El patrimonio de los cuatro candidatos a la presidencia de México ha sido uno de los temas centrales en la primera semana de las campañas. De la mano de este llegan las promesas de los aspirantes para combatir la corrupción.
Los cuatro han prometido erradicarla, sin explicaciones claras de cómo lo harían, pero es un tema obligado en la agenda electoral después de los escándalos en los que han estado inmersos más de una veintena de gobernadores.
“Si un candidato va hacer promesas de rendición de cuentas, anticorrupción o transparencia lo mínimo que esperaríamos es que demuestren su compromiso con acciones”, explica en entrevista Alexandra Zapata, directora de educación e innovación cívica del IMCO.
Los candidatos buscan destacar su honestidad y desmarcarse de los políticos corruptos detallando que su patrimonio ha sido construido con su trabajo, legalmente.
Esta semana, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, retó a sus oponentes Andrés Manuel López Obrador (Morena) y Ricardo Anaya (PAN) a debatir sobre su situación patrimonial e inmobiliaria. Ambos aspirantes rechazaron su oferta. Aunque no estuvo incluida, Margarita Zavala, expanista y ahora candidata independiente ha tratado de sumarse a la discusión del tema.
Meade presentó este jueves su declaración 3de3, que incluye su declaración patrimonial, de intereses y fiscal y, sumó cuatro elementos más a lo que llamó una declaración 7de7 y retó a sus rivales a someterse al mismo proceso.
“Todos los candidatos debemos transparentar nuestra situación patrimonial. Con la #7de7 acredito mi modo honesto de vivir, acorde a mis ingresos y esfuerzo profesional #YoSíSoyHonesto”, indicó en la red social, donde también publicó un video.
¿Qué es la 3de3?
Organizaciones sociales impulsaron la creación de la Ley 3de3, para que los funcionarios públicos presentaran su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Esta iniciativa ciudadana se convirtió en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
A partir de 2017, con la entrada en vigor de la ley, casi 3 millones de servidores públicos federales tienen la obligación de presentar sus declaraciones.
Aunque la iniciativa ciudadana logró que los funcionarios estén obligados a presentar estas declaraciones, no fue posible que la legislación en materia electoral tuvieran esa misma obligación para los candidatos, explica Eduardo Bohórquez director de Transparencia Mexicana.
Sin embargo, los candidatos han visto en esta plataforma una forma de enviar un mensaje de transparencia a sus votantes. Meade, el último en presentarlas añadió cuatro elementos más, enfatizando que no tiene “nada que esconder”.
“En muchas ocasiones hemos visto que esta ley genera un costo político. Sirve para abonar a la discusión, pero también para ser un insumo para que los votantes tengan un elemento que les ayude a tomar una decisión”, según Bohórquez.
Por qué es importante seguir el patrimonio de los políticos
En los últimos años tras los casos de corrupción de funcionarios y gobernadores, se ha dado mayor seguimiento al patrimonio de los funcionarios públicos en México.
Uno de los casos más emblemáticos para los mexicanos fue el de la Casa Blanca, una propiedad adquirida por la primera dama Angélica Rivera con un valor de 86 millones de pesos. La residencia, ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de mayor plusvalía, fue construida por el Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, amigo del presidente y ganador en varias licitaciones de obras públicas, que fueron reveladas en una investigación periodística de Aristegui Noticias.
El escándalo llevó al presidente a ordenar una investigación a la Secretaría de la Función Pública para determinar si él o su esposa habían incurrido en conflicto de interés con la compra del inmueble, para ello nombró a Virgilio Andrade, para encabezar la investigación.
Ésta concluyó que no existió conflicto de interés. Pero la denuncia provocó la revocación de la licitación del tren México-Querétaro a una de las empresas de Grupo Higa.
A este escándalo, ocurrido en 2014, al principio del mandato de Peña Nieto, se sumaron los casos de al menos 22 gobernadores del PRI, que según reportes recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han desviado casi 300,000 millones de pesos durante la presente administración.
Entre ellos, destacan Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, actualmente sujetos a proceso por desvío de recursos, además de César Duarte, exgobernador de Chihuahua actualmente prófugo de la justicia. Todos ellos, señalados por tener propiedades de lujo, obras de arte, ranchos y hasta un banco propio.
Estos casos de corrupción son algo que la ley 3de3 busca evitar con el nuevo marco legal.
“Hasta antes de la existencia de la ley 3de3, conocer el patrimonio real de quienes aspiraban a un cargo era prácticamente inexistente. Ahora, por medio de esas declaraciones se puede dar seguimiento a su patrimonio y monitorear su evolución en el tiempo”, dijo Zapata.
A partir de estos casos comenzó a investigarse más ampliamente el conflicto de interés de los funcionarios públicos, un concepto relativamente nuevo en el país. A partir de esta plataforma del IMCO, menciona Zapata, se puede saber si un funcionario está poniendo los intereses de México antes que los propios o los de su familia.
¿Qué pasa si los funcionarios mienten en su 3de3?
La Ley General de Responsabilidades Administrativas aplicada a los funcionarios públicos, tiene consecuencias administrativas para quienes mienten y según sea la omisión pueden ser potencialmente penales.
Durante el seguimiento a las declaraciones de los funcionarios, el IMCO ha corroborado que el rubro fiscal, que simplemente es una constancia que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acreditando que el candidato está al corriente en su pago de impuestos, ha sido la declaración más complicada de entregar.
“Parecería obvio que alguien que aspira a tomar decisiones de cómo se invierten y se gastan los recursos públicos debería ser también un contribuyente y que esté pagando tus impuestos puntualmente”, dijo Zapata.
En los últimos tres años, explica Zapata, hemos visto en muchos casos de funcionarios donde las declaraciones parecieran simulaciones o no confiables. Una cuestión, que desde su perspectiva, resulta fundamental para que las autoridades en la materia puedan corroborar.
“3de3 es una oportunidad para que ellos demuestren a la ciudadanía un ejercicio de transparencia en términos de rendición de cuentas”, añade.
“Si alguien no fue honesto va a tener que seguir explicando esas declaraciones y cómo se generó la evolución de su patrimonio en el tiempo durante el tiempo que esté en funciones”, explicó.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los principales organismos civiles que impulsó la legislación, activó desde este lunes la sección de Elecciones 2018 en la plataforma www.3de3.mx tras el arranque de campañas, con la finalidad de que todo aspirante realice sus declaraciones y cualquier persona pueda verlo. Aunque en términos estrictos de ley, los candidatos no son sujetos de esta obligación.
El próximo primero de julio se presentará una elección sin precedentes en la la historia mexicana donde habrá 3, 406 cargos de elección popular. Actualmente, no existe una forma sencilla de conocer el patrimonio de los aspirante y sobre todo, según Eduardo Bohórquez de conflictos de interés.
Estos son los primeros comicios en los que el electorado podrá tener acceso a un mayor número de información al respecto. “A través de esta herramienta, el ciudadano podrá saber si el candidato que le pide el voto está mintiendo”.
“La preocupación es qué potenciales conflictos de interés vamos a ver en los próximos seis años, con quien está relacionado y como van a decidir una vez electos”, añade
Esta plataforma permite a los votantes ver a los candidatos desde el punto de vista que preocupa a la sociedad.
