El poder judicial está bajo asedio. Es un síntoma de debilitamiento de los frenos y contrapesos que mantienen sanas a las democracias. Estos ejemplos lo ilustran:
Aung San Suu Kyi, ex-líder de Myanmar, fue detenida por el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021. Se le imputa violar la ley de secretos oficiales, incitar al desorden público y poseer equipos de comunicación ilegales. Suena familiar. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El sufrimiento de los migrantes que transitan México da testimonio palmario. Donald Trump enfrenta varios juicios, pero a nivel federal está siendo juzgado por incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Si por una fea mueca del destino ejerce el poder ejecutivo nuevamente, es plausible que intentará vengarse de fiscales y juzgadores.
Hoy se ha hecho popular intentar reformar el poder judicial desde el ejecutivo, alegando la «defensa de la democracia». Así, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, está acusado de haber recibido sobornos, favores y regalos de empresarios a cambio de beneficios políticos. Previo a las operaciones militares en Gaza, fracasó en su intento de reformar el poder judicial. Por ello, prolongar la crisis desatada por Hamas le beneficia en lo personal. En España, tras las negociaciones que cimientan la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, el Consejo General del Poder Judicial han solicitado que se celebre un pleno extraordinario para abordar la amnistía de los separatistas catalanes. Dicho consejo equipara la amnistía a la «abolición del Estado de Derecho» mientras Sánchez los califica de «conservadores». Curiosa coincidencia.
Entonces el ejecutivo mexicano responde a una inquietante moda actual: la reforma del poder judicial como represalia. En la Ciudad de Dios, San Agustín afirma: Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? (Sin la virtud de la justicia, ¿qué son los reinos sino unas bandas de ladrones?). Esta pregunta debe ser respondida en Myanmar, Venezuela, Estados Unidos, Israel, España y México, entre otras muchas sociedades.
Madison, Hamilton y Jay, padres del constitucionalismo estadounidense, se plantearon claramente el problema de la magna latrocinia. Mediante El Federalista, educaron al ciudadano de a píe para comprender el «Plan de Virginia» es decir el texto básico que sirvió de base para la constitución federal de Estados Unidos. En el ensayo 78 Hamilton afirma «El [poder] judicial… no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee fuerza ni voluntad. Sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos». ¿Cuántas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán oído nombrar siquiera superficialmente a Hamilton? En fin. Nuestro autor elabora en el mismo ensayo «La independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada… Hoy las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serán letra muerta».
El discernimiento implica una forma de pensamiento cuidadoso y reflexivo que lleva a una comprensión en verdad profunda y a la toma de decisiones fundamentadas racionalmente. Los ministros deben discernir sobre la interpretación, caso por caso, del cuerpo de normas federales, desde la constitución federal y los tratados rectificados por México hasta los reglamentos más modestos. Limitar la arbitrariedad todo servidor público debe ser su divisa.
Así, en un entorno de asedio al poder judicial en tantas latitudes, la idea fuerza a destacar es que la vía idónea para defender la democracia es la república. La separación de poderes mantendrá libres a las sociedades que lo entiendan y sanas a sus democracias. N
Mario Vignettes.
Doctor en Derecho Internacional (Cédula 4258715), analista estratégico (EC0329 folio 3728223) y educador. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
