La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló nuevos cuestionamientos contra el Régimen de Excepción en El Salvador en un informe de seguimiento de recomendaciones sobre personas privadas de libertad.
El documento se refiere a la situación que sobre el tema se vive en Guatemala, Honduras y El Salvador e identifica las medidas de cumplimiento y los desafíos en la implementación de las recomendaciones dirigidas a estos tres países sobre los derechos de esta población.
Sobre el caso de El Salvador, aborda el cumplimiento de cinco recomendaciones del informe de país de 2019, identificando las medidas de cumplimiento adoptadas desde el año siguiente a la publicación de cada informe.
Una de las principales recomendaciones se refiere a la no utilización de la medida de la privación de libertad como política criminal, situación por la que cuestiona a El Salvador señalando que no ha corregido el camino.
Califica como “un notable retroceso” la falta de cumplimiento de esta recomendación y considera que la información recabada “confirma que, en respuesta a la violencia y la inseguridad, y particularmente, al accionar delictivo de las maras o pandillas, continúa privilegiándose la implementación de medidas legislativas e institucionales que priorizan el encarcelamiento y restringen o limitan las garantías legales de las personas privadas de libertad”.
“En El Salvador, continúa utilizándose la prisión preventiva de manera desmedida”:
Informe de seguimiento de recomendaciones sobre personas privadas de libertad, de la CIDH.
La institución muestra su preocupación por las recientes reformas legales que incrementan las penas como medida de seguridad pública y la prisión con penas de hasta 20 años para menores a partir de los 12 años.
Señala a El Salvador por seguir utilizando las bartolinas policiales como lugares de detención por largo tiempo. Sin embargo, reconoce un esfuerzo por descongestionarlas que se produjo hasta el año 2021, pero la situación siguió luego de la aprobación del régimen de excepción.
La CIDH considera que la situación de que las bartolinas policiales sigan utilizándose como lugares de detención ha empeorado con la extensión de la detención provisional de 72 horas a 15 días, por el régimen de excepción.
Otra de las recomendaciones a las que dicho organismo ha dado seguimiento está relacionada con la situación de visitas familiares y conyugales de los reos.
“Para la comisión, el aislamiento y la incomunicación prolongados a los que se somete a las personas privadas de libertad con la imposición de las medidas descritas representan por sí mismos formas de trato cruel e inhumano, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del respeto debido a la dignidad del ser humano”,
Establece parte del informe.
Para la elaboración del informe, la Comisión asegura que solicitó información a los Estados involucrados, a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos respectivas.
Señala que el documento da cuenta de la información y medidas que todavía son necesarias para avanzar en la implementación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que Honduras, El Salvador y Guatemala enfrentan desafíos comunes para la implementación de recomendaciones internacionales sobre el respeto y garantía de los derechos de la población penitenciaria.
Resumen que dichos desafíos “datan de tiempo atrás y son el resultado de la desatención histórica del problema carcelario por parte de los Estados”.
La CIDH pidió en la primera semana de septiembre al Gobierno la derogación del régimen de excepción y brindar una “reparación integral” a las víctimas de presuntos atropellos cometidos durante su vigencia.
En su informe “El Salvador, estado de excepción y derechos humanos”, pide restablecer los derechos y garantías suspendidos desde marzo de 2022, así como retirar gradualmente las fuerzas militares de tareas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, el gobierno reaccionó al referirse al documento que existe “conflicto de interés” y una “evidente falta de transparencia”.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, pidió a la CIDH revisar “sus procedimientos para recuperar la confianza”, garantizar “imparcialidad”, “rectificar” y “demostrar que es una institución digna de confianza y respeto”.