El Congreso de Nuevo León aprobó este lunes dos nuevas reformas al Código Penal que permiten a sus habitantes privar de la vida a las personas que intenten hacer un daño personal o afectar a su familia.
Las modificaciones a la ley se concentran en regular la legítima defensa, en el artículo 17, que ahora establece que cualquier persona puede ejercer fuerza letal en contra de quien traspase o pretenda traspasar, sin autorización, la propiedad en la que se encuentren los afectados.
La ley, impulsada principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN), detalla que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será inocente.
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“Se ha hecho un gran avance para que las leyes estén más del lado de los ciudadanos”, dijo al diario Milenio, el legislador local Marcos Mendoza, uno de los principales impulsores de la reforma al Código Penal.
“Igual presunción, salvo prueba en contrario, favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen”, señala el código aprobado.
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La violencia en Nuevo León se ha recrudecido en los últimos meses, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan un aumento considerable en la incidencia de delitos de alto impacto. Por ejemplo, en las cifras de homicidios dolosos pasaron de una tasa de 8.87 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 12.47 en 2016. Los casos de extorsión también aumentaron, igual que los de violación y secuestro.
“Creemos que le vamos a dar más certeza jurídica a aquellas personas que se vieron en la necesidad de defender a su familia. Ojo, en todo momento, en todo caso, habrá una investigación por parte del Ministerio Público y el juez tendrá que ver las pruebas”, explicó Mendoza a Milenio.
