Casi a punto de terminar la actual administración estatal de Guanajuato, es contundente la conclusión de que ésta ha fracasado rotundamente en materia de prevención, control y contención de los delitos de alto impacto.

Tan solo en el rubro de homicidios dolosos, durante el presente sexenio se duplicaron las ejecuciones, pues en el muy cuestionable gobierno de Oliva se registraron 2,581; mientras que a diciembre de 2017, se habían cometido 4, 895.

Esa tendencia se comenzó a dar desde el inicio mismo del ejercicio de Miguel Márquez y no se modificó, pues el sexenio que está por concluir arrancó con 212 homicidios violentos, incidencia que se triplicó para 2013; y desencadenó una tendencia al incremento que no revirtió en ninguno de los seis años.

En el mismo periodo, conforme a los datos que nos proporciona el Semáforo Delictivo de Santiago Roel, Guanajuato alcanzó el nada honroso quinto lugar nacional; y de acuerdo al mismo registro, nuestra entidad “conquistó” el segundo lugar nacional en materia de lesiones dolosas.

Por primera ocasión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó de la incidencia relativa a los asesinatos contra mujeres; y resulta que conforme a ese primer reporte, en Guanajuato existe una tasa de 5.2 mujeres por cada 100 mil habitantes; lo cual pudiere traducirse en el hecho de que aquí se comete un feminicidio cada mes; y ello pese a las estrictas restricciones que contiene el Código Penal para la definición de ese delito.

Tan sólo con esos datos, podemos arribar a la conclusión de que el Guanajuato mal dirigido por Miguel Márquez desde el inicio mismo de su gestión ha venido fracasando de manera constante en el área de procurar seguridad pública para la población.

Ahora bien, lejos de reconocer que tanto él como su equipo han resultado un fiasco en la prevención y contención de ese tipo de hechos ilícitos y de buscar la manera de conseguir resultados satisfactorios, el Gobernador Márquez, de manera sistemática ha recurrido al cómodo expediente de la justificación, del traslado de responsabilidades.

Para ello, a lo largo del sexenio ha acudido a una serie de auténticas ocurrencias, más para desviar el escrutinio de la opinión pública y la presión de la oposición y de los medios de comunicación que para resolver de fondo el problema.

Es así, que luego de una intensa campaña de medios, el Ejecutivo estatal consiguió que se reformara el Código Penal de Guanajuato dizque para con ello, reducir la comisión del delito de robo simple y robo con violencia, pero al paso de los meses y los años, la incidencia de ese ilícito, no sólo se mantuvo, sino que se disparó.

Previamente había requerido la presencia de la Gendarmería nacional, lo cual vino a reforzar la percepción ciudadana de que la violencia y la inseguridad se reducen nomás cuando al Estado se le brinda el respaldo de la Federación; y sobre todo, de que el Gobierno local no puede solo.

Durante la quincena pasada, luego de una angustiosa escalada de violencia y a sabiendas de que ESCUDO, el emblemático programa de seguridad de Márquez ha resultado no sólo un fracaso, sino un costoso fiasco, el Gobernador salió con la embajada de que “él ya había hecho lo que le tocaba”.

Pero ante la insistente presión de la ciudadanía, de los partidos de oposición y de los medios de comunicación, paradójicamente echó la culpa a la Federación, pero le pidió a ésta la presencia de la Policía militar; y al arribo de los efectivos de esa corporación, el Gobernador se sacó de la manga una nueva ocurrencia: la aplicación de “cero tolerancia”.

Sólo que ante la falta de claridad con la que se hizo el anuncio, a estas alturas cabe la cuestión de si el Ejecutivo quiso solamente acuñar un eslogan barato, como los relativos a las desgastadas promesas de aplicar la ley o de proceder con mano dura; o si se quiso referir a la estrategia de prevención y contención del delito que resultó exitosa en la Nueva York de los noventas.

Si el señor Márquez Márquez sólo quiso lanzar una especie de mantra o  grito de guerra, su demagogia barata estaría fuera de todo contexto serio; pero si se estaba refiriendo a la estrategia que aplicaron Rudolf Giuliani, alcalde de Nueva York y su entonces Jefe de Policía, Bill Bratton, creo que en esta fase terminal de la administración, resultaría un poco tarde.

La estrategia patentada por Giuliani requiere de una infraestructura compleja para su aplicación, no se reduce sólo a lanzar a los agentes de policía a acosar a los ciudadanos, no siempre ha resultado eficaz; y constituye una amenaza latente contra los derechos humanos, pues en exceso puede criminalizar hasta el aspecto de las personas y convertir en hipótesis de trabajo una simple sospecha.

Ante esa falta de claridad, conviene que el Área de seguridad del Gobierno estatal precise los alcances del anuncio hecho por el señor Márquez; y que en caso de que se llegare a implementar dicho mecanismo, se establezca un compromiso serio para evitar abusos de autoridad.

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