El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, confirmó a la magistrada Gabriela Espinosa Castorena como su relevo en el cargo a partir del próximo 24 de julio, luego de que la semana pasada los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado votaran a favor de ella.
“Ella fue electa y entra en funciones a partir del día 24 de julio en la ceremonia en la cual rendirá protesta, que es una sesión solemne a las 12:00 horas”.
Gabriela Espinosa Castorena tomará las riendas del Poder Judicial del Estado para el periodo 2018- 2022.
Es originaria de Aguascalientes, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con estudios de Maestría en Ciencias Jurídico-Penales en la Universidad de Guanajuato y en Derecho Judicial Penal en la Universidad Iberoamericana, campus León.
Su labor en el Poder Judicial del Estado inició en 1990 como secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Penal, Juez Quinto y Sexto Penal, Juez Familiar, consejera de la Judicatura Estatal, magistrada del Tribunal Local Electoral, y desde noviembre de 2005 asumió como magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia, integrando la Sala Penal y estando designada como magistrada especializada en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Entre los principales retos que tendrá la nueva gestión del Poder Judicial del Estado, se encuentran la impartición de justicia en materia laboral y familiar.
“La parte que ha funcionado mucho mejor durante este periodo es el tema penal, ahí no dejaremos prácticamente nada de rezago en lo que ha sido el sistema nuevo pero donde sí creo que tenemos una deuda muy fuerte es en materia de justicia familiar, no porque no atendamos los asuntos sino por el tema de que los juzgados se han visto rebasados”.
En el primer tema, el magistrado presidente lamentó que por falta de voluntad política el Senado de la República congelara la aprobación de las leyes secundarias de la reforma sobre justicia laboral, que contempla la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje y la creación de juzgados laborales dentro de los poderes judiciales de los estados para atender las demandas en la materia.
“El legislador federal decidió aplazar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y eso nos tiene atados a los poderes judiciales de los estados para poder arrancar en este sistema”, aseveró.
Otro de los rezagos que deberá atender la nueva gestión es la justicia en materia familiar, pues anualmente se presentan en los juzgados 17 mil expedientes nuevos de los que se retrasan alrededor del 18%.
“Conseguimos un apoyo extraordinario del gobernador para arrancar un juzgado sexto federal que va a servir como un paliativo para el cierre de año. De las 17 mil demandas nuevas que recibimos en materia familiar en los juzgados se resuelven aproximadamente entre 13 o 14 mil casos, pero los otros casos se van rezagando principalmente por la dinámica familiar”.
En el tema de infraestructura para el Poder Judicial, Juan Manuel Ponce Sánchez, indicó que se tiene prevista la ampliación del complejo de Ciudad Justicia para albergar a los juzgados de los rubros civiles, familiares y mercantiles.
Pide magistrado legislar cláusulas en divorcio “exprés”
A decir de Ponce Sánchez, uno de los temas que ha saturado los juicios familiares son los divorcios, por lo cual el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia hizo un llamado al Congreso del Estado para que se reconsidere modificar la ley en el tema del divorcio encausado o exprés, ya que asegura que se han incrementado las solicitudes durante los últimos años en los juzgados, a fin de que la pareja pueda tener acceso a mecanismos de mediación previo al inicio del trámite.
“Ojalá que sí existiera algún mecanismo, no de carácter legal para poner trabas, pero sí que hubiera la posibilidad de aquéllos que se quisieran divorciar reflexionaran y se les invitara a tomar una charla o una plática para que sirva para mediar sus problemas”, dijo.
Cabe recordar que en julio de 2015 el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la ley para agilizar el trámite de los divorcios bajo el procedimiento encausado, recortando los tiempos de resolución de varios meses a un lapso de 15 días a dos meses.
