Los datos de Estados Unidos
Uno de los grupos de alto impacto menos estudiado en México y que sigue funcionando bajo un gigantesco manto cómplice es la organización Rojas Romero, con epicentro en Tenancingo (Tlaxcala).
No menos interesante resulta que los golpes que ha recibido no provienen de la justicia mexicana sino de la Unión Americana. En ese tenor, los datos que a continuación se citan no provienen de medios o documentos de México sino de los Departamentos de Justicia y de Estado de los Estados Unidos a los que he tenido acceso.
El 22 de julio de 2008, Consuelo Carreto Valencia se declaró culpable de un cargo de tráfico sexual, liderando una organización que llevaba a mujeres mexicanas a los Estados Unidos, obligándolas a ejercer la prostitución. Carreto Valencia fue extraditada de México a los Estados Unidos en enero de 2007 para ser juzgada.
Carreto Valencia tuvo frente a sí una sentencia sugerida estimada de entre 135 y 168 meses, y una multa de 250 mil dólares, ante el Juez Federal de Distrito Frederic Block en el Tribunal Federal en Brooklyn, N.Y.
Había sido detenida en 2004 junto a sus hijos Gerardo y Josué, por dirigir una gigantesca red de trata en México y Estados Unidos, explotando sexualmente a mujeres de entre 14 y 19 años de edad.
La acusación en su contra fue emprendida por la Fiscal Federal Auxiliar Mónica E. Ryan y la Abogada Litigante Especial Hilary Axam de la Unidad de Enjuiciamiento de Tráfico de Personas de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
La organización Flores Carreto se puede entender como un entramado de familiares y amigos que mantienen en operación al negocio: de acuerdo a los informes estadounidenses, en su momento estuvo incluida hasta la madre de la lideresa.
También aparecían un sobrino de Carreto Valencia, Eliú Carreto Fernández, y su cuñada María de los Ángeles Velásquez Reyes, así como un amigo de sus hijos, Daniel Pérez Alonso, sin omitir a la dueña de un prostíbulo en Queens, Nueva York, Edith Mosquera Flores.
Entre 1991 y 2004, Carreto Valencia dirigió el negocio y colocó a docenas de mujeres en burdeles de toda el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York, incluidos Queens y Brooklyn.
En 2006, Josué Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto y Daniel Pérez Alonso fueron sentenciados a periodos en prisión de 50, 50 y 25 años, respectivamente, después de sus declaraciones de culpabilidad de 2005.
La organización Carreto Valencia solo cambió de mando, ya que ahora a cargo del negocio están los hermanos Rojas Romero, Fredy y Noé, cuya familia dirige el negocio desde Tenancingo, muy cerca de la carretera federal Puebla-Tlaxcala.
Desde el municipio tlaxcalteca referido, su operación incluye Ciudad de México, Irapuato (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Monterrey (Nuevo León), Puebla (Puebla), Martínez de la Torre (Veracruz) y claro está, Estados Unidos.
El modelo Carreto Valencia es repetido puntualmente por los Rojas: los primos y hermanos manejan una estructura piramidal que explota a cientos de mujeres.
En mayo de 2018, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos consolidó un caso en contra de personeros de ambos clanes.
Ahí salieron los nombres de: Efraín Granados Corona, Emilio Rojas Romero, Alan Romero Granados, Pedro Rojas Romero, Raúl Romero Granados, Isaac Lomelí Rivera, Julio Sáinz Flores y Juan Romero Granados.
La formulación de cargos señaló que los acusados son miembros de una organización internacional de tráfico sexual que explotó a mujeres (adultas y menores) en México y los Estados Unidos, al menos desde 2000 a 2016.
Así, Efraín Granados Corona, Emilio Rojas Romero, Alan Romero Granados, Pedro Rojas Romero, Julio Sáinz Flores y Juan Romero Granados fueron arrestados en México y tomados bajo custodia con órdenes de arresto provisionales presentadas por Estados Unidos ante México en agosto de 2016.
Otros fueron extraditados a los Estados Unidos y Julio Sáinz Flores fue presentado en el Tribunal Federal de Manhattan el 9 de junio de 2017, al tiempo que Raúl Romero Granados e Isaac Lomelí Rivera, fueron presentados en dicho tribunal, el 27 de octubre de 2016.
En el caso de Juan Romero Granados, estuvo en prisión en México con procedimientos de extradición pendientes. Con el tiempo se supo que estos grupos funcionan como proveedores de burdeles en Connecticut, Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.
