Juan Ontiveros, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo Martínez representan los casos de activistas rarámuri asesinados en Chihuahua, cuyos homicidas fueron detenidos y enfrentan los procesos judiciales.
El lunes pasado, la Fiscalía General del Estado informó que tres días después del arresto a Rosalío Joel M. P. se le formuló la imputación por el delito de homicidio del activista y defensor de los recursos naturales, Juan Ontiveros Ramos, ocurrido el 31 de enero de 2017 en el municipio de Guadalupe y Calvo.
El próximo 16 de abril se llevará a cabo la audiencia a vinculación a proceso, en tanto se le dictó prisión preventiva.
Mientras que en febrero de este año, Romeo Rubio Martínez fue sentenciado a 11 años de cárcel por el crimen del ambientalista, detractor de la tala ilegal en la Sierra Tarahumara y defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro López.
Baldenegro, quien en 2005 obtuvo un premio internacional por su lucha a favor del medio ambiente, fue victimado a balazos el 15 de enero de 2017 en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo.
“Éste es el primer homicidio de un defensor de derechos humanos para el que se emite una sentencia condenatoria en Chihuahua, por lo que el fallo es relevante en el combate a la impunidad, pues es el estado con el mayor número de asesinatos de activistas”, destacó entonces la organización civil Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
En tanto que el 26 de enero pasado, fueron capturados los presuntos asesinos materiales del opositor a los despojos de tierras en las comunidades indígenas y derechohumanista Julián Carrillo.
La Fiscalía informó que José Feliciano R.M. de 29 años y E.C.C. de 17 años son los presuntos responsables de quitarle la vida a Carrillo Martínez, el 24 de octubre de 2018, en el poblado Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo. Ambos fueron vinculados a proceso.
Sin embargo, el hijo de ese activista, Víctor Carrillo Carrillo, fue asesinado en febrero de 2016, mientras a sus sobrinos Guadalupe Carrillo y Alberto Quiñones, y su yerno Francisco Chaparro, los mataron en julio de 2018. Por esos casos, no ha habido detenidos.
De hecho, falta esclarecer un total de 24 crímenes perpetrados en la última década en el estado, lo cual coloca a Chihuahua en una de las regiones más riesgosas para los defensores de causas sociales, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el reporte de la CIDH, titulado “Políticas integrales de protección de personas defensoras de derechos humanos”, que fue presentado en marzo de este año, la mayoría de los casos permanecen impunes y las autoridades sólo han acatado el 30% de sus recomendaciones y medidas.
A su vez, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado en octubre del año pasado, se estableció que las tres entidades más inseguras para los activistas son Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, lo que representa una situación muy preocupante.
Tetrología de la investigación…
El gobernador Javier Corral se congratuló de los arrestos y la sentencia ya dictada para implicados en ataques contra activistas en la entidad, lo cual se debió –según explicó— al método de investigación que aplica la Fiscalía.
“Se cuenta con un modelo llamado la tetrología de la investigación, que permite individualizar de manera pronta, a los presuntos responsables de muchos casos”.
El mandatario estatal expuso que bajo ese esquema, participan agentes del ministerio público, policías investigadores, peritos y analistas.
“Por el hecho de que se haya promovido, ya hay una primera generación en la academia de analistas investigadores, como una nueva carrera en la formación de elementos de procuración de justicia en Chihuahua”.
A decir de Corral Jurado, el equipo de Fiscalía sirve como modelo para otras entidades y ha permitido a la dependencia, por segundo año consecutivo, ser reconocida por el observatorio de especialistas Impunidad Cero, con el primer lugar nacional, por el nivel de vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias obtenidas gracias a sus investigaciones.
Del largo trecho
Entre los casos de mayor impacto social con víctimas dedicadas al activismo social, aparte de los referidos en Guadalupe y Calvo, destaca el caso de siete integrantes de la familia Reyes Salazar, asesinados entre 2008 y 2011 en los municipios de Juárez y Guadalupe Distrito Bravos. Otros 32 parientes huyeron del país y solicitaron asilo político en Estados Unidos.
En marzo de 2008, se cometió el homicidio de Armando Villarreal Martha, líder de Agrodinámica Nacional, en Nuevo Casas Grandes.
En 2009, Jahaziel Orlando Gutiérrez, esposo de Kahoro Flores Valverde, defensora de los derechos humanos, fue asesinado a balazos. El profesor universitario y activista Manuel Arroyo Galván murió baleado dentro de su vehículo ese mismo año.
Benjamín Franklin Lebaron y su cuñado Luis Carlos Withman fueron acribillados, luego de encabezar movimientos sociales contra la violencia. A la maestra rural Flor Alicia Gómez López la mataron en el municipio de Guadalupe y Calvo, en noviembre de 2009.
El líder de vendedores ambulantes y luchador social Géminis Ochoa Castro fue acribillado ese año en Ciudad Juárez. Alicia Salaís Orrantia, integrante de la Asociación Civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, desapareció en noviembre de 2009, luego de testificar sobre el homicidio de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, ocurrido un mes antes, y denunciar el asesinato de su hijo Paz Alberto, todos ellos implicados en actividades de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, el de Marisela Escobedo en 2010, a quien le dispararon a las puertas del Palacio de Gobierno por exigir justicia en el crimen impune de su hija Rubí Marisol, de 16 años, en Ciudad Juárez.
También el de Susana Chávez, violada y asesinada en 2011, en Ciudad Juárez donde ejerció una aguerrida lucha contra los feminicidios y se dice que acuñó la frase: “Ni una muerta más”.
Mientras que en 2012, el líder barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras, fueron ejecutados en la comunidad de Rubio, del municipio de Cuauhtémoc.
Tres años después, fue asesinado Alberto Almeida Fernández, activista de El Barzón en Villa Ahumada.
En junio de 2018, los barzonistas y detractores de los permisos ilegales para extraer agua de pozos, Ramón Hernández Nevárez, de 75 años y su hijo Anselmo Hernández Andujo, de 39 años, fueron emboscados a balazos en la carretera Santa Clara-Flores Magón, del municipio de Namiquipa. Por citar algunos ejemplos.
“En Chihuahua nos falta caminar mucho para garantizar la integridad de defensores de derechos humanos y periodistas”, dijo el mes pasado, Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al recordar los homicidios de la periodista Miroslava Breach y el ambientalista Julián Carrillo, sucedidos el 23 de marzo de 2017 y el 24 de octubre de 2018, respectivamente.
Garance Tardieu Ziolkowski, oficial de programas de Amnistía Internacional, agregó que “falta un interés real en generar una política integral de prevención y protección”.
