MONTERREY, Nuevo León.- En el funeral de su hijo, Francisca permaneció a un lado de su ataúd. Por un momento cerró los ojos y en la oscuridad lo vio llorar. Se llamaba Jorge, murió junto a 48 reos más en el Penal de Topo Chico.

Francisca describe a Jorge como un alma triste. Durante 29 años sufrió la separación de sus padres, la indiferencia de su papá, pobreza, adicciones, injusticia, desamor y soledad. A los 15 años descubrió los efectos de enervantes como el Resistol 5000 y encontró refugio y aceptación en las pandillas de la colonia.

“Sé que mi hijo no era una perita en dulce, tenía sus vicios, pero nunca lastimó a nadie y era noble. A él y a varios amigos los agarraron por robar”, comenta Francisca. “Para mantener su adicción —agrega— Jorge vendía sus zapatos, su ropa y las pocas cosas que tenía, a veces andaba como indigente en la calle y robaba”.

El delito por el que metieron a Jorge en la prisión fue robo común. Lo sentenciaron a siete años sin derecho a fianza por reincidencia. En octubre de 2016 terminaría su condena y saldría libre, pero el 11 de febrero detonó la riña donde perdió la vida.

Cuando Jorge ingresó en el penal, en 2009, año en que ya se veían los brotes de violencia en Nuevo León, en diversas ocasiones lo golpearon y amedrentaron.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió desde 2011 sobre el autogobierno de los propios internos en el Penal de Topo Chico. La consecuencia fue una situación de ingobernabilidad, extorsiones y corrupción.

A Jorge y más internos con delitos del fuero común les exigían una cuota para no lastimarlos ni asesinarlos aunque, realmente nunca los dejaron en paz. Cada 15 días o a veces cada semana, cuando Francisca visitaba a su hijo le dejaba de 1000 a 2000 pesos. Se lo quitaban todo, a veces no le dejaban ni para comer. En sus visitas siempre lo vigilaban para cerciorarse de que no dijera nada.

Tras cumplir cuatro años en prisión, dejaron de pagar las cuotas porque ya no se las pedían. Pero Francisca piensa que los reos tenían controlado el penal y que obligaban a su hijo a trabajar para ellos.

Jorge se veía con miedo, desesperanza, impotencia y enojo. Su único escape en la prisión era el fútbol, su actividad favorita desde niño. Ansiaba salir libre para ayudar a su mamá a pagar la casa que le traspasaron y vivir una vida digna.

La última vez que Francisca vio a su hijo fue el domingo antes de la riña. Ese día Jorge le contó a su mamá que había conocido a una chica, que era su novia y se la quería presentar. También le dijo que le daría otra buena noticia, pero que debía esperar hasta el siguiente domingo de visita, el Día del Amor y la Amistad.

Ese domingo no llegó. Francisca no conoció el nombre de la chica ni tampoco la buena noticia.

El jueves a las 6 a. m. uno de sus siete hijos le avisó del motín. La mujer agarró su bolsa y, tal como estaba, se dirigió al penal. Horas más tarde, cuando al fin colocaron las listas de fallecidos, vio el nombre de Jorge. No lo podía creer. Con otro de sus hijos se fue a reconocerlo al hospital. Ella no se atrevió a identificarlo, lo hizo su hijo: Jorge tenía una profunda herida en el cuello y diversos golpes en la cabeza.

En el funeral, Francisca pidió que abrieran el ataúd. Abrazó con fuerza a su hijo. Cerró de nuevo los ojos y entonces vio que las lágrimas se esfumaron del rostro de Jorge y, en su lugar, ahora había una leve sonrisa. Parecía que por fin consiguió la paz que él anhelaba.

A raíz de esto, Francisca perdió su trabajo como empleada doméstica; y está por perder su casa, pero lo único que le duele es el haber perdido a su hijo.

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La noche del miércoles 10 de febrero detonó la bomba de tiempo en la que se había convertido el Penal de Topo Chico. De acuerdo con la versión oficial, dos prisioneros se disputaban el control de la cárcel. Sus nombres eran Jesús Iván Hernández Cantú, el Credo,y Juan Pedro Saldívar Farías, el Zeta 27.

Ambos eran parte del mismo grupo delictivo, Los Zetas. El Credo llevaba dos años en el Penal del Topo Chico. Cuando decidieron trasladar a los procesados por delitos federales, solicitó un amparo para quedarse ahí mismo y poder seguir controlando la cárcel. Era cabecilla de Los Zetas y fue aprehendido en noviembre de 2012 en una operación contra miembros de su organización.

El Zeta 27 llegó en noviembre a Nuevo León, luego de ser trasladado de la prisión de alta seguridad en Matamoros, Tamaulipas, porque un juez dictaminó que no era necesaria tanta seguridad para el reo.

En 2012 las autoridades decidieron separar a los integrantes de Los Zetas —los trasladaron al penal de Topo Chico— de los del Cártel del Golfo —los mandaron al de Apodaca.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo en una rueda de prensa que “la mezcla de estos dos delincuentes es lo que hizo esta explosión en el Penal de Topo Chico”, aunado a la corrupción y la sobrepoblación dentro de la prisión, así como la desatención de las autoridades durante años.

El 10 de febrero, alrededor de las 7 a. m., Rodríguez Calderón dio el primer reporte donde informaba la muerte de 52 reos y 12 heridos. Afirmó que quedaba descartada “la existencia de fuga o intento de esta, así como el uso de armas de fuego”. Más tarde, el procurador Roberto Flores rectificó: no fueron 52, sino 49 fallecidos, todos hombres.

En una rueda de prensa que ofreció el procurador el 13 de febrero y que se transmitió en las redes sociales del gobierno del estado, a las 2:39 p. m. una reportera preguntó cuántos fueron heridos de bala, a lo que el procurador contestó: uno. Asimismo, una pareja de vecinos, que prefirieron no dar sus nombres por seguridad, afirman haber escuchado balazos alrededor de la medianoche.

Las equivocaciones en la información, la tardanza en dar respuesta a los familiares desesperados y la rápida contestación a una crítica del reportero Gregorio Martínez, de Televisa, comenzó a llenar de dudas a los votantes del Bronco. ¿Por qué perder tiempo con una crítica de Televisa a través de un video viral en lugar de atender lo importante? Desde su campaña, el Bronco ha utilizado las redes sociales para comunicarse con “la raza”, y esta vez no fue la excepción. Esta vez el resultado no fue el esperado, las críticas le llovieron y en Twitter fueron trending topic los hashtags#InútilComoElBronco y #CandilDeLaCalle.

Jaime Rodríguez ha tenido una mala racha. Días antes del motín de Topo Chico, una investigación del periódico El Norte reveló que el gobierno de Nuevo León compró 200 000 cobijas para los pobres pagando un sobreprecio del 150 por ciento. En cuatro meses que lleva como gobernador, el Bronco ha caído en contradicciones. Desde sus declaraciones de que encarcelaría al exgobernador Rodrigo Medina por fraude, pasando por su dicho de que desaparecería la tenencia y hasta el #Cobijagate, con el que su promesa de un gobierno sin corrupción queda en entredicho.

El motín del Penal de Topo Chico no es único en su tipo. En 2012 se fugaron 37 reos y murieron 44 en el penal de Apodaca, también en Nuevo León. En esa ocasión el entonces gobernador, Rodrigo Medina, tardó más tiempo en dar la información y la situación no fue bien manejada. Además, el Penal de Mina, un proyecto que iba a realizarse durante su administración, nunca fue terminado y se dio como excusa la falta de recursos. Ello cuando Medina gastaba millones en la promoción de su imagen.

Ahora que el actual gobierno ha tomado control de nuevo del penal, algunos reos refieren que la situación es más tranquila, que se han quitado todos los beneficios que recibían los privilegiados como los minisplits,bares, jacuzzis,las camas king sizee, incluso, la red de prostitución y las extorsiones que, según reporta la revista Proceso, ascendía a los 15 millones de pesos mensuales.

