El 19 de marzo de 1994, un crimen conmocionó Italia. Fue el del sacerdote Guiseppe Diana, conocido popularmente como Don Peppino, un símbolo de la lucha contra la Camorra, la Mafia napolitana.

En la sacristía de la iglesia de San Nicola de Bari, en la localidad de Casal del Príncipe —una de las zonas de mayor influencia de la Camorra—, el clérigo de 36 años cayó abatido.

Recibió tres disparos cuando se disponía a celebrar misa a primera hora de la mañana. El padre había declarado, una semana previa, ante los magistrados de Nápoles dedicados a investigar las relaciones de la Camorra con políticos y empresarios.

Sin embargo, según fuentes policiales, el móvil del crimen fue la poca solemnidad y la falta de entusiasmo con los que había celebrado los funerales de un tío y un cuñado de Giseppe Quadrano, uno de los principales líderes de la mafia, asesinados por una banda rival.

Por desgracia, esa escena no es lejana a nuestra realidad. En México, los sacerdotes son blanco de extorsiones, atentados, amenazas de muerte e intimidación de parte de grupos del crimen organizado.

El caso más reciente es la desaparición del párroco José López Guillén, de la comunidad de Puruándiro, Michoacán, confirmada a través de un video por Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia.

En él relata que el padre fue sacado de la casa parroquial después de haberle robado varios objetos de su automóvil. “Pedimos a Dios que respeten su integridad, que respeten su vida (…) se trata de un hombre bueno, dedicado a hacer el bien, pacífico, por lo cual no se justifica de ninguna manera esta barbaridad”, agregó el también obispo.

El secuestro de López Guillén ocurrió el lunes 19 de septiembre, el mismo día en que los padres Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez de la Cruz fueron secuestrados y asesinados en Poza Rica, Veracruz.

Un grupo armado ingresó en la iglesia Nuestra Señora de Fátima y privó de la libertad a tres personas: los dos sacerdotes y un sacristán, quien fue localizado a salvo, horas después, por elementos de Protección Civil.

En un paraje ubicado sobre la carretera Papantla-Poza Rica, en el municipio de Papantla, trabajadores de la Fuerza Civil ubicaron más tarde los dos cuerpos que presentaban el tiro de gracia.

Con inusual prontitud, la Fiscalía del Estado informó que había identificado al probable responsable de los asesinatos, apenas diez horas después del reporte del secuestro.

El titular de esa instancia, Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró incluso que los curas conocían a sus victimarios, convivieron con ellos y bebieron juntos.

Indicó que el principal móvil del crimen era el robo y rechazó tajantemente que los homicidios se pudieran atribuir a la delincuencia organizada.

La versión fue rápidamente rechazada. A través de su perfil de Facebook, el Centro Católico Multimedial, dirigido por el padre Omar Sotelo, se preguntó si lo que buscaba el gobierno de Veracruz era deslindarse del caso.

“Me dirijo a usted, fiscal general: ¿Por qué deslindarse del caso? ¿Será que el gobernador (Javier) Duarte quiere dejar el cargo, golpeado y criticado por los altos índices de corrupción y violencia como una pacífica y armónica administración?”, se lee en la publicación.

En el Informativo 40 Noche tuve la oportunidad de conversar con el padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, quien consideró como “una grave irresponsabilidad” que el fiscal veracruzano haya dado a conocer “de manera apresurada” información sobre el asesinato de los dos sacerdotes.

“No puede dar a conocer información de manera tan aventurada, sin antes realizar las investigaciones pertinentes. Ahora resulta que la Fiscalía de Veracruz es la más eficaz del mundo. Pero, ¿qué podemos esperar de esta instancia que responde a los intereses de un gobierno estatal tan cuestionado?”.

El padre Valdemar también dijo que pareciera que la administración de Duarte de Ochoa pretende “deslindarse de los hechos lo más pronto posible” y consideró “irresponsable y vergonzoso” que una vez asesinados físicamente “ahora da la impresión de que el fiscal también los quiere asesinar moralmente”.

La información trascendió nuestras fronteras. Desde El Vaticano, el papa Francisco expresó sus condolencias, dijo que los sacerdotes asesinados fueron víctimas de “una inexcusable violencia” y condenó “todo acto que atente contra la vida y dignidad de las personas”.

En una carta enviada a Trinidad Zapata, obispo de Papantla, el pontífice exhortó al clero mexicano a continuar su misión eclesial a pesar de los obstáculos, en un país que se ha convertido en terreno minado para predicar la fe.

EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA EL SACERDOCIO

El Centro Católico Multimedial ha documentado más de 40 asesinatos de sacerdotes, seminaristas, sacristanes, laicos y periodistas católicos entre 2006 y 2015. Los párrocos representaron casi 80 por ciento de las víctimas. Esto convierte al sacerdocio en una profesión de alto riesgo.

Tan solo en el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra de sacerdotes asesinados asciende a 14, dos desaparecidos, un seminarista muerto y un sacristán. Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Michoacán son los estados más letales.

Sí, Veracruz en primer lugar y con especial énfasis el municipio de Poza Rica donde, hasta hace poco, una célula delictiva vinculada a Los Zetas tenía el control de la zona.

Sin embargo el líder de ese grupo, Cirilo González Pérez, el “Puchini”, fue detenido en octubre de 2015. Fue cuando una fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación llegó para tratar de apoderarse de la región.

Y el analista de seguridad Alejandro Hope detalla que el deterioro de la seguridad en esa entidad se debe a que la Marina se replegó del control que había asumido desde 2011.

Su presencia permitió desarticular varios grupos delictivos, pero esa intervención no se acompañó de la renovación de las instituciones estatales de procuración y administración de justicia.

La corrupción de las policías estatal y municipales hizo que cuando los elementos de la Armada disminuyeron su presencia, los grupos delincuenciales volvieron a asumir el control, lo que generó la actual crisis de seguridad.

Crisis de la que no están exentos los representantes de la Iglesia. La Conferencia de Episcopado Mexicano (CEM) reconoce que muchos ministros de culto trabajan en zonas violentas.

Alfonso Miranda, secretario general del Episcopado, abundó que los sacerdotes también sufren el clima de inseguridad que azota al país, aunque fue claro al exigir el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables.

Incluso, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos mostró preocupación por los asesinatos de ministros de la Iglesia y así lo expresó en el Informe 2015 sobre Libertad Religiosa que anualmente emite la dependencia dirigida por el secretario John Kerry.

En contraste, en el IV Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dentro del ramo de Gobernación se hace énfasis en las “acciones para garantizar a los ciudadanos mexicanos el ejercicio de su libertad de creencia, como parte de la paz social”. Sin embargo, no hace una sola mención a los crímenes perpetrados contra ministros de culto.

Los actores religiosos han sido alcanzados por la cultura de la muerte, como parte de la violencia sistémica y generalizada en el país. No podemos darnos el lujo de que esa violencia, la corrupción y la impunidad impidan la difusión de la palabra de Dios.