De visita por Aguascalientes, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, inició los trabajos preparatorios para la implementación de la reforma de justicia laboral en la entidad.
Entre otras cosas, la reforma contempla la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje, para que sean tribunales laborales quiénes se encarguen de la impartición de justicia en los conflictos entre trabajadores y patrones, con lo que ahora esta materia corresponderá a los poderes judiciales y no a los gobiernos estatales.
La funcionaria federal, informó en rueda de prensa virtual, que en Aguascalientes la puesta en marcha de la reforma será a partir del 1° de octubre, con el inicio de los centros de conciliación y tribunales laborales.
“Aguascalientes entra dentro de la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, eso significa que, junto con otras 12 entidades federativas, a partir del 1° de octubre de este año va a transitar a un modelo distinto de impartición de justicia y a un modelo distinto en términos de garantizar la democracia y libertad sindical y la negociación colectiva auténtica”.
Con la nueva forma de impartir justicia en el ámbito laboral, se busca reducir los tiempos de resolución, de 6 años a 45 días en la etapa de conciliación, y de hasta seis meses, en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes.
“Vamos a pasar de un modelo que, en promedio tardaba seis años en resolver un conflicto, a resolverlo en 45 días en la etapa de conciliación y máximo seis meses si llega el tema a los tribunales, lo que dará certeza y certidumbre en beneficio de hombres y mujeres que viven de su trabajo y que en determinado momento se pueden enfrentar a un conflicto laboral”.
La reforma también incluye la democracia sindical, con lo que se abre la posibilidad para que los trabajadores elijan de forma libre la agrupación gremial que mejor convenga a sus intereses, buscando erradicar los mecanismos de chantaje y extorsión que están arraigados en algunos sindicatos.
“Buscamos que cualquier trabajador de Aguascalientes que pertenezca a una organización sindical pueda elegir a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto, que tenga la garantía de conocer con transparencia y apertura en qué se gastan las cuotas sindicales y que tengan la certeza de que se pueden llevar a cabo estos procedimientos con transparencia”.
Con estas nuevas acciones, se busca que de forma paulatina se mejoren las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del país.
Jóvenes, los más afectados laboralmente durante la pandemia
En otro tema, Luisa María Alcalde Luján refirió que durante la pandemia del Covid-19, los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad han sido los más afectados en el ámbito laboral, por lo que programas como “Jóvenes construyendo el futuro” buscan darles una oportunidad de incorporarse a alguna actividad productiva y remunerada.
“Creemos que es un programa importantísimo frente a la pandemia, los datos del IMSS nos reflejan que el sector que más se ha visto perjudicado en la pérdida de empleo son aquellos de entre 20 y 30 años de edad, pero no es sólo algo del país sino en el mundo”.
En Aguascalientes hay 3 mil 500 beneficiarios del programa “Jóvenes construyendo el futuro” en el ejercicio del año en curso, aunque ya suman alrededor de 15 mil beneficiarios desde el 2019, cuando se implementó por primera vez en la entidad.
Finalmente, en el tema de la regulación de las empresas subcontratistas –o outsourcing-, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la reforma impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en mesas de trabajo entre legisladores federales, empresarios y agrupaciones sindicales, esperando que en las próximas semanas pueda tener luz verde para pasar a su discusión y votación en el Congreso de la Unión.
“Esperamos que en las próximas semanas ya tengamos resueltos varios temas para que pueda ser discutida y aprobada la regulación la reforma en materia de subcontratación. Se podrá seguir usando este esquema, pero cumpliendo con las obligaciones, no como un esquema de evasión y solamente para aquellas actividades que no resultan esenciales de la actividad económica preponderante de la empresa, no se puede utilizar para evadir responsabilidades, no solo frente a los trabajadores, sino a la hacienda pública y para las empresas que sí cumplen, que se han convertido en una competencia desleal”, puntualizó.
Destacó la necesidad de regular a todas aquellas empresas que por años han evadido impuestos y agravado las condiciones laborales de los trabajadores que se encuentran inscritos bajo este esquema de contratación.
“Hemos venido insistiendo desde tiempo atrás en que el esquema de subcontratación cayó en enormes abusos y necesitamos tener una regulación que permita poner orden.