La media de precio por cliente anda en los 30 dólares por 15 minutos de sexo. La mitad del dinero va dirigido al padrote y si no es el caso, el ingreso se lo queda directamente el clan. Parte de esos ingresos son enviados por transferencias a la organización en México.
Un ejemplo vago puede servir para entender el negocio: una sola mujer, en seis horas puede generar 720 dólares; en 5 días; 3 mil 600 dólares; en un mes, 14 mil 400 dólares. Si se convierte a pesos, el ingreso mensual para estos clanes es de 288 mil pesos por mujer. Si los datos de las agencias estadounidenses son correctos en el sentido que estos grupos manejan a 200 mujeres, entonces éstas producen unos 57 millones de pesos al mes.
El impacto del crimen
Los análisis que ha ido haciendo la Unidad contra el Crimen Violento y Organizado de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York permiten suponer que, en por lo menos 16 municipios de Tlaxcala, los dos clanes en comento más centenas de padrotes con epicentro en Tenancingo, extraen mujeres para explotarlas sexualmente en distintas entidades federativas y en los Estados Unidos.
Se sabe que la organización Rojas Romero presiona a sus víctimas para que a su vez, éstas recluten otras mujeres, quienes generalmente son concentradas en Tenancingo, para luego ser distribuidas a entidades como Guanajuato, Nuevo León y Guerrero, en el entendido que tienen la capacidad para tramitar documentos oficiales falsos para las menores de edad.
Si los datos de las autoridades estadounidenses son precisos, la mitad de los padrotes que operan desde Tenancingo lo hacen con apenas dos lenones más y un 20 por ciento de estos personajes, dispone de seis o más lenones de tiempo completo.
No está de más señalar que reporteros e investigadores estadounidenses que se han aventurado a ir hasta el estado de Tlaxcala y de manera cumplida a Tenancingo, han sido abiertamente amenazados al intentar hacer su trabajo.
Lo que viene después de 2025
El asunto va por mucho, más allá de la cifra negra en el delito de trata del estado de Tlaxcala sino en términos de la red de protección que opera en torno a los lenones: en estos tiempos que están moviendo brusquísimamente a las estructuras criminales de todo el país, particularmente por la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, llegan preguntas por responder.
La primera es qué reacomodos se darán en los grupos criminales focalizados a trata, en dos lógicas complementarias: la primera se refiere a si los lenones del estado de Tlaxcala no serán víctimas de cobro de piso por parte de grupos criminales más grandes; la segunda es el obligado reajuste de las rutas de trata en todo el país, conforme avance la guerra en Sinaloa, con todas sus vertebraciones incluidas.
La segunda es el enfoque que el gobierno de los Estados Unidos tendrá sobre el problema de la trata desde México, en el contexto de su cruzada contra el fentanilo y la inminencia del cambio de mando en la Casa Blanca, en donde ninguno de los dos potenciales ganadores tiene una opinión favorable sobre el Estado de Derecho en México.
La tercera es una bomba de relojería: hay testigos colaboradores y protegidos en Estados Unidos que están enterados de cómo se dio el financiamiento por parte de distintos grupos criminales mexicanos en las elecciones que hoy tienen gobernando a por lo menos seis hombres y mujeres en igual número de entidades federativas. De la nada, varios de éstos mandatarios podrían ser detenidos al emplear algún aeropuerto de la Unión Americana.
Es un hecho que la actividad del lenocinio con epicentro en el altiplano genera cientos de millones de pesos y de dólares, dependiendo de los dos mercados nacionales en los que operan no menos de 1 mil lenones, de los cuales unos pocos tienen la capacidad para mover a cientos de mujeres sin mayor dificultad.
Seguramente el mayor error de las autoridades de los tres niveles de gobierno en México ha sido considerar a la actividad de lenocinio incubada en el municipio de Tenancingo, como un problema local y en todo caso, una aberrante actividad comunitaria. Ya quedó claro que en conjunto, los padrotes son en toda regla, delincuencia organizada.
La prospectiva señala que el mapa criminal en México está moviéndose hasta sus cimientos. Y en este momento en que hay diputadas con maridos que chambean como jefes de plaza de cárteles en otra entidad, tarde o temprano se verán las consecuencias de ganar las elecciones al precio que sea, incluyendo pactar con poderes pestilentes.
En el caso que nos ocupa, el asunto va más allá de narcóticos y cobro de piso. Miles de mujeres son tratadas como mercancía frente a un Estado omiso, cuando no cómplice.
