Quraishi vio cómo las mujeres se alejaron caminando y dejaron a sus bebés llorando detrás. Él se preguntó si las familias de las mujeres las habían presionado para renunciar a los niños. “Era una situación horrible”, dice Quraishi, trabajador iraquí de derechos humanos que pidió usar un pseudónimo porque temía por su seguridad. “Incluso si fue su decisión, eso no es fácil”.

El incidente no estuvo aislado. En los meses que han pasado desde que las fuerzas iraquíes expulsaron al Estado Islámico de Mosul, quienes se recuperan del tratamiento brutal del grupo han estado sedientos de venganza. Muchos han roto los lazos con sus familias y acusado a vecinos de crímenes relacionados con el EI. Otros se han convertido en justicieros y han hecho justicia como les place. Previamente este año, trabajadores humanitarios y periodistas descubrieron más de dos docenas de cuerpos flotando en el río Tigris, cerca de Mosul. Los muertos —muchos de ellos atados y vendados de los ojos— eran sospechosos de pertenecer al EI, posiblemente ejecutados por fuerzas afiliadas con el Estado.

Las víctimas del EI tienen buenas razones para estar furiosas. Después de apoderarse de Mosul, en junio de 2014, los milicianos impusieron leyes draconianas —nada de cigarrillos, nada de departir entre hombres y mujeres, nada de música o internet privado— a alrededor de un millón de habitantes de la ciudad. El grupo torturó y ejecutó civiles rutinariamente. Ocupaban casas y se llevaban lo que querían. Entrenaban niños soldados y esclavizaban mujeres y niños. Cuando las fuerzas apoyadas por Estados Unidos empezaron a expulsar a los combatientes de la ciudad en octubre pasado, el EI se dedicó a devastar todo y ejecutó a sospechosos de ser espías y civiles que trataban de huir. Antes de perder Mosul, a principios de julio, los milicianos habían asesinado o herido a más de 8,000 miembros de las fuerzas iraquíes de seguridad.

Hoy a pocos iraquíes parece preocuparles el trato que se da a sospechosos del Estado Islámico y sus familias. Y los abogados defensores evitan a clientes del EI por miedo al ostracismo o represalias. Ese miedo fue amplificado recientemente, reportó Human Rights Watch, después de que autoridades iraquíes emitieron órdenes de arresto contra más de una docena de abogados que defendían a sospechosos. Todos fueron acusados de afiliarse con el grupo.

Las únicas personas dispuestas a defender a los acusados son trabajadores de un puñado de grupos de derechos humanos. Scott Portman es uno de ellos. Es director para Oriente Medio y África del Norte de Heartland Alliance International, una organización sin fines de lucro domiciliada en Estados Unidos que emplea abogados locales y trabajadores sociales en Irak.

Portman dice que los problemas actuales del país por las represalias se remontan a 2015, cuando la coalición encabezada por iraquíes endureció su lucha contra los milicianos. En Tikrit, Ramadi y Faluya, los lugareños reportaron que fuerzas del gobierno y milicias ejecutaban y abusaban de sospechosos del Estado Islámico, incluidos soldados adolescentes e infantiles.

BAJAR LAS BANDERAS NEGRAS: Sospechosos de ser milicianos del
EI, abarrotados en una celda improvisada cerca de Mosul. FOTO: ANDREA
DICENZO/PICTURE-ALLIANCE/DPA/AP

Pero la magnitud de los abusos reportados se multiplicó durante la batalla reciente por Mosul, la ciudad más poblada que el EI controlaba en Irak. Ahora, dice Portman, el grado de ira contra quienes son percibidos como simpatizantes es tan malo como lo era hace una década, durante los años más sangrientos de la guerra de Irak. Las fuerzas de seguridad, que sufrieron tremendas pérdidas contra los milicianos, han metido a cientos de sospechosos del EI —incluidos menores— en fétidas cárceles improvisadas. Han detenido a las esposas y los hijos de los milicianos en campos. En uno, descrito en un informe de la ONU en julio como “por debajo de los estándares humanitarios”, diez personas murieron en ocho días. Las autoridades iraquíes han reunido a por lo menos 1,400 esposas e hijos de sospechosos del EI desde entonces (aunque ninguno ha sido presentado ante un juez). Una razón por la cual supuestamente hacen esto es por miedo a ataques en venganza. “Es difícil controlar el deseo de represalia de la gente —dice Portman— cuando han perdido a tantísimos de sus amigos”.

Ese deseo de venganza dificulta garantizar el debido proceso en las cortes. Incluso los sospechosos con buenos abogados pueden enfrentarse a funcionarios inexpertos, abrumados o vengativos. Quraishi, quien administra talleres de instrucción para jueces y fiscales en nombre de Heartland, dice que algunos son compasivos con los jóvenes combatientes o con personas obligadas a unirse al grupo. Pero otros, como un fiscal que conoció en un taller, no ven diferencias entre un líder del EI y un recluta de 12 años de edad. “Deberíamos quemarlos”, recuerda Quraishi que dijo el hombre.

La cantidad asombrosa de personas que son detenidas hace todavía más difícil la situación. Quraishi dice que las autoridades kurdas e iraquíes han encerrado alrededor de 5,000 menores vinculados con el EI. La aglomeración ha provocado un atraso en las cortes del país; los sospechosos pueden esperar meses ante de ver a un juez. Cuando finalmente lo hacen, el tiempo que el juez pasa revisando sus casos es a menudo breve. La corte de contraterrorismo de Nínive, la cual ha estado operando en una casa abandonada, trataba de hacer avanzar alrededor de 2,000 casos a principios de julio, según un informe próximo de Human Rights Watch. The Daily Telegraph reportó que los 12 jueces en esa corte escuchaban entre 40 y 50 casos al día.

Heartland y otros grupos de derechos humanos han tratado de mitigar estos problemas para los sospechosos del Estado Islámico, algunos de los cuales son arrestados y liberados en una ciudad solo para ser vueltos a arrestar en otra. Los psicólogos y trabajadores sociales reúnen a familiares separados, hallan soluciones para niños huérfanos e investigan reportes de maltrato. Sus equipos legales asesoran a cientos de jueces, fiscales y abogados para que consideren cuidadosamente las circunstancias de cada caso.

“¿Estas personas eran en realidad radicales y criminales? ¿O son personas que fueron obligadas a estar con el EI?”, pregunta Quraishi. “¿Son víctimas juveniles o son asesinos?”

Quraishi teme que maltratar o sentenciar erróneamente a la gente podría tener consecuencias graves. Las mujeres y los niños aislados, como esos niños abandonados en la corte de Nínive, fácilmente podrían convertirse en objetivos de reclutamiento para grupos extremistas. Y poner a menores tras las rejas junto con combatientes yihadistas curtidos, añade, podría crear una nueva generación de asesinos.

“Necesitamos que entiendan que el imperio de la ley considera a todos, las víctimas y los criminales”.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek