulares sobre su uso”, afirma.

COMPARACIÓN REGIONAL: MÉXICO ENTRE LOS MÁS INTRUSIVOS

Mientras países como Argentina, Brasil, Colombia o Perú han avanzado en identificaciones biométricas, su implementación suele ser voluntaria, restringida a ciertos trámites y sujeta a auditorías externas. En Uruguay, por ejemplo, los datos biométricos solo pueden recolectarse con consentimiento expreso.

México, en cambio, apuesta por un modelo obligatorio, masivo y altamente centralizado, convirtiendo a la CURP biométrica en una de las bases de datos de identidad más ambiciosas —y polémicas— de América Latina.

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Más allá de la vigilancia, los expertos también advierten que el sistema podría derivar en exclusiones. Personas mayores, cuya huella dactilar se ha deteriorado, ya han reportado problemas para identificarse digitalmente, lo que podría implicar negación de servicios de salud, pensiones o apoyos sociales.

“En un país con limitaciones de conectividad, infraestructura digital deficiente y amplias brechas tecnológicas, las fallas en el sistema podrían afectar gravemente a los sectores más vulnerables”, advierte Narváez.

La CURP biométrica ya es una realidad legal. Lo que falta por definir es si será una herramienta útil y segura o si terminará consolidando un modelo de vigilancia sin límites en un país donde la transparencia y la protección de datos aún están por construirse.N

(Con información de agencias)