Jessica Agutu escupe entre la separación de sus incisivos superiores y luego, levanta a su hijo para amamantarlo. “Este bebé sólo me ha traído problemas”, dice.
De unos 35 años, Agutu es una de muchas ugandesas que han parido hijos de soldados del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), grupo guerrillero que muchos comparan con un culto; no sin razón. Dirigido por el asesino en masa y autoproclamado profeta religioso, Joseph Kony, el grupo secuestró y violó a miles de mujeres desde su formación, en 1987, hasta fines de la primera década de este siglo.
Si bien la violencia casi ha terminado, mujeres como Agutu se han convertido en parias. “Después que logré escapar del cautiverio, la comunidad y mi propia familia me rechazaron”, revela, apoyando su diminuto cuerpo contra el tronco de un árbol en su nuevo hogar en un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad de Gulu, en el norte de Uganda. “Me dijeron que mi hijo nació del pecado y que tengo que matarlo”.
Dominic Ongwen, importante comandante LRA convicto por la Corte Penal Internacional (ICC), secuestró a Agutu cuando tenía 12 años. La mujer afirma que es el padre de su hijo mayor, de 14 años, quien vive también en el centro de rehabilitación, donde unas mil mujeres y niños se encuentran aislados de la comunidad y protegidos por fuerzas de seguridad. Agutu dio a luz a otros cuatro niños de distintos combatientes LRA, el menor de 4 años.
Naciones Unidas responsabiliza a LRA de más de 100,000 muertes y de secuestrar entre 60 000 y 100 000 menores, obligando a los niños a convertirse en soldados y forzando a las niñas a ser esclavas sexuales de sus combatientes. Kony, de 54 años, sigue prófugo y según la Iniciativa Resolver la Crisis LRA, sita en Washington D.C., se piensa que el grupo tiene menos de 200 efectivos que operan, sobre todo, en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Estados Unidos ha enviado asesores militares para apoyar a las fuerzas ugandesas en la búsqueda de Kony y ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
En 2006, el gobierno y LRA firmaron un acuerdo para cesar las hostilidades y desde entonces, Uganda ha tenido avances rehabilitando niños soldados y reubicando a muchos de los 2.5 millones de desplazados por el conflicto. A estas alturas, la mayoría de los comandantes más importantes de LRA ha muerto o enfrenta cargos en cortes ugandesas e ICC.
Pero mientras Uganda emerge de sus décadas de horror, algunos de quienes soportaron las peores atrocidades a manos de los caudillos, se encuentran sufriendo las consecuencias del conflicto: niños engendrados por combatientes LRA se han convertido en blanco de represalias. “El hijo de mi amiga fue asesinado a principios de año, porque la gente del pueblo sospechaba que su padre fue Joseph Kony”, dice Agutu. “También tengo que esconder al mío, porque si descubren que si padre es Ongwen, van a matarlo. Dicen que necesitan vengar las atrocidades que sufrieron con LRA”. En la corte ICC de La Haya, Holanda, Ongwen enfrenta 67 cargos que incluyen reclutamiento de niños soldados y retener esclavas sexuales.
Mientras los líderes LRA son llevados ante la justicia, Agutu dice que las autoridades deberían ayudar más a las víctimas. “Nuestros niños son maltratados todos los días en las escuelas y comunidades, por causa de sus padres. Esta conducta tiene que acabar”, insiste. “Todos somos seres humanos y necesitamos que se nos trate con igualdad. El gobierno tiene que protegernos”.
Lydia Nekesa, madre de cinco niños LRA, es una secuestrada cuyo hijo mayor, Erick, fue engendrado por Kony. El chico ha huido a la República Centroafricana. “Me rescataron unos pastores en el bosque”, recuerda y luego mueve una mano, pidiendo a su hija menor que se siente junto a ella. “Cuando llegué a mi aldea, después de tres días de camino con mis hijos, nos atacaron con machetes, obligándonos a regresar al bosque. Un administrador local me ayudó a empezar una nueva vida, pero mi hijo escapó cuando se dio cuenta de que querían matarlo”.
Nekesa, quien ahora es miembro de un grupo que lucha por los derechos de las mujeres secuestradas y sus hijos, es una de muchas gulu que viven en centros de rehabilitación dispersos en la región. En Lango, zona de Gulu donde hubo numerosos secuestros, el anciano de la aldea, Francis Mugoya, dice que muchas mujeres que sufrieron a manos de LRA ocultan la identidad de los padres de sus hijos. “Es un problema tremendo en este lugar”, afirma. “Las comunidades no están dispuestas a aceptar a las mujeres ni a los niños. Pero estamos esforzándonos en cambiar esa actitud hacia personas tan vulnerables”.
No será fácil. Un residente de Lango, quien se negó a identificarse, dijo que los centros de rehabilitación son el mejor lugar para las secuestradas y los niños: “No pueden vivir con nosotros. Podrían matarnos. Tienen la mala sangre que heredaron de los soldados de Kony. Cuando vengan aquí [a esta comunidad], los mataremos antes que ellos nos maten”.
George Labeja, alcalde de Gulu, informa que busca crear una ley que proteja a las mujeres secuestradas y sus hijos nacidos en cautiverio. Dice que los soldados LRA secuestraron hasta 15 000 niñas en más de dos décadas y que alrededor de 5 000 se encuentran en diversos centros de rehabilitación. “Esperamos que la cifra sea mucho más elevada, porque algunas de las víctimas no están dispuestas a revelar su identidad y registrarse”, agrega. “Las pocas que ya se han integrado a sus comunidades, ocultando sus identidades, temen revelar quiénes son y hablar abiertamente, por miedo a que los habitantes puedan rechazarlas si se enteran”.
La cifra también podría aumentar porque más secuestradas siguen escapando del cautiverio, prosigue. “Hasta ahora solo tenemos 5 000 niñas… Esperamos que aparezcan más de 10 000 y se reúnan con nosotros”.
Labeja agrega: “Estas mujeres, y los niños nacidos y criados en cautiverio, siguen luchando por tener una identidad en nuestras comunidades. Y nosotros seguimos buscando la manera de reintegrarlos en estas comunidades”.
Hasta que eso suceda, niños como Sammy Katoo, de 8 años y engendrado por un combatiente LRA, tendrá que seguir soportando prejuicios y amenazas. “Otros niños de la escuela me dicen que mi papá mató a sus padres y quemó sus casas”, dice Katoo, quien vive en el centro de rehabilitación de Gulu. “No entiendo porqué me dicen esas cosas. Me siento muy mal”.
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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek
