*Opinión.

Columna Diario de Campo.

Las distintas etapas o fases por las que ha evolucionado la relación entre el poder político y la sociedad se expresan nítidamente en la tensión entre el secreto y publicidad.

Jaqueline Peschard.

Históricamente, el sistema político de nuestro país ha manejado la secrecía como uno de los mecanismos privilegiados para negociar decisiones. Las élites manejaron siempre dos discursos: el público —optimista, superficial y demagógico— y el privado —realista, astuto y confidencial—. Esa es la política que es característica del autoritarismo antidemocrático, que prevaleció en nuestro país hasta hace casi treinta años. Con la transición democrática mexicana, que representó la incorporación al ámbito público de amplios sectores sociales hasta entonces pasivos, el secretismo fue evidenciando su anacronismo; la ciudadanía participativa se manifiesta cada vez más inconforme con la falta de información, y demanda conocer las entrañas de las instituciones y el uso de sus recursos. Ese cambio actitudinal ha convertido a las democracias en sistemas abiertos, donde la información se considera ya como parte del capital cultural y político del ciudadano.

Fue en Suecia, en 1776, que se aprobó la Ley para la Libertad de Prensa y el Derecho de Acceso a Documentos Públicos, que es considerada el primer producto de un movimiento de presión de la prensa. Esta ley permitió el acceso de los ciudadanos a archivos gubernamentales, lo que iba asociado a la libertad de prensa. Desde entonces el acceso a los fondos documentales públicos se ha considerado un elemento básico para el ejercicio de otros derechos, como el de la libertad de expresión.

Por otra parte, la transparencia en la información pública implica que las decisiones gubernamentales sean accesibles y publicitadas, particularmente en lo referente a los procesos de la toma de acuerdos o determinaciones, los datos o indagaciones que los sustentan, los actores participantes, los recursos y obligaciones involucrados, y el destino de los beneficios o productos de las políticas públicas a las que respondieron originalmente. Los llamados “sujetos obligados” abarcan la totalidad del sector público, incluyendo a los organismos electorales y a los partidos políticos.

De esta forma, los ciudadanos tienen el poder de conocer la mecánica de la toma de decisiones: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes ganan y quienes pierden? Y así poder debatir dichos asuntos. En el estado democrático, la transparencia ―en conjunto con otros mecanismos― implica que la información está disponible no solo para conocer las acciones del gobierno, sino para vigilar y evaluar su desempeño.

La transparencia va de la mano con el acceso a la información y la rendición de cuentas, que son necesarias para la gobernabilidad democrática. En este sentido, la participación ciudadana para la evaluación del desempeño del sector público, es la retroalimentación que obtienen los gobernantes y que podría permitir ajustes oportunos en las políticas públicas. Con estos elementos se configura un canal de comunicación, los gobernantes toman decisiones, pero la ciudadanía gana influencia sobre el desempeño del gobierno. Por ello, a pesar de que ―como producto de diferentes disposiciones legales― la transparencia sea regulada y controlada, sin la participación ciudadana este canal de comunicación queda incompleto.

En México esta evaluación ocurre de dos formas. La primera es el voto; a través de este mecanismo el ciudadano evalúa el desempeño de sus gobernantes, sus representantes y los partidos políticos, a fin de volver a depositar su confianza en los mismos institutos políticos o, si considera que no cumplieron, o cumplieron a medias, entonces el ciudadano tiene la oportunidad de investir de poder y de representación a nuevos actores con diferentes plataformas.

Un segundo momento es la deliberación sobre los intereses públicos, pues el debate franco impide que ciertos individuos o liderazgos acaparen la voz pública. La discusión libre sobre la materia política permite que se incluya a la ciudadanía en general, y que todos puedan ser sujetos activos. A su vez, se establece o se modifica la agenda pública. Cuando el ciudadano accede a la información obtiene el poder de decirle al gobernante cuáles son los temas que considera prioritarios, y si está de acuerdo con las decisiones que se están tomando.

La transparencia y el acceso libre a la información pública aseguran la revitalización y la consolidación de la democracia. Por ello, a pesar de que en algunas instituciones se presenten situaciones de resistencia, es derecho del ciudadano utilizar este canal de comunicación y mejorar los procesos y la toma de decisiones que nos afectan a todos.