Después de la paliza que la ciudadanía —porque fue ella y no el PAN— le asestó a los pésimos gobiernos priistas el pasado 5 de junio, la dulce miel de la victoria ha terminado para los gobernadores electos, y ahora comienzan a paladear el amargo sabor de la angustia por las responsabilidades que habrán de enfrentar.
Por supuesto que los casos más complicados se viven en donde todavía despachan los gobernadores más polémicos de la presente década: Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Sucede que si Javier Corral, Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín pensaban que con la victoria habían enterrado a los Duarte y a Borge, ahora están comprobando un dicho que se utiliza en el terruño de su escribidor: “No se van a dejar vacunar parados”.
Se dice que en política el derecho al pataleo es legítimo, y estos gobernadores salientes están dando muestras de ello.
Cierto que la población los molió a votos, ¡pero ni modo de que con eso se fueran a convertir en honorables estadistas! Van a dar la batalla hasta el último día, pues no sólo es su naturaleza, sino que el instinto de supervivencia los obliga; saben que deben muchas y que buena parte del éxito de sus sucesores pasa por sobre sus propios cadáveres —políticamente hablando—, así que ya no tienen nada que perder, y por eso están jugando sus últimas fichas.
Así, ya vimos a Beto Borge y a Javier Duarte tratar de dar albazos legislativos para nombrar auditores superiores, magistrados y fiscales anticorrupción a modo, para no permitir a Joaquín y a Yunes iniciar una persecución judicial en cuanto asuman el cargo. Cesar Duarte quizá salió más osado —o ajeno a la realidad, ya lo sabremos— al intentar anular la elección en donde triunfo Javier Corral ¡por nueve puntos porcentuales!
Dice el gobernador de Chihuahua, ¡un gobernador priista!, que las urnas estaban embarazadas, y que por eso perdió la contienda. El ¿argumento? es tan increíble que se convierte en simpático, es la visión del mundo al revés.
El punto es que este tipo de políticos a veces son tan suertudos que les salen estás cosas, así que todavía no se le puede perder el respeto a su capacidad de perversión política. Y creo que ese es el grave error que están cometiendo los gobernadores electos, pensar que porque ya ganaron en las urnas, este trío de gobernadores ya han quedado liquidados.
No se me malinterprete. Para nada los estoy defendiendo ni creo que sus acciones poselectorales sean respetables, y menos que tengan algún futuro político exitoso, sólo afirmo que aún no se les puede perder el respeto como operadores políticos en los estados que han gobernado con ilimitado poder por casi seis años.
Como la derrota los deja en la peor condición posible, y como supongo que tendrán bastante temor de que sus sucesores cumplan la promesa de encarcelarlos, creo que son capaces de cualquier cosa, y además poseen un largo y retorcido colmillo, lo que no se puede negar y menos ignorar.
Considero que los panistas triunfadores están luciendo muy cándidos al exigirles que se porten bien, ¿que acaso pensaban que les iban a dejar todo muy ordenado para que pudieran iniciar sus gestiones con dinero en caja, puestos vacantes y excelentes condiciones de gobernabilidad?
Para estos gobernadores salientes, el día 6 de junio comenzó una nueva batalla, quizá la última que librarán como mandatarios de sus entidades; me refiero a esa que consistirá en intentar modificar la verdad jurídica de sus administraciones.
Es cierto que lo ya hecho no se puede revertir, que la ciudadanía los repudia y que por eso los castigó en las urnas; sus excesos son famosos y serán históricos, y quizá sean recordados como los peores gobernadores de su época; y en todos los rincones de sus estados se habla de corrupción y de enriquecimiento inexplicable, la sociedad está cierta en ello y difícilmente cambiará de opinión.
No obstante, todo esto no representa más que la verdad histórica, una verdad que no alcanza para que Corral, Yunes y Joaquín cumplan sus promesas de campaña: llevarlos a juicio.
Nadie irá ante un tribunal si no se logra demostrar jurídicamente la comisión de algún delito. Para efectos judiciales, la verdad histórica no tiene validez, sólo la verdad que obre en expedientes, la demostrable, la verdad jurídica que le escribía. Y por eso la última batalla de Borge y los Duarte, porque esa verdad continuará en sus manos hasta octubre próximo.
Es el reto para los panistas. Ya veremos cómo transitan del discurso incendiario y electoral al ejercicio del gobierno; por el bien de la ciudadanía, ojalá que no hayan pensado que se trata de lo mismo.
Amable lector, recuerde que aquí le proporcionamos una alternativa de análisis, pero extraer el valor agregado le corresponde a usted.
