El Régimen de Excepción que suspende los derechos fundamentales de los salvadoreños en el marco de la “guerra” contra las pandillas cumplió tres años y arranca este viernes su cuarto año después de haber sido prorrogado en 36 ocasiones por los diputados.
En el marco de este aniversario, se llevó a cabo en San Salvador una protesta de padres que exigen la liberación de sus hijos “inocentes” y bajo la mirada de la comunidad internacional por mas de 200 presos venezolanos deportados por Estados Unidos.
En respuesta a una escalada pandillera que en un fin de semana dejó 87 muertos, el 27 de marzo de 2022 el presidente Nayib Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que ha permitido miles de detenciones sin orden judicial.
El gobernante proclama que las fuerzas de seguridad le arrebataron a las pandillas el control que ejercían sobre el 80% del territorio y El Salvador pasó a ser el país “más seguro del hemisferio occidental”. Grupos de derechos humanos afirman que esto se logró a costa de las libertades civiles.
Bukele publicó un mensaje en sus redes sociales en torno al tercer aniversario del Régimen de Excepción y dijo que “es importante recordar siempre lo que juntos hemos logrado”. La publicación está acompañada de un video titulado “el país más seguro del continente”.
Hoy se cumple el tercer aniversario del Régimen de Excepción.
Es importante recordar siempre lo que juntos hemos logrado. pic.twitter.com/yBWOhSsqxq
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 28, 2025
“Sin duda que ha disminuido la violencia de las pandillas y la tasa de homicidios (…), pero los salvadoreños no tienen por qué optar entre tener seguridad y tener garantías al debido proceso”, señala a la AFP el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
“La obligación del gobierno es garantizar las dos”, destaca.
La última prórroga fue aprobada por los diputados a principios de marzo y, según el gobierno, ha permitido al país alcanzar “los mejores niveles de seguridad pública” en décadas con cerca de 87.000 personas vinculadas a hechos delictivos capturadas, 4.565 armas de fuego han sido incautadas, así como 1.451 vehículos y 21.630 teléfonos celulares.
Con esta aprobación continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
Bukele dijo en diciembre pasado que “pronto” podrá relajar las duras medidas adoptadas bajo el régimen de excepción.
“Probablemente pronto podamos relajar las medidas (de seguridad), no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar”, dijo Bukele.
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que todavía hay miles de inocentes tras las rejas.
Los homicidios disminuyeron drásticamente en el país, al pasar de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024.
“Reencuentro”
El criminólogo Misael Rivas considera que el régimen de excepción «ha sido una herramienta útil, necesaria, para que la seguridad de la ciudadanía esté garantizada».
Para el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, “el logro más importante” es el “reencuentro familiar”, pues las pandillas imponían fronteras invisibles y no había libre tránsito en los barrios.
Los salvadoreños “no podían visitar a sus familiares y no podían desplazarse libremente, pero hoy […] las familias vuelven a estar unidas”, enfatiza Guzmán.
No obstante, unos 300 padres y madres se manifestaron este jueves en la plaza José Martí de la capital para exigir reencontrarse con sus hijos «inocentes» presos.
“Comercialización”
El símbolo de la lucha antipandillas es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot): una magacárcel construida por Bukele con una inversión de 115 millones de dólares en Tecoluca, 75 km al este de San Salvador.
Con capacidad para 40.000 reos, están recluidos unos 15.000 presuntos pandilleros bajo un duro régimen interno, sin visitas de familiares.
El miércoles, la secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Kristi Noem, visitó el Cecot, donde también están encerrados ahora 238 venezolanos deportados por Estados Unidos, que los acusa -sin aportar pruebas- de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Sus familias y el gobierno de Caracas afirman que eran migrantes.
Tras la visita, Noem escribió en la red X: “VÁYANSE AHORA [de Estados Unidos]. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”.
La Casa Blanca dijo que pagó seis millones de dólares al gobierno salvadoreño para que tenga en prisión a los deportados, en una colaboración inédita entre Bukele y el presidente Donald Trump.
Para la abogada Indrid Escobar, coordinadora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, esto es «la comercialización del régimen de excepción».
“Detenciones arbitrarias”
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y seis oenegés dijeron en un informe que El Salvador ahora tiene “1.824 presos por cada 100.000 habitantes, siendo la tasa más alta a nivel mundial”.
Además, documentaron 6.889 casos de detenciones arbitrarias.
Socorro Jurídico Humanitario reporta las muertes de al menos 380 presos: “Muchos fueron asesinados y otros por falta de tratamiento médico”.
El comisionado Guzmán explica que cuando se tiene “una población de 107.000 seres humanos que están privados de libertad, pues esa es una ciudad, tienen que haber muertos”. “Es un número impresionante (…) muy grande para el país”.
Agrega que en las cárceles hay “un número gigantesco de personas que todos los días comen” y que “también se pueden morir”. Sin embargo, asegura que “homicidios no hay, peleas no hay, motines no hay”.