Lo malo es que tuvieron que morir 49 personas para que se tomara acción.

En la madrugada, el Penal de Topo Chico comenzó a llenarse de patrullas y de ambulancias. Acudieron miembros del Servicio Médico Forense, familiares de los prisioneros, organizaciones de ayuda y medios de comunicación de todo el mundo. FOTO: CESAR AGUILAR/AFP 

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El Credo estaba en una visita conyugal, la cual el Zeta 27aprovechó para asesinar a los aliados de aquel. Con ayuda de sus cómplices incendió un edificio en el que murieron calcinados cinco reos.

A las 11:30 p. m. se dio el primer reporte del motín a las autoridades; sin embargo, no fue sino hasta la 1:30 de la mañana que elementos de la Marina y la Policía Federal intervinieron. Para entonces ya había 49 muertos entre los que no figuraron ninguno de los dos cabecillas.

En la madrugada, el Penal de Topo Chico comenzó a llenarse de patrullas y de ambulancias. Acudieron miembros del Servicio Médico Forense, familiares de los prisioneros, organizaciones de ayuda y medios de comunicación de todo el mundo. La noticia se difundió en Japón, Europa, Estados Unidos y otras latitudes del planeta.

Sin embargo, nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado. Sólo se enteraban de lo que iban escuchando. Hacia las 7 a. m. supieron que 52 reos habían fallecido. Luego se enteraron de que eran 49, pero que aún no habían sido identificados. Hasta las 11:40 a. m. colocaron las listas de los muertos y heridos afuera de las instalaciones.

Ahí había gente que llevaba seis horas o más esperando alguna noticia. Hacia las 3 p. m. más familiares de las víctimas continuaban llegando para ver las listas. En el área donde los paramédicos de la Cruz Verde atendían a los familiares, María Guadalupe Quintero Reyes lloraba y gritaba con inmenso dolor porque mataron a su hijo, José Guadalupe Ramírez Quintero.

Dijo que José estaba brindando con sus amigos, celebrando que había salido de prisión. Fue aprehendido por unos policías que lo detuvieron y lo volvieron a meter en la cárcel. Este joven cumpliría 27 años en abril próximo.

Fuera del penal se congregaron cientos de personas, la mayoría mujeres, que hicieron fila para poder ver a sus padres, esposos, hijos o hermanos que permanecen en prisión. Muchas no han podido entrar porque prevalece la desorganización: hubo errores con los nombres y la gente sigue en la incertidumbre.

Además, otros internos fueron trasladados a cárceles federales de Chiapas, Chihuahua, Sonora, Durango y Guanajuato. Dulce María Arcos de León no sabe cómo le va a hacer para visitar a su esposo, Erick González, en la cárcel de Chiapas; con lágrimas que surcan sus mejillas dice que su familiar apenas tiene para comer. A su esposo lo metieron injustamente, según Dulce, por estar en el momento y lugar equivocados.

Luego del disturbio, los familiares que no sabían qué había pasado con los internos se quedaron ahí todo el tiempo. Al día siguiente, tras darse a conocer los nombres de los 233 reos trasladados, incluidas las mujeres, la gente montó en cólera. La noche del viernes, un grupo de señoras, niños y jóvenes corrieron a bloquear las calles alrededor de Topo Chico. Los conductores se quedaron pasmados, mientras quienes protestaban continuaban con las consignas “Justicia para los reos”, bloqueando las cuatro arterias que pasan por ahí. En los medios de comunicación no salió nada de eso, pero sí toda una cobertura por la visita del Papa a México.

FOTO: CESAR AGUILAR/AFP

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Topo Chico no es un caso aislado. En Nuevo León, el 20 de mayo de 2011 fueron asesinados 14 reos del área de psiquiatría del Penal de Apodaca. El 13 de octubre de ese mismo año murieron siete prisioneros en una trifulca y 13 resultaron heridos.

