De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en 2016, en el estado de Querétaro existían mil 972 reclusos mayores de edad. Más de una cuarta parte de ellos son reincidentes
Si bien esta encuesta rebeló la situación de violencia que existe en los penales, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP), publicó en su informe de supervisión para el estado de Querétaro detalles adicionales sobre la situación carcelaria en el estado.
El informe es el resultado de las 34 visitas que se realizaron en la segunda mitad de 2017 a fiscalías y unidades del ministerio público, centros de reinserción social, el Centro de Internamiento Especializado para Ejecución de Medidas para Adolescentes, entre otros.
El objeto de las visitas es verificar el respeto a los derechos de la población que se encuentra privada de su libertad.
De lo anterior se detectó que existe maltrato, ya que la encuesta a los internos rebeló que son insultados principalmente por los directivos y los custodios.
Asimismo, se detectó que en los Ceresos, los comedores carecen de higiene en la preparación de los alimentos, existe humedad, falta iluminación natural asó como mantenimiento en las celdas y áreas comunes.
Derivado de las malas condiciones de higiene, se detectó la existencia de fauna nociva como piojos, ratas y cucarachas.
El derecho a la alimentación se violenta, ya que las raciones que se preparan son inferiores a las necesarias para alimentar a la población interna.
Sobre el objetivo de los centros de readaptación
El establecimiento de las condiciones necesarias para reinserción social de los exreclusos es un factor que contribuye a lograr que el individuo en cuestión logre vivir dentro del marco legal, una vez cumplida su condena.
En ese sentido, se considera que para lograr tal cometido es necesario ofrecer a la población reclusa una gama de actividades que contribuyen a mejorar su comportamiento y su percepción social como la educación, capacitación para el trabajo, deporte, salud, etc.
De acuerdo con la el MNTP, con gran frecuencia, la población reclusa del estado de Querétaro carece de aulas y bibliotecas; las áreas deportivas son deficientes, mientras que, el personal técnico es insuficiente para atender a la población reclusa.
Los actos de corrupción dejan vulnerable a gran parte de la población interna, entorpece la reinserción social y atenta contra los derechos de los internos. En la ENPOL, se refiere que principalmente, los custodios y médicos son lo promotores de esa práctica.
La ley del más fuerte
El informe reportó que algunos internos tienen llaves de sus celdas, vigilan las áreas en los dormitorios y que, incluso, algunos de ellos son encargados de las llaves, especialmente en los ceresos de Sanjuan de Río y de San José el Alto.
Adicionalmente, los reclusos señalaron que se les cobra por ingresar ropa y calzado, además de que, algunos cuentan con celular.
Por otro ladi, no existe una adecuada clasificación criminológica de los internos, de ahí deriva que no reciban el tratamiento adecuado para la inserción social que cada uno de ellos necesita, y explica en parte que, 28% de los ingresos correspondan a infractores reincidentes.
Existen más elementos que complican la situación de los internos y por consiguiente, representan un obstáculo para el logro de los objetivos que se buscan con la privación de la libertad.
Entre ellos, la falta de actualización del reglamento propicia que a los reclusos se les apliquen sanciones fuera de un marco regulatorio; la insuficiencia de los servicios médicos y del personal de seguridad; así como la falta de programas para prevenir la violencia y las adicciones.
Si bien esta situación se conoce a manera de “secreto a voces”, la consigna por parte de un organismo encargado de hacer valer los derechos de los reclusos y de prevenir la tortura, da sustento y evidencia de la problemática.
Sin embargo, dichas consignas aún son insípidas ya que el MNTP realiza este trabajo desde 2008 y actualmente, no parece ejercer presión sobre las políticas que se deberían instrumentar. Así lo corroboraron los datos de la ENPOL 2016 y lo hallazgos de este informe.
