La dimisión de Evo Morales, después de tres semanas de protestas contra su reelección y tras perder el apoyo de las fuerzas armadas, deja un vacío de poder en Bolivia, donde no se sabe quién tiene en este momento las riendas del país.
La Constitución establece que la sucesión recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de la Cámara de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.
En ese contexto, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez, reivindicó su derecho a asumir la presidencia de Bolivia.
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“Ocupo la segunda vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones”, afirmó Añez, entrevistada por la televisora privada Unitel.
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Morales dimitió de la presidencia el domingo, presionado por militares, policías y por la oposición, que le exigieron dejar el puesto que ocupaba desde 2006 con el fin de pacificar el país.
“Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, dijo por la televisión desde Cochabamba (centro), mencionando a los líderes opositores que le acusaron de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.
Su salida del poder provocó explosiones de júbilo pero también violencia en La Paz y otros puntos del país.
Morales denunció que había una orden de arresto “ilegal” contra él, una afirmación desmentida poco después por el jefe de la Policía, el general Yuri Vladimir Calderón.
El expresidente, que se recluyó en algún lugar de la zona cocalera de Chapare, su cuna política, en el departamento de Cochabamba (centro) anunció también que “grupos violentos” habían asaltado su domicilio.
No está claro qué destino va a correr el exmandatario. Morales dijo que no abandonaría Bolivia, pero México ya le ofreció asilo, según anunció el canciller Marcelo Ebrard, que indicó que “20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia” se habían refugiado en la embajada mexicana de La Paz.
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El domingo por la noche, la plaza Murillo de La Paz, donde se encuentra el Palacio Quemado, la vieja casa de gobierno se llenó de gente dispuesta a celebrar la renuncia de Morales, presidente de Bolivia durante casi 14 años, un récord nacional de permanencia en el poder.
“Este zonzo, que no sabe pensar, se ha ido por la ventana. Qué bien, estamos felices”, dijo a la AFP la comerciante Reggina Sojas, de 61 años.
Por la noche se registraron actos violentos en La Paz y la vecina ciudad de El Alto, protagonizados por personas que parecían ser seguidores de Morales, que provocaron incendios en autobuses municipales y saqueos en las casas de un líder opositor y de una periodista, según denunciaron los afectados.
El que fue primer presidente indígena de Bolivia, forjado políticamente como sindicalista cocalero, se fue defendiendo su legado que, según él, trajo progreso económico y social a una de las tres naciones más pobres de América Latina.
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“Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales”, dijo en su mensaje de renuncia el mandatario, de 60 años.
Detenciones en el tribunal electoral
Los resultados de una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) difundidos este domingo, que hablaban de “serias irregularidades” en las elecciones, desencadenaron los acontecimientos que llevaron a la renuncia de Morales.
Por la mañana, tras conocerse ese informe, el expresidente ofreció celebrar nuevos comicios, pero no logró aplacar la ira de la oposición.
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Durante la jornada, enfrentó una avalancha de renuncias de altos funcionarios, en algunos casos después de que les quemaran sus casas, y la presión decisiva de los militares y la policía, que acabaron reclamando su dimisión.
“Pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial y permita la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman.
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Tras la renuncia de Morales, la policía detuvo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano por orden de la Fiscalía, que investiga irregularidades cometidas en las elecciones.