El 19 de febrero de 2012 escaparon 37 reos y murieron 44, de nuevo en el penal de Apodaca. Además, luego de la riña del Penal de Topo Chico, el 16 de febrero tuvo lugar una movilización en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El saldo: siete lesionados.

En una entrevista, Martín Sánchez Bocanegra, director de Renace A. B. P., una organización que brinda apoyo jurídico para reos y sus familias, comenta que las cárceles de Nuevo León han estado en el abandono desde hace tres administraciones. Lo cual también ha derivado en un descuido en los indicadores de seguridad. “En el estado estamos 25 por ciento arriba de la capacidad que tiene para los internos”, agrega. Mientras que la capacidad en el penal de Topo Chico es de 2500 prisioneros, hay cerca de 4000.

—¿Cree que hay un consentimiento institucional para que exista el autogobierno en las cárceles?

—Yo no diría que un consentimiento. Lo que veo que sí favorece mucho el autogobierno es que no hay recursos suficientes, ni en infraestructura, ni en personal, ni en capacitación. La tendencia es hacia la corrupción. No es tanto el que las autoridades no lo hagan, sino que lo descuidan, no lo ponen como prioridad dentro de sus administraciones. Con el paso del tiempo se ha hecho muy fácil que un criminal con poder económico maneje lo que pasa dentro del penal.

—¿A qué cree que se debe tanto descuido?

—La misma ciudadanía nunca ha visto bien la inversión en reclusorios en el país. Lo han dejado como una baja prioridad, pensando que por ser personas que han delinquido se merecen estar ahí, que ellos se lo buscaron y que merecen vivir en esas condiciones. Está esa tendencia a criticar, señalar y juzgar a los reclusos. Por lo mismo la autoridad no se siente con la presión ni con la necesidad de poner atención, de cambiar políticas o de hacer inversión. Han sido décadas de abandono, no se ha modernizado nada. Estamos hablando de que esta crisis es en todo el país, pero aquí tuvimos estas crisis de violencia y se han generado muchos conflictos. La crisis carcelaria es inminente, en otros estados están en la misma situación, eso es en general.

—¿Qué tan importante es que tomen cartas en el asunto?

—Es sumamente urgente que se hable ya de atender esta crisis, porque en el año hay sinfín de motines. También hay evidencia de que bajo este descontrol en el interior del reclusorio se genera corrupción, tráfico y delincuencia hacia el exterior de las cárceles. Por donde lo veas, es importante que estas personas tengan un buen programa de reinserción y aspiren a regresar a la sociedad como personas de bien. Además de que hay una constante violación a los derechos humanos.

Después del motín en el penal, la fuerza civil realizó un cateo en las celdas. Se decomisaron cientos de artículos prohibidos para los reos, como electrodomésticos, televisiones y baños sauna. FOTO: CUARTOSCURO

—¿Cree que el estado vaya en camino a la privatización de cárceles?

–Yo creo que no va en camino a la privatización, pero sí al de la inversión privada y, además, al empleo penitenciario. No veo las condiciones para que se pueda lograr esa privatización y que las cárceles sean operadas por empresarios. Creo que la más cercana es la inversión privada.

Hay dos niveles de privatización. Uno tiene que ver cuando las prisiones son cedidas a una empresa para que las construya y las opere, como autoridad penitenciaria; la otra es cuando la iniciativa privada participa en la construcción de cárceles con el propósito del negocio y de la inversión. La segunda es la que en México está más próxima. Pero en la operación no ha habido una tendencia que permanezca.

“Ha habido intentos en algunos estados, es el caso de Sonora y Baja California. Hoy en el país no existen esas propuestas. En Nuevo León sí existe el interés del gobierno y la iniciativa privada de participar en la construcción de cárceles. La iniciativa privada se destaca por buscar la eficiencia en sus funcionamientos, que puedan repercutir en mejores tecnologías, mejor vigilancia, mayor capacitación al personal. Ese sería el supuesto beneficio”.