Tras 83,900 capturas reportadas oficialmente, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo una prolongación de 30 días más para el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La medida mantiene suspendidos tres derechos constitucionales en cuanto a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
De los 60 diputados que conforman el pleno legislativo, 57 votaron a favor, 2 en abstención y 1 en contra.
Se trata de la prórroga 34 desde 2022, cuando el presidente Nayib Bukele solicitó a los legisladores aprobar la medida tras un alza de homicidios que se registró entre el 25 y 26 de marzo de dicho año, que ascendió a 76 crímenes.
El estado de excepción es identificado por las autoridades como un pilar de los resultados de seguridad en El Salvador que cerró 2024 con 114 homicidios.
A la fecha, el gobierno contabiliza 800 días sin homicidios bajo la gestión de Bukele, que comenzó en 2019, de lo que 669 han sido durante el régimen de excepción.
“Son dos años con 70 días sin homicidios sin homicidios a manos de los terroristas pandilleros”, sostuvo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, durante la aprobación de la prórroga.
Sandra Interiano, diputada oficialista, insistió que la bancada de Nuevas Ideas aprobará “las veces que sea necesario” el régimen de excepción. A esta misma idea se sumó el diputado Reynaldo Cardoza, quien planteó que “ojalá perdure” hasta que sea detenido el “último pandillero”.
La Asamblea Legislativa aprobó este domingo 5 de enero con 57 votos a favor una prolongación de 30 días más para el régimen de excepción, medida vigente desde marzo de 2022.
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Desde que se aprobó, las autoridades afirman haber arrestado a más de 83,900 integrantes de pandillas, entre colaboradores y jefes. También, afirman haber debilitado a dichas estructuras delictivas con la incautación de ilícitos como dinero en efectivo, vehículos, celulares, armas de fuego y otros.
Bajo este período, las autoridades reportan acciones en busca de pandilleros, como patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares.
La semana anterior, el gobierno aceptó estudiar una petición para liberar a 150 detenidos “arbitrariamente” en la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, según informaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con las oenegés Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y MOVIR, hay unos 30 mil inocentes entre esas 83 mil personas detenidas sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.
El Salvador era considerado hasta 2022 el país sin conflicto bélico más violento del mundo y desde entonces redujo a mínimos históricos los homicidios (2,4 por cada 100 mil habitantes en 2023).
Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional denunciaron “detenciones indiscriminadas” y más de 300 muertes bajo custodia estatal.
