El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a
ofrecer una disculpa pública a Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena
condenada a prisión por un delito que no cometió.

Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada
ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por
el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación
(AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis
de Amealco, Querétaro.

La única prueba que había contra ella era una fotografía
publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los
participantes en la protesta. En sus declaraciones originales, del 27 de marzo
de 2006, los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones no mencionaron en
ningún momento a Jacinta Francisco Marcial. Fue un mes después, al mostrarles
dicha fotografía, cuando la acusaron de haber tomado parte en el presunto
delito

Jacinta fue liberada tras la decisión de la PGR de no
presentar conclusiones acusatorias en su contra. Sin embargo, la dependencia se
negó a reconocer su inocencia.

Amnistía Internacional, que junto al Centro Prodh ha
acompañado el caso, nombró a la mujer presa de conciencia el pasado 18 de
agosto de 2009 por la condenada a 21 años de prisión que recibió.

La organización dijo que a Jacinta se le negó un juicio
justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena,
pobre y con limitado acceso a la justicia.

Este martes, a una década de su detención, la justicia le
ordenó a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido,
procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no
cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño
ocasionado.

“La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso
formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos
Federales por la vía de responsabilidad administrativa al reconocer la
obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la
libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y
dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta
responsabilidad de los delitos”,explicó Amnistía Internacional.

De esta manera, detalló, en casos similares se puedan
demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.

La organización detalló que esta decisión judicial es
inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado.

En ese sentido, Amnistía y el Centro Prodh exhortaron a qué
través de las instancias competentes, se giren las instrucciones necesarias
para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a
cumplirla.

Las organizaciones recordaron que aún están pendientes de
resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y
Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos
hechos.

Por ello confiaron que tal como sucedió en el caso de Jacinta
Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y
ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de
satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas.